Asunto C‑566/14
Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Asunto C‑566/14

Fecha: 14-Jun-2016

Asunto C‑566/14P

Jean-Charles Marchiani

contra

Parlamento Europeo

«Recurso de casación— Miembro del Parlamento Europeo— Dietas de asistencia parlamentaria— Devolución de cantidades indebidamente pagadas— Recuperación— Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento— Respeto del derecho de defensa— Principio de imparcialidad— Prescripción— Reglamento (UE, Euratom) n.º966/2012— Artículos 78 a 81— Reglamento Delegado (UE) n.º1268/2012— Artículos 81, 82 y 93— Principio de protección de la confianza legítima— Plazo razonable»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala)

de 14 de junio de 2016

1.Recurso de casación— Motivos— Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General— Inadmisibilidad— Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General— Admisibilidad

(Art.256TFUE, ap.1, párr.2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art.58)

2.Presupuesto de la Unión Europea— Reglamento financiero— Recaudación de créditos de la Unión contra terceros— Aplicabilidad a los procedimientos de recaudación de créditos contra miembros del Parlamento Europeo

[Reglamento (UE, Euratom) n.º966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts.78 a80]

3.Recurso de casación— Motivos— Motivo dirigido contra un fundamento de Derecho redundante— Motivo inoperante— Desestimación

(Art.256TFUE, ap.1)

4.Derecho de la Unión Europea— Principios— Derecho de defensa— Alcance

5.Recurso de casación— Motivos— Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación— Inadmisibilidad

(Art.256TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art.58, párr.1)

6.Recurso de casación— Motivos— Motivación insuficiente— Motivación implícita del Tribunal General— Procedencia— Requisitos

(Art.256TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts.36 y 53, párr.1)

7.Recurso de casación— Motivos— Necesidad de una crítica precisa de un extremo del razonamiento del Tribunal General

[Art.256TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art.58, párr.1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art.112, ap.1, letrac)]

8.Derecho de la Unión Europea— Principios— Protección de la confianza legítima— Límites— Recuperación de dietas parlamentarias indebidamente pagadas— Transcurso de un largo periodo de tiempo entre la fecha de abono de las dietas y la fecha de la solicitud de devolución de las cantidades indebidamente pagadas— Violación— Inexistencia

9.Presupuesto de la Unión Europea— Reglamento financiero— Recaudación de créditos de la Unión contra terceros— Plazo de prescripción— Inicio del cómputo

[Reglamento (UE, Euratom) n.º966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art.81; Reglamento (CE, Euratom) n.º1605/2002 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.º1995/2006, art.73bis; Reglamento (CE, Euratom) n.º2342/2002 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.º428/2007, art.85ter, y Reglamento Delegado (UE) n.º1268/2012 de la Comisión, art.93]

10.Presupuesto de la Unión Europea— Reglamento financiero— Recaudación de créditos de la Unión contra terceros— Plazo de notificación de una nota de adeudo— Inexistencia de prescripciones reglamentarias— Respeto del principio del plazo razonable— Criterios de apreciación

[Reglamento (UE, Euratom) n.º966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts.78 y 81; Reglamento Delegado (UE) n.º1268/2012 de la Comisión, arts.81, 82 y93]

1.Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 37 y 66)

2.El mero hecho de que los artículos 78 a 80 del Reglamento n.º966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, no contengan disposiciones específicas sobre el procedimiento de recaudación de créditos contra diputados europeos, sino que se refieran al devengo de títulos de crédito a favor de la Unión y a la ordenación de los cobros, no significa que la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, incluido el procedimiento de recuperación de cantidades establecido en su artículo 68, pueda aplicarse haciendo caso omiso de su ámbito de aplicación material.

(véase el apartado 44)

3.Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 49)

4.Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 51)

5.Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 61)

6.Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 69)

7.Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 72)

8.El derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima presupone que las autoridades competentes de la Unión hayan ofrecido al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que procedan de fuentes autorizadas y fiables.

A este respecto, en el caso de cantidades indebidamente abonadas a un diputado del Parlamento Europeo en concepto de dietas de asistencia parlamentaria, el mero hecho de que haya transcurrido largo tiempo entre la fecha en que se abonaron esas cantidades y la fecha en que se adoptó la decisión en que se exigía su devolución al interesado no basta, en sí mismo y al no existir ninguna otra circunstancia pertinente al efecto, para suscitar en dicho diputado una confianza legítima en que las cantidades de que se trata ya no serían reclamadas.

