SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)

de 19 de marzo de 2010

Asunto T‑338/07P

Irène Bianchi

contra

Fundación Europea de Formación (ETF)

«Recurso de casación — Función pública — Agentes temporales — Contrato de duración determinada — Decisión por la que se deniega la renovación del contrato — Artículo 47, letrab), delROA»

Objeto:Recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 28 de junio de 2007, Bianchi/ETF (F‑38/06, RecFP pp.I‑A‑1‑183 y II‑A‑1‑1009), en el que se solicita la anulación de dicha sentencia.

Resultado:Se desestima el recurso de casación. La Sra.Irène Bianchi cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Fundación Europea de Formación (ETF) en el presente procedimiento.

Sumario

1.Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal General de la apreciación de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización

(Estatuto del Tribunal de Justicia, anexoI, art.11)

2.Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente

(Art.253CE)

1.En virtud del artículo 11 del anexoI del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación ante el Tribunal General se limitará a las cuestiones de Derecho. El Tribunal de la Función Pública es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de esa determinación se desprenda de los documentos que obran en autos, y para apreciar estos hechos. La apreciación de los hechos no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del juez que conoce del recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de las pruebas que se presentaron ante el Tribunal de la Función Pública.

Además, el juez que conoce del recurso de casación no tiene competencia, en principio, para examinar las pruebas que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para determinar tales hechos. Desde el momento en que dichas pruebas se han obtenido de modo regular y se han observado las normas y los principios generales del Derecho en materia de carga de la prueba y las normas procesales en materia de práctica de la prueba, corresponde únicamente al juez de primera instancia apreciar el valor que debe atribuirse a las pruebas que le han sido presentadas. Esta apreciación no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal General, salvo en el supuesto de desnaturalización de esas pruebas.

Tal desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas.

La facultad de control del Tribunal General sobre la determinación de los hechos efectuada por el Tribunal de la Función Pública se extiende pues, sin ánimo exhaustivo, a la inexactitud material de esa determinación que resulte de los documentos que obran en autos, a la desnaturalización de las pruebas, a la calificación jurídica de éstas y a la cuestión de si se han respetado las normas en materia de carga de la prueba y de práctica de la prueba.

(véanse los apartados 61 a 64, 95 y102)

Referencia:

Tribunal de Justicia, 2 de octubre de 2001, BEI/Hautem (C‑449/99P, Rec. p.I‑6733), apartado 44; Tribunal de Justicia, 5 de junio de 2003, O’Hannrachain/Parlamento (C‑121/01P, Rec. p.I‑5539), apartado 35; Tribunal de Justicia, 27 de abril de 2006, L/Comisión (C‑230/05P, no publicado en la Recopilación), apartados 45 y 46, y jurisprudencia que allí se cita; Tribunal de Justicia, 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión (C‑403/04P y C‑405/04P, Rec. p.I‑729), apartado 39 y jurisprudencia que allí se cita; Tribunal General, 12 de marzo de 2008, Rossi Ferreras/Comisión (T‑107/07P, RecFP pp.I‑B‑1‑5 y II‑B‑1‑31), apartado 30; Tribunal General, 26 de noviembre de 2008, OAMI/López Teruel (T‑284/07P, RecFP pp.I‑B‑1‑69 y II‑B‑1‑447), apartado 47 y jurisprudencia que allí secita

2.El respeto o no del alcance de la obligación de motivación constituye una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal General en el contexto de un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de la Función Pública. A este respecto, por una parte, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias concretas, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que el destinatario pueda tener en recibir explicaciones. Para apreciar si la motivación es suficiente, es preciso situarla en el contexto de hecho y de Derecho en el que se produjo la adopción del acto impugnado. Por otra parte, una decisión debe considerarse suficientemente motivada desde el momento en que haya sido adoptada en un contexto conocido por el agente afectado, que le permita comprender el alcance de la medida adoptada con respecto aél.

(véanse los apartados 74 y75)

Referencia:

Tribunal de Justicia, 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02P, C‑202/02P, C‑205/02P a C‑208/02P y C‑213/02P, Rec. p.I‑5425), apartado 453; Tribunal de Justicia, 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión (C‑17/07P, no publicada en la Recopilación), apartados 50 a 52; Tribunal de Justicia, 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06P, Rec. p.I‑4951), apartado 30; Tribunal General, 7 de febrero de 2007, Caló/Comisión (T‑118/04 y T‑134/04, RecFP pp.I‑A‑2‑37 y II‑A‑2‑37), apartados 127 y 128; Tribunal General, 4 de julio de 2007, Lopparelli/Comisión (T‑502/04, RecFP pp.I‑A‑2‑145 y II‑A‑2‑995), apartado 75 y jurisprudencia que allí secita