AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 25 de febrero de 2014

Asunto F‑118/11

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Función pública— Funcionarios— Decisión de la AFPN de jubilar a un funcionario y conceder una prestación por invalidez— Decisión que no se pronuncia acerca del origen profesional de la enfermedad que ha justificado la jubilación— Obligación de que la AFPN reconozca el origen profesional de la enfermedad— Artículo 78, párrafo quinto, del Estatuto— Necesidad de convocar una nueva comisión de invalidez— Pertinencia de una decisión anterior adoptada en aplicación del artículo 73 del Estatuto— Artículo 76 del Reglamento de Procedimiento— Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»

Objeto:Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106bis, mediante el cual el Sr.Marcuccio solicita, en particular, la anulación de la decisión tácita de la Comisión Europea de desestimar su solicitud de que ésta adopte una decisión que reconozca el origen profesional de la enfermedad que ha llevado a la citada institución a jubilar al demandante por invalidez, así como la concesión de varias indemnizaciones relativas a los perjuicios sufridos y que continúa sufriendo por la omisión ilegal de la Comisión, desde el 30 de mayo de 2005, al no adoptar una decisión que reconozca el origen profesional de la citada enfermedad.

Resultado:Se declara el recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado. Cada parte cargará con sus propias costas.

Sumario

1.Procedimiento judicial— Presentación del escrito de contestación a la demanda— Plazo— Reanudación de un procedimiento suspendido— Inicio del cómputo

(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, arts.39, aps.1 y 3, 100, ap.3, y 116; Estatuto de los Funcionarios, arts.91, ap.4, y 90,ap.2)

2.Recursos de funcionarios— Recurso que tiene por objeto la no adopción de una decisión por parte de la administración— Motivos que tienen por objeto la anulación de la denegación y la constatación de una omisión— Único cauce procesal

(Arts.263TFUE, párr.4, y 265TFUE, párr.3; Estatuto de los Funcionarios, art.90, aps.1y2)

3.Funcionarios— Pensiones— Pensión de invalidez— Determinación del origen profesional de la enfermedad— Competencia de la comisión de invalidez

(Estatuto de los Funcionarios, arts.11, 73y78; anexoVIII, art.13)

4.Funcionarios— Decisión lesiva— Obligación de motivación— Alcance— Motivación insuficiente— Subsanación durante el procedimiento contencioso— Requisitos

(Art.296TFUE, párr.2; Estatuto de los Funcionarios, art.25)

5.Funcionarios— Pensiones— Pensión de invalidez— Determinación del origen profesional de la enfermedad— Apertura del procedimiento tras la interposición del recurso— Consecuencias

(Estatuto de los Funcionarios, arts.73 y78)

1.En un asunto suspendido en aplicación del artículo 91, apartado 4, del Estatuto, una decisión implícita de desestimar una reclamación implica el fin de la suspensión del procedimiento y la parte demandada dispone, en aplicación del artículo 39, apartado 1, y del artículo 100, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, de un plazo de dos meses a contar desde el fin de la suspensión, al que se añade el plazo único de diez días, para presentar un escrito de contestación a la demanda. Como dichos plazos son de orden público y, en consecuencia, no están a la disposición de las partes ni del Tribunal de la Función Pública, la reanudación del procedimiento en dichas circunstancias y el cómputo del plazo en cuestión no dependen de una información que deba proporcionar formalmente el Tribunal de la Función Pública.

De ese modo, un escrito de la parte demandada, que debe considerarse un escrito de contestación a la demanda, presentado dentro de plazo, y en el que se solicita al Tribunal de la Función Pública que dicte el sobreseimiento, acarrea la desestimación de la solicitud del demandante de que se estimen sus pretensiones mediante un acto dictado por silencio administrativo, en aplicación del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento.

(véanse los apartados 35 a38)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 14 de noviembre de 2006, Villa y otros/Parlamento, F‑4/06, apartados 24 y 26, y jurisprudencia citada; 23 de abril de 2008, Pickering/Comisión, F‑103/05, apartados 49 y 51; 7 de julio de 2011, Pirri/Comisión, F‑21/11, apartado14

2.Unas pretensiones de anulación relacionadas, respectivamente, con el artículo 90, apartado 1, del Estatuto, y el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, pueden confundirse ampliamente al igual que, en el contencioso de la legalidad de los actos de la Unión Europea, un recurso dirigido a obtener la anulación de un acto por el que se deniega la adopción de una decisión sobre la base del artículo 263TFUE, párrafo cuarto, y un recurso dirigido a impugnar la constatación de la omisión ilegal de una institución al no adoptar dicha decisión sobre la base del artículo 265TFUE, párrafo tercero, disposiciones que constituyen ambas un único cauce procesal.

(véase el apartado52)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 18 de noviembre de 1970, Chevalley/Comisión, 15/70, apartado6

3.En el procedimiento de jubilación por invalidez de un funcionario, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede adoptar una decisión que reconozca el origen profesional de una enfermedad que ha justificado una jubilación por invalidez sin disponer para ello del informe de la comisión de invalidez constituida a tal efecto y a cuya constitución el funcionario debe aportar su concurso por lo que respecta tanto al nombramiento de uno de los médicos que componen dicha comisión como a la aportación de la totalidad de los elementos que pueden ser útiles para que aquélla formule apreciaciones médicas inherentes a sus trabajos.

