Auto 425/19
Referencia: Expediente CJU-00038
Conflicto aparente de jurisdicción suscitado por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado sustanciador:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 22 de febrero de 2018 se adelantó la audiencia de formulación de acusación en contra del ex integrante de las FARC-EP Arnoldo Tafur Berrío, por los delitos de homicidio agravado, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Durante esta diligencia, la Fiscalía 11 Especializada de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales solicitó la preclusión de la investigación, en atención a lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016[1].
2. El 1 de marzo de 2018, el Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá decretó la preclusión de la investigación frente a los delitos de daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos[2]. Sin embargo, advirtió que carecía de competencia para decretar la preclusión frente a los delitos de homicidio agravado y terrorismo. Al respecto, señaló:
“[E]ste órgano judicial advierte improcedente la amnistía de iure con respecto en (sic) los delitos cuyo beneficio no opera por ministerio de la ley, ya que la petición de su declaratoria en estos casos debe resolverse en sede natural, es decir, en la Sala de Amnistía e Indulto… y es a la que le corresponde sopesar las exigencias para declarar la conexidad que en este caso se aspira y, eventualmente, decretar la amnistía que, reitero, por no ser delitos enlistados en el artículo 16 no opera por ministerio de la ley”[3].
3. En contra de esta decisión, el ente acusador presentó recurso de apelación, pues consideró que el juzgado era competente para resolver la solicitud de preclusión frente a todos los delitos. En este sentido señaló que interponía el recurso de alzada a fin de que el Tribunal Superior “revoque esta decisión de declaración de incompetencia por parte del Juez 1 Especializado de Bogotá y decida que usted su señoría es competente para resolver esta amnistía de iure respecto de los delitos de homicidio y terrorismo y una vez se decida esa competencia se procedan a estudiar los argumentos de fondo y sustanciales sobre si se trata de delitos conexos al delito político o no”[4].
4.El 8 de marzo de 2018, la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señaló que, en lugar de conceder la apelación, el Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá “debió impartir el trámite previsto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004[5]”. No obstante, manifestó que ello no era óbice para que la Sala se pronunciara respecto del conflicto de competencias, si no fuera porque este se presentó entre 2 autoridades de distintas jurisdicciones, a saber, el Juzgado Penal Especializado de Bogotá y la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP. Por lo anterior, remitió el asunto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de que definiera la competencia[6].
5. Mediante auto del 29 de mayo de 2019[7], la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de resolver el asunto y decidió remitir las diligencias a la Corte Constitucional. Resaltó que una de las partes involucradas en el conflicto era la JEP, razón por la cual, la Corte Constitucional era la autoridad competente para resolverlo, de conformidad con lo previsto por el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2017 y lo decidido en la Sentencia C-674 de 2017.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Mediante la Sentencia C-674 de 2017, entre otros asuntos, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible el artículo transitorio 9 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2007, disposición que establecía que los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP debían ser dirimidos por una sala incidental conformada por 3 magistrados de la Corte Constitucional elegidos por esta y 3 magistrados de las salas o secciones de la JEP no afectadas por el conflicto jurisdiccional.
2. La Sala Plena precisó que la inconstitucionalidad del mencionado precepto no significaba la ausencia de una instancia judicial para resolver sobre dichos conflictos, pues la misma quedaba en cabeza de la Corte Constitucional, conforme con lo previsto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[8]. Por tanto, le corresponde a la Corte Constitucional dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
3. Asimismo, en la sentencia en cita, se señaló que si bien el ejercicio de dicha atribución se había diferido hasta la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial[9], en el caso particular de los conflictos en los que estuviera involucrada la JEP la función de esta Corte tenía aplicación inmediata. Lo anterior, en razón a que la Constitución no había previsto una asignación de competencia específica a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para resolver esta clase de conflictos. Sobre el particular, en la Sentencia C-674 de 2017 se expresó:
“En este orden de ideas, la Corte declarará la inconstitucionalidad del esquema especial de resolución de conflictos de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las otras jurisdicciones, en el entendido de que estas controversias se sujetarán al régimen general establecido en la Constitución y la ley. Así las cosas se declarará la inexequibilidad del artículo transitorio 9º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, de modo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la atribución allí consignada corresponde a la Corte Constitucional, la cual puede ser ejercida a partir de la expedición de esta sentencia. Si bien es cierto que este tribunal ha entendido que, de manera provisional los conflictos de jurisdicción deben ser resueltos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mientras entra en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esta conclusión se aplica respecto de atribuciones que habían sido asignadas por la Constitución Política a dicho organismo, y no, como ocurre en este caso, respecto de potestades que nunca le fueron conferidas”.
4. Las colisiones de competencia son controversias de tipo procesal, en las cuales varios jueces (i) se rehúsan a asumir el conocimiento de un asunto, dada su incompetencia, o (ii) pretenden iniciar el trámite correspondiente, al considerar que tienen plena competencia para ello. En el primer caso, se trata de un conflicto de competencia negativo y en el segundo de carácter positivo[10]. Al respecto, la Corte Constitucional en el Auto 580 de 2018 aclaró que para que exista un conflicto de jurisdicciones, “necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales, de jurisdicciones diferentes, reclaman para sí o niegan [su competencia]”[11]. Esta condición es un presupuesto esencial para activar la competencia de la Corte Constitucional frente a este tipo de asuntos.
5. Por otro lado, resta señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 22 de la Ley 1820 de 2016[12], la Sala de Amnistía e Indulto es la autoridad competente para resolver las solicitudes de amnistía o indulto frente a conductas que no sean objeto de amnistía de iure[13]. Además, según el artículo 45 de la Ley 1922 de 2018[14], cuando la petición de amnistía e indulto se eleva por una de las partes ante la autoridad judicial que está conociendo el proceso penal, dicha autoridad debe dar traslado de la petición a la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP para lo de su competencia, anexando copia del expediente.
III. CASO CONCRETO
1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i) No se configura un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Este tipo de conflictos requiere la efectiva contención de autoridades judiciales de distinta jurisdicción que reclamen para sí o nieguen la competencia frente a determinado asunto. En este caso, el Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá es la única autoridad que se ha pronunciado sobre su incompetencia para conocer la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía General de la Nación frente a los delitos de homicidio agravado y terrorismo, por los cuales está siendo procesado el ex integrante de las FARC-EP Arnoldo Tafur Berrío.
ii) Ante la ausencia de un pronunciamiento de la JEP sobre su incompetencia frente a este proceso, el cual se requeriría para que existiera un conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, se impone la necesidad de proferir una decisión inhibitoria. Tal inhibición garantiza que la Corte se limite a decidir los asuntos que corresponden al ámbito de su competencia.
2. Con base en los anteriores criterios, la Sala Plena se declarará inhibida para pronunciarse sobre el presente asunto y ordenará la remisión del expediente al Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá para lo que corresponda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este auto.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento sobre el inexistente conflicto de competencia entre jurisdicciones, planteado por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo.- REMITIR el expediente CJU-00038 al Juzgado Primero Penal Especializado de Bogotá para lo que corresponda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Esta autoridad judicial deberá comunicar la presente decisión a las partes e intervinientes.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General