SAN 5555/2021

Fecha: 27-Dic-2021

Roj: SAN 5555/2021 - ECLI:ES:AN:2021:5555
Id Cendoj: 28079230022021100834
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 2
Fecha: 27/12/2021
Nº de Recurso: 1316/2020
Nº de Resolución:
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Ponente: FRANCISCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN
Tipo de Resolución: Sentencia
A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SEGUNDA
Núm. de Recurso: 0001316 /2020
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 09366/2020
Demandante: Aurelio
Procurador: Dª. PAULA DE DIEGO JULIANA
Demandado: MINISTERIO DE INTERIOR
Abogado Del Estado
Ponente IImo. Sr.: D. FRANCISCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN
S E N T E N C I A Nº :
IImo. Sr. Presidente:
D. MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA GARCÍA
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. FRANCISCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN
Dª. CONCEPCIÓN MÓNICA MONTERO ELENA
D. JOSE FELIX MARTIN CORREDERA
D. RAFAEL VILLAFAÑEZ GALLEGO
Madrid, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno.
Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso contencioso-administrativo nº 1316/2020, promovido por la Procuradora Dª. Paula de Diego Juliana, en nombre y representación de Aurelio , nacional de Colombia, contra la Resolución del Ministro del Interior, de 22 de julio de 2020, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por el recurrente. Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de la Resolución del Ministro del Interior, de 22 de julio de 2020, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por el recurrente.
SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso recurso contencioso-administrativo la Procuradora Sra. de Diego Juliana, en nombre y representación del recurrente, mediante escrito presentado dentro del plazo legal y, admitido a trámite, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción. Veriﬁcado, se dio traslado al recurrente para que dedujera la demanda.
TERCERO.- Evacuando el traslado conferido, la Procuradora de la parte actora presentó escrito de demanda el 20 de junio de 2021, en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala que dicte Sentencia por la que, estimando la demanda, se otorgue protección internacional al recurrente, en cualquiera de sus tres grados.
CUARTO.- El Abogado del Estado por escrito que tuvo entrada en la Audiencia Nacional en fecha 1 de julio de 2021, tras alegar cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por conveniente, contestó la demanda, y terminó por suplicar de la Sala que dicte sentencia en cuya virtud desestime el recurso formulado de contrario, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
QUINTO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, y conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día 23 de diciembre de 2021, fecha en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Gerardo Martínez Tristán, quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto del recurso y contenido de la resolución recurrida. Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de la Resolución del Ministro del Interior, de 22 de julio de 2020, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por el recurrente, al no haber quedado suﬁcientemente establecida la existencia de una persecución contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección, conforme a lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951, y no darse ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. La petición de asilo se basa en el temor a la persecución por parte de quienes le extorsionaban para el pago de una deuda que había contraído, al haber perdido su trabajo y no poder satisfacerla. Por eso, ante las amenazas sufridas, decidió venir a España. La resolución deniega la solicitud porque no concurre ninguna de las causas de persecución previstas por la Ley. Analiza la extorsión y llega a la conclusión de que no tiene ninguna otra ﬁnalidad que la meramente económica; tampoco el perﬁl del solicitante permite considerar que haya sido seleccionado por sus condiciones, y, por último, entiende que la Institucionalidad colombiana no permanece pasiva ante este fenómeno delincuencial, sino que realiza grandes esfuerzos para erradicar la extorsión.