(véanse los apartados 77 y 79)

9.El artículo 73 bis del Reglamento n.º1605/2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, en su versión modificada por el Reglamento n.º1995/2006, que establecía un plazo de prescripción de los derechos de la Unión de cinco años, no podía invocarse sí solo, sin sus disposiciones de desarrollo, para demostrar que un derecho de la Unión había prescrito. Por lo tanto, este artículo 73bis, que debe interpretarse junto con sus normas de desarrollo recogidas en el artículo 85ter del Reglamento n.º2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.º1605/2002, en su versión modificada por el Reglamento n.º478/2007, establece un plazo de prescripción de cinco años para permitir que los órganos de la Unión recauden los derechos de la Unión contra terceros, plazo cuyo cómputo se inicia a partir del día en que venza el plazo comunicado al deudor en la nota de adeudo.

Esta interpretación también es válida para el artículo 81 del Reglamento n.º966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, y para el artículo 93 del Reglamento Delegado n.º1268/2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.º966/2012, ya que estos artículos coinciden, en lo esencial, con el artículo 73bis del Reglamento n.º1605/2002 y con el artículo 85ter del Reglamento n.º2342/2002, respectivamente.

(véanse los apartados 86 a 88)

10.En lo que respecta al procedimiento de recaudación de los créditos en favor de las instituciones de la Unión, si bien es cierto que ni el artículo 81 del Reglamento n.º966/2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, ni el artículo 93 del Reglamento Delegado n.º1268/2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.º966/2012, establecen ningún plazo para la notificación al deudor de la nota de adeudo, (documento en el que se informa a éste de que una institución de la Unión ha procedido al reconocimiento de un crédito contra él) a partir de la fecha del hecho generador del derecho de que se trate, la exigencia de seguridad jurídica requiere, sin embargo, que las instituciones de la Unión ejerzan sus facultades en un plazo razonable. El carácter razonable de un plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la mayor o menor trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y de las diferentes etapas del procedimiento seguido por la institución de la Unión, así como del comportamiento de las partes durante el procedimiento. En efecto, el carácter razonable de un plazo no puede examinarse en relación con un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta.

A este respecto, habida cuenta de que el artículo 81 du Reglamento n.º966/2012 tiene por objeto limitar en el tiempo la posibilidad de recaudar los créditos de la Unión contra terceros, a fin de cumplir el principio de buena gestión financiera, para lo que establece un plazo de cinco años, el plazo en que la institución de la Unión debe notificar al deudor la nota de adeudo debe considerarse, en principio, irrazonable cuando la notificación tiene lugar más de cinco años después del momento en que la institución se encuentra normalmente en condiciones de hacer valer su crédito. Tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 78, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º966/2012 y en los artículos 81 y 82 del Reglamento Delegado n.º1268/2012, una institución de la Unión se encuentra normalmente en condiciones de hacer valer su crédito a partir de la fecha en que dispone de documentos justificativos que permitan calificar dicho crédito de cierto, líquido y exigible, o de la fecha en que hubiera podido disponer de tales documentos justificativos si hubiera actuado con la diligencia necesaria.

No obstante, el hecho de que hayan transcurrido más de cinco años entre la fecha en la que la institución se encontraba normalmente en condiciones de hacer valer su crédito y la fecha de la notificación de la nota de adeudo no entraña automáticamente una violación del principio del plazo razonable. En efecto, es preciso verificar igualmente si el plazo transcurrido puede explicarse por las circunstancias propias del asunto. Del mismo modo, la notificación de la nota de adeudo dentro de un plazo inferior a los cinco años, en un asunto de menor complejidad, cuya trascendencia para el deudor fuera importante o en el que la institución de la Unión no hubiera actuado con diligencia, en particular para obtener los documentos justificativos que le permiten calificar el crédito de cierto, líquido y exigible, podría no respetar el principio del plazo razonable. En tal supuesto, correspondería al deudor aportar la prueba de que ese plazo inferior a los cinco años no era razonable.

(véanse los apartados 89, 96, 99 a 104 y 106)

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