Asunto C‑413/15
Elaine Farrell
contra
Alan Whitty y otros
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda)]
«Procedimiento prejudicial— Aproximación de las legislaciones— Seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles— Directiva 90/232/CEE— Artículo1— Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con excepción del conductor— Seguro obligatorio— Efecto directo— Directiva 84/5/CEE— Artículo 1, apartado4— Organismo responsable de indemnizar los daños materiales o corporales causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento— Invocabilidad de una directiva frente a un Estado— Requisitos con arreglo a los cuales es posible considerar que un organismo de Derecho privado es una emanación del Estado y oponerle las disposiciones de una directiva que pueden tener efecto directo»
Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de octubre de2017
1.Actos de las instituciones— Directivas— Efecto directo— Organismo responsable de cumplir, bajo control del Estado, un servicio de interés público o que disponga de facultades exorbitantes— Carácter alternativo de estos requisitos
(Art.288TFUE)
2.Aproximación de las legislaciones— Seguro de responsabilidad civil del automóvil— Directiva 84/5/CEE del Consejo— Indemnización otorgada por los daños causados por un vehículo no identificado o asegurado insuficientemente— Creación por un Estado miembro de un organismo de Derecho privado responsable de indemnizar estos daños— Posibilidad de que los particulares invoquen frente a un organismo de este tipo las disposiciones de una directiva que tengan efecto directo
(Art.288TFUE; Directiva 84/5/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 90/232/CEE, art.1, ap.4)
1.El artículo 288TFUE debe interpretarse en el sentido de que no excluye, en sí mismo, la posibilidad de oponer a una entidad que no reúna todas las características enumeradas en el apartado 20 de la sentencia de 12 de julio de 1990, Foster y otras (C‑188/89, EU:C:1990:313), en relación con las que figuran en el apartado 18 de la misma sentencia, las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo.
En efecto, el mencionado apartado 20 debe leerse a la luz del apartado 18 de la misma sentencia, en el que el Tribunal de Justicia subrayó que un particular puede invocar estas disposiciones frente a organismos o entidades que estén sometidos a la autoridad o al control del Estado o dispongan de poderes exorbitantes en relación con los que se deriven de las normas aplicables en las relaciones entre particulares. Por consiguiente, como ha señalado en esencia la Abogado General en los puntos 53 y 77 de sus conclusiones, los requisitos con arreglo a los cuales el organismo de que se trata debe estar sometido a la autoridad o control del Estado y disponer de facultades exorbitantes en relación con las que se deriven de las normas aplicables en las relaciones entre particulares, respectivamente, no pueden tener carácter acumulativo (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de diciembre de 1997, Kampelmann y otros, C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585, apartados 46 y 47, y de 7 de septiembre de 2006, Vassallo, C‑180/04, EU:C:2006:518, apartado26).
(véanse los apartados 27 a 29 y el punto 1 del fallo)
2.Es posible oponer disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo a un organismo de Derecho privado al que un Estado miembro ha encomendado una misión de interés público, como la inherente a la obligación que impone a los Estados miembros el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, y que, a tal fin, dispone de facultades exorbitantes, como la facultad de obligar a las compañías de seguros que ejercen la actividad de seguro del automóvil en el territorio del Estado miembro de que se trate a que se asocien a él y lo financien.
(véanse el apartado 42 y el punto 2 del fallo)