Auto 452/19
Referencia: Expediente CJU-00031
Conflicto suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia –Jurisdicción Ordinaria– y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 8 de noviembre de 2018, la Fiscalía presentó escrito de acusación en contra de Rovinson Torres Campos, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Por reparto, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia[1].
2. El 20 de febrero de 2019, se celebró la audiencia de formulación de acusación, en la cual tuvieron lugar los siguientes hechos:
2.1. La defensora del procesado solicitó la remisión del proceso penal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en razón de su competencia prevalente para los hechos cometidos con ocasión del conflicto armado. En tal sentido, manifestó que su representado “suscribió acta de sometimiento desde el 2016 (sic) y ha sido destinatario de los beneficios que consagra esta jurisdicción”[2].
2.2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia negó la solicitud formulada por la apoderada del señor Torres Campos. Fundamentó su decisión en que la suscripción del acta de sometimiento a la JEP por el imputado es insuficiente para que el expediente sea remitido a esa jurisdicción, pues se requiere verificar el cumplimiento de otras condiciones. Sostuvo que, en todo caso, el envío de procesos penales a la JEP debe darse cuando esta instancia así lo solicite[3].
2.3. En razón de lo anterior, la defensa del acusado solicitó “una aclaración” de la providencia anteriormente señalada. En su criterio, en aplicación del artículo 54 de la Ley 906 de 2004[4], la solicitud de remisión del expediente a la JEP debía ser decidida por el superior “jerárquico”, por tratarse de un “conflicto de competencias”[5]. Al respecto, el fallador aclaró que la norma citada por la defensora se refiere a los supuestos en los cuales el juez declara su falta de competencia para tramitar el asunto, supuesto que no ocurre en el asunto de la referencia.
2.4. Ante esta circunstancia, la defensa presentó recurso de apelación contra la decisión de negar la remisión del expediente a la JEP, con base en los mismos argumentos expuestos previamente durante la diligencia.
3. El 6 de marzo de 2019, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia se inhibió de resolver la impugnación presentada por la defensa contra el auto del 20 de febrero de 2019, por el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia denegó la solicitud de enviar el expediente de la referencia a la JEP.
Para sustentar su decisión, esgrimió que, “cuando la definición de competencia involucra un funcionario de otra jurisdicción, concretamente de la especial para la paz, (…) es la Corte Constitucional quien debe resolverla”[6], con fundamento en lo previsto en el artículo 241, numeral 11, de la Constitución.
Por consiguiente, consideró que el recurso propuesto por la defensa era improcedente, en tanto no correspondía al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia pronunciarse sobre el asunto. En tal sentido, remitió la actuación a la Corte Constitucional para que “resuelva la impugnación de competencia formulada por la defensa”[7].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de jurisdicciones en los que esté involucrado algún órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz[8], de conformidad con los artículos 241.11 de la Carta Política[9] y 70 de la Ley 1957 de 2019[10].
Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones
2. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[11].
Sobre el particular, en el Auto 155 de 2019[12], esta Sala precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones, a saber:
(i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[13].
(ii) Presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[14].
(iii) Presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[15].
3. En relación con el primero de los presupuestos enunciados, esta Corte ha sostenido que, cuando no se está ante esa contradicción, es impropio concluir la presencia de un conflicto de jurisdicción o de competencia. Bajo esta línea de razonamiento, la Sala considera que el conflicto de jurisdicción no puede provocarse autónomamente por las partes del respectivo proceso, sino que necesariamente debe comprobarse que dos autoridades judiciales de jurisdicciones diferentes reclaman para sí o niegan ser competentes para asumir el conocimiento del asunto correspondiente[16].
4. Adicionalmente, es preciso resaltar que esta Corporación ha definido que “no habrá lugar a la configuración de conflicto de competencia entre jurisdicciones, si el investigado, o quien ejerce su defensa, no solicitan a las autoridades de la jurisdicción que consideran tiene la competencia para tramitar su asunto, un pronunciamiento en aras de conocer su posición al respecto. En estos casos, resulta obligatorio que sea dicha autoridad la que comunique a quien tramita el proceso las razones planteadas en la solicitud, así como su postura sobre si le asiste o no la competencia”[17].
5. Por último, debe recordarse que los apoderados de las personas sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz, pueden elevar solicitudes ante la misma para que adopte las decisiones que encuentre pertinentes respecto de los asuntos de su competencia[18].
III. CASO CONCRETO
1. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena considera que no se encuentran dados los presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones. En este sentido, el conflicto es inexistente, pues no se acreditó contención alguna entre autoridades judiciales. En efecto, la Corte constata que:
(i) El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, perteneciente a la jurisdicción ordinaria, es la única autoridad que ha conocido del proceso y se ha pronunciado en relación con su competencia en el trámite de la referencia.
(ii) De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la Jurisdicción Especial para la Paz no se ha pronunciado sobre su competencia para conocer acerca del proceso penal con radicado 05686-60-00000-2018-00015-01.
2. En consecuencia, y con el fin de garantizar que “la Corte se limite a decidir los asuntos que corresponden al ámbito de su competencia”[19], esta Corporación se declarará inhibida para pronunciarse sobre el asunto de la referencia y, en este sentido, remitirá el expediente CJU-00031 al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.
Así mismo, se dispondrá la comunicación de la presente decisión al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en tanto dicha autoridad judicial remitió el expediente de la referencia a esta Corporación.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, según lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-00031 al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.
TERCERO. COMUNICAR esta decisión a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en tanto dicha autoridad judicial remitió el expediente de la referencia a esta Corporación.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General