Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 7 de marzo de 2013—
Efir

(Asunto C‑19/12)

«Impuesto sobre el valor añadido— Directiva 2006/112/CE— Artículos 62, 63, 65, 73 y 80— Constitución de un derecho de superficie por personas físicas a favor de una sociedad como contraprestación de servicios de construcción prestados por esta sociedad a dichas personas físicas— Contrato de trueque— IVA sobre los servicios de construcción— Devengo— Exigibilidad— Inclusión en el concepto de hecho imponible tanto de las operaciones imponibles como de las operaciones exentas— Pago anticipado de la totalidad de la contraprestación— Pago a cuenta— Base imponible de una operación en caso de que la contraprestación consista en bienes o servicios— Efecto directo»

1.Cuestiones prejudiciales— Competencia del Tribunal de Justicia— Identificación de los elementos pertinentes del Derecho de la Unión— Reformulación de las cuestiones (Art.267TFUE) (véanse los apartados 26 y27)

2.Armonización de las legislaciones fiscales— Sistema común del impuesto sobre el valor añadido— Devengo y exigibilidad del impuesto— Entregas de bienes y prestaciones de servicios— Constitución de un derecho de superficie para la construcción de un edificio como contraprestación de servicios de construcción de inmuebles que deben formar parte de dicho edificio— Exigibilidad del impuesto sobre esos servicios de construcción desde la constitución del derecho de superficie— Procedencia— Requisitos— Comprobación que incumbe al órgano jurisdiccional nacional (Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts.63 y65) (véanse el apartado 40 y el punto 1 delfallo)

3.Armonización de las legislaciones fiscales— Sistema común del impuesto sobre el valor añadido— Base imponible— Entregas de bienes y prestaciones de servicios— Operación entre personas vinculadas— Facultad de los Estados miembros para tener en cuenta, como base de imposición, el valor normal de la operación— Contraprestación de una operación entre personas no vinculadas consistente en su totalidad en bienes o servicios— Normativa nacional que establece como base de imposición el valor normal de los bienes o servicios prestados— Improcedencia (Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts.73 y 80) (véanse el apartado46 y el punto 1 delfallo)

4.Armonización de las legislaciones fiscales— Sistema común del impuesto sobre el valor añadido— Devengo y exigibilidad del impuesto— Base imponible— Entregas de bienes y prestaciones de servicios— Artículos63, 65 y 73 de la Directiva2006/112/CE— Efecto directo (Directiva 2006/112/CE del Consejo, arts.63, 65 y 73) (véanse el apartado49 y el punto 2 delfallo)

Objeto

Petición de decisión prejudicial— Varhoven Administrativen Sad— Interpretación del artículo 62, números 1 y 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L347, p.1)— Devengo— Normativa nacional que prevé la aplicación del concepto de devengo tanto a las operaciones imponibles como a las operaciones exentas— Constitución por personas físicas de un derecho de superficie en beneficio de una sociedad a cambio de servicios de construcción por dicha sociedad a favor de las referidas personas físicas.

Fallo

Los artículos 63 y 65 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, cuando se constituyen derechos de superficie en beneficio de una sociedad para la construcción de edificios como contraprestación por servicios de construcción de determinados bienes inmuebles que la referida sociedad se obliga a entregar llave en mano a las personas que constituyeron los referidos derechos de superficie, los citados artículos no se oponen a que el impuesto sobre el valor añadido sobre dichos servicios de construcción se devengue en el momento en que se constituyan los derechos de superficie, es decir, antes de que se presten dichos servicios, de modo que, en el momento de constitución de dichos derechos, todos los elementos pertinentes de esas futuras prestaciones de servicios ya sean conocidos, de modo que, en particular, los servicios de que se trata están designados con precisión y el valor de dichos derechos puede expresarse en dinero, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

En circunstancias como las del caso de autos, en las que las operaciones no se realizan entre las partes vinculadas en el sentido del artículo 80 de la Directiva 2006/112, lo que incumbe comprobar, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente, los artículos 73 y 80 de dicha Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la que, cuando la contraprestación de una operación está constituida íntegramente por bienes o servicios, la base imposible de la operación es el valor normal de los bienes o servicios prestados.

Los artículos 63, 65 y 73 de la Directiva 2006/112 tienen efecto directo.