Auto 032/20
Referencia: Expediente ICC-3798
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.
Magistrado sustanciador:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 19 de diciembre de 2019, Oswaldo Azael Martínez Delgado presentó acción de tutela, en nombre propio y de su hija menor de edad, contra el INPEC – Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartago, Valle del Cauca, lugar en el que se encuentra privado de la libertad por el delito de homicidio, al considerar vulnerado su derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella, toda vez que su núcleo familiar reside en el municipio de Sadoná, Nariño. En consecuencia, solicita el traslado al establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto, Nariño[1].
2. El 20 de diciembre de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, instancia judicial a la que fue repartido el conocimiento del asunto, manifestó que salía a vacancia colectiva a partir del 20 de diciembre y se reintegraba hasta el 13 de enero de 2020, fecha para la cual habría transcurrido casi un mes, sin que fuera posible tomar las medidas que requiere el accionante en defensa de su hija.
Aun cuando en el expediente el accionante no solicitó ninguna medida cautelar, el Juez Octavo Administrativo del Circuito de Pasto consideró que lo pertinente era reasignar el asunto en reparto a los despachos judiciales que disfrutan de vacaciones individuales y que tiene a su cargo, en época de vacancia colectiva, el trámite de las tutelas sobre temas de salud[2].
3. El 30 de diciembre de 2019, luego de haberse realizado el reparto ordenado, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto rechazó la decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, al considerar que “no puede un juez o tribunal declararse incompetente para conocer un trámite de tutela si no se verifican las únicas causales establecidas en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, y puesto que la acción fue repartida al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de pasto, ha debido ser ese despacho quien resuelva el asunto, sin ser necesaria la remisión de aquel a éstos juzgados”.
En ese sentido, dicha autoridad judicial precisó que “el argumento para deshacerse del expediente por parte del juzgado remisor, es que existían unas circunstancias que impedían un pronunciamiento en término, atendiendo la urgencia que requiere el accionante en la protección de los derechos de su menor hija… entonces, si ello era así, aun cuando no existiese la solicitud de medida provisional y si ese juzgado determinó que se presentaban tales circunstancia, oficiosamente pudo haber decretado una medida como la referida, pues tal labor no se encuentra restringida de manera alguna en materia de tutela a la pretensión o petición de la parte actora, siendo además un deber de la judicatura proceder a emitir las órdenes correspondientes para salvaguardar los derechos vulnerados o amenazados”[3]. Por consiguiente, señaló que al no existir razones que impidieran al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto asumir el conocimiento de la acción de tutela, propuso un conflicto negativo de competencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[4]. Asimismo, que la competencia de esta corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[5] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y de carácter sumario, que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[6], tal y como lo precisó la Sala Plena en el Auto 550 de 2018.
Cabe resaltar que en el presente asunto las autoridades judiciales en disputa hacen parte de jurisdicciones distintas: la Ordinaria y la de lo Contencioso Administrativo. Es decir, que aun cuando para efectos de la acción de tutela integran la Jurisdicción Constitucional[7] carecen, desde la perspectiva orgánica, de una autoridad designada por la Ley 270 de 1996 que resuelva el presunto conflicto de competencia[8]. En consecuencia, le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional decidir de manera definitiva sobre el particular.
2. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con competencia territorial en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[9]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[10]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[11], en los términos establecidos en la jurisprudencia[12].
III. CASO CONCRETO
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. No se configuró un conflicto negativo de competencias, toda vez que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto basó su decisión en una circunstancia ajena a los factores de asignación de competencia en materia de tutela, como lo es la vacancia judicial colectiva. En ese sentido, el argumento expuesto por dicha autoridad judicial, tal y como lo señaló el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, no justifica su no aceptación para decidir la acción de amparo de la referencia.
ii. La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que, si la acción de tutela interpuesta por Oswaldo Azael Martínez Delgado requería de medidas urgentes para la protección de sus derechos fundamentales y los de su hija menor de edad, debió el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto decretarlas de inmediato o resolver el asunto, en lugar de postergarlas al ordenar nuevamente el reparto del asunto a otro juez.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 20 de diciembre de 2019 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y remitirá el expediente ICC-3798 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Asimismo, se advertirá al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto que en lo sucesivo, se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que le son repartidas, con base en argumentos distintos a los factores de asignación de competencia, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
IV. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 20 de diciembre de 2019 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, dentro de la acción de tutela formulada por Oswaldo Azael Martínez Delgado, en nombre propio y de su hija menor de edad, contra el INPEC – Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartago, Valle del Cauca.
Segundo.- REMITIR el expediente ICC- 3798 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, para que, de manera inmediata tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto que en lo sucesivo, se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que le son repartidas, con base en argumentos distintos a los factores de asignación de competencia, en tanto ello desconoce la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
Cuarto.- Por la Secretaría General de la corporación, COMUNICAR a la parte demandante la decisión adoptada en esta providencia y Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
-Ausente con excusa-
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General