SEGUNDO.-Sobre el asilo y la protección subsidiaria denegados. 1.-Tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 28 de junio de 1951 y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967, como en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se conﬁgura el asilo, como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos, por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, etc. El artículo 3 de la Ley 12/2009 deﬁne la condición de refugiado de la siguiente manera:« (...) La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9». Este precepto y el concepto que describe, han de ser examinados de conformidad con la doctrina elaborada por el TJUE, interpretando y aplicando la Directiva 2004/83/CE del Consejo, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida; y por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. En el primero de los ámbitos señalados, la sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2015, C-472/13, contiene aﬁrmaciones esclarecedoras en relación a la regulación del concepto de refugiado y derecho de asilo: « (...) A) En primer lugar, debe recordarse que de los considerandos 3, 16 y 17 de la Directiva 2004/83 se desprende que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la Directiva relativas a los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes". B) "En segundo lugar, cabe recordar que, a tenor del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, el refugiado es, entre otros supuestos, un nacional de un país tercero que se encuentra fuera del país de su nacionalidad «debido a fundados temores a ser perseguido» por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, y no puede o, «a causa de dichos temores», no quiere acogerse a la « protección » de tal país. Así pues, es preciso que, debido a circunstancias existentes en su país de origen, el nacional de que se trate experimente el temor fundado de ser objeto de persecución por uno, al menos, de los cinco motivos enumerados en la Directiva y en la Convención de Ginebra". C) "En tercer lugar, ha de ponerse de maniﬁesto que el artículo 9 de la Directiva 2004/83 deﬁne los elementos que permiten considerar que determinados actos constituyen una persecución en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra. A este respecto, el artículo 9, apartado 1, letra a), de esta Directiva especiﬁca que los actos pertinentes deben ser suﬁcientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos absolutos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del artículo 15, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por otro lado, la letra b) del artículo 9, apartado 1, de la Directiva dispone que una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos humanos, que sea lo suﬁcientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en el artículo 9, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ha de considerarse también una persecución. De estas disposiciones resulta que, para que una violación de los derechos fundamentales constituya una persecución en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, dicha violación debe alcanzar cierta gravedad" (...) ». En reiteradísimas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo, dichos requisito podemos sintetizarlo así: A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable. B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia. C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sean acumulativamente o individualmente considerados. D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe. 2.-Sobre tales premisas, la pretensión actora ha de ser desestimada, por cuanto no concurren los requisitos legales necesarios para reconocer la protección internacional impetrada, en ninguna de sus modalidades. En efecto, como pone de maniﬁesto la Administración en su resolución, la extorsión denunciada sólo tendría motivaciones económicas y encajaría en la llamada delincuencia común, no constando la inhibición de las autoridades colombianas, que realizan un gran esfuerzo para erradicarla. Adicionalmente, cabe signiﬁcar que ni siquiera se identiﬁca de dónde proceden las amenazas, ni quien le extorsionaba. Por tanto, de su relato no se desprende una situación de persecución o de temor a padecerla, en la forma y con el alcance dicho más arriba, en interpretación de la normativa aplicable, Convención de Ginebra y Ley de Asilo. 3.- Y tampoco existe razón para otorgar protección subsidiaria, en los términos del artículo 4 de la Ley 12/2009, en relación con el artículo 10, según el cual constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta ley: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conﬂicto internacional o interno". E interpretando el concepto jurídico de "violencia indiscriminada", que es el que subyace en la petición actora, y siguiendo la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285/12), en supuestos como el presente, hemos rechazado que concurra esta situación en Colombia, dada la información disponible, manejada por la resolución recurrida y por todos los organismos internacionales concernidos en la materia. Y frente a todas estas razones, la demanda nada ha argumentado, guardando el más absoluto silencio sobre todas estas circunstancias, limitándose a aﬁrmar que se dan las condiciones para el reconocimiento del asilo, sin argumento alguno. Se desestima el recurso.
TERCERO.- Costas procesales. En cuanto a las costas dispone el artículo 139.1º LJCA, que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". En el caso que nos ocupa, no apreciando la concurrencia de dudas de hecho ni de derecho en el planteamiento o resolución de la litis, la Sala entiende procedente que se condene al demandante en las costas causadas en este proceso. En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos conﬁere la Constitución Española,
F A L L A M O S
Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora Dª. Paula de Diego Juliana, en nombre y representación de Aurelio , nacional de Colombia, contra la Resolución del Ministro del Interior, de 22 de julio de 2020, por ser ajustada a derecho, imponiendo al recurrente las costas del recurso, por cuantía de 1.000 euros. Líbrese y únase certiﬁcación literal de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias. Luego que sea ﬁrme la presente Sentencia, remítase testimonio de la presente resolución, junto con el expediente administrativo, a su oﬁcina de origen, que deberá de acusar recibo dentro del término de los diez días, conforme previene el artículo 104 de la L.J.C.A., para que la lleve a puro y debido efecto. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación cumpliendo los requisitos establecidos en los art. 86 y siguientes de la Ley de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, debiendo prepararse el recurso ante esta Sección en el plazo de treinta días contados desde el siguiente al de la notiﬁcación, previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso. Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, del Banco de Santander, a la cuenta general nº 2602 y se consignará el número de cuenta- expediente 2602 seguido de ceros y el número y año del procedimiento, especiﬁcando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Gerardo Martínez Tristán, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certiﬁco.