También incumbe al funcionario solicitar acogerse al artículo 78, párrafo quinto, del Estatuto, y cuando se presenta una solicitud de ese tipo para que se reconozca el origen profesional de la enfermedad, corresponde en principio a la institución de que se trata iniciar el procedimiento de reconocimiento del origen profesional. No obstante, la institución no puede reconocer inmediatamente, sin formalidad alguna, el origen profesional de la enfermedad invocada sin volver a consultar a la comisión de invalidez.

Además, habida cuenta del hecho de que los procedimientos con arreglo a los artículos 73 y 78 pueden conducir legítimamente a resultados médicos divergentes respecto a la misma situación de hecho, y en particular por lo que respecta al origen profesional de la enfermedad que afecta al mismo funcionario, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos tampoco puede basarse en las conclusiones que reconocen una enfermedad profesional en virtud del artículo 73 del Estatuto, para estimar inmediatamente una solicitud dirigida al reconocimiento, en el sentido del artículo 78, párrafo quinto, del Estatuto, de que la enfermedad que ha justificado la jubilación del interesado por invalidez es también una enfermedad de origen profesional.

Por último, no corresponde el juez de la Unión reemplazar a la institución de que se trata o a la comisión de invalidez para determinar por sí mismo, a falta de cualquier procedimiento iniciado para el reconocimiento del origen profesional, si la enfermedad que ha justificado la decisión de jubilación es de origen profesional.

(véanse los apartados 58 a 63, 66 y68)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 12 de enero de 1983, K/Consejo, 257/81, apartados 11, 12, 14, 15 y20

Tribunal de Primera Instancia: 27 de febrero de 1992, Plug/Comisión, T‑165/89, apartado 67; 14 de mayo de 1998, Lucaccioni/Comisión, T‑165/95, apartado 149; 1 de julio de 2008, Comisión/D., T‑262/06P, apartado70

Tribunal de la Función Pública: 22 de mayo de 2007, López Teruel/OAMI, F‑97/06, apartados 48 y 68; 1 de febrero de 2008, Labate/Comisión, F‑77/07, apartado 12; 30 de junio de 2011, Marcuccio/Comisión, F‑14/10, apartado 60; 6 de noviembre de 2012, Marcuccio/Comisión, F‑41/06RENV, apartados 98 y99

4.El alcance de la obligación de motivación debe apreciarse, en cada caso, en función de las circunstancias concretas. Una decisión está suficientemente motivada cuando tiene lugar en un contexto conocido por el funcionario interesado que le permita comprender el alcance de la medida adoptada respectoaél.

En caso de motivación insuficiente, la motivación presentada durante el procedimiento puede, en casos excepcionales, dejar sin objeto un motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

En una situación de ese tipo, la administración puede dar durante la instancia una motivación adicional suficiente para su resolución denegatoria implícita, en particular cuando la decisión debe analizarse como una decisión desestimatoria «en el estado», a saber, en el estado del procedimiento de reconocimiento del origen profesional de la enfermedad del demandante tramitado con arreglo al artículo 78 del Estatuto y, en cuanto tal, sin prejuzgar en modo alguno la decisión que se adoptará al finalizar el citado procedimiento.

(véanse los apartados 71 a 73 y78)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, apartado 22; 27 de marzo de 1985, Kypreos/Consejo, 12/84, apartado 8; 8 de marzo de 1988, Sergio y otros/Comisión, 64/86, 71/86 a 73/86 y 78/86, apartado 52; 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07P, apartados 50y51

Tribunal de Primera Instancia: 20 de marzo de 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Comisión, T‑1/90, apartado 73; 6 de julio de 1995, Ojha/Comisión, T‑36/93, apartado 60; 12 de diciembre de 2002, Morello/Comisión, T‑135/00, apartado 28; 1 de abril de 2004, N/Comisión, T‑198/02, apartado 70; 6 de julio de 2004, Huygens/Comisión, T‑281/01, apartado 105; 15 de septiembre de 2005, Casini/Comisión, T‑132/03, apartado36

Tribunal de la Función Pública: 31 de marzo de 2011, Hecq/Comisión, F‑10/10, apartado68

5.No existe irregularidad alguna por no haber iniciado el procedimiento para reconocer el origen profesional de la enfermedad del demandante cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos estimó la solicitud del funcionario interesado después de que éste interpusiera el recurso.

En esas circunstancias, corresponderá, por un lado, a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, antes de pronunciarse, acudir de nuevo a la comisión de invalidez, quien tendrá que comprobar si el estado patológico del demandante guarda una relación directa y suficiente con un riesgo específico y típico, inherente a las funciones que el demandante ha ejercido y, por otro lado, al demandante, en su interés por ver aclarada su situación administrativa, prestar su plena ayuda a la convocatoria de una comisión de invalidez y a que ésta lleve a cabo su tarea del modo más adecuado posible.

(véanse los apartados 81 y82)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 12 de julio de 1988, Parlamento/Consejo, 377/87, apartado10