Asunto C‑181/20
VYSOČINA WINDa.s.
contra
Česká republika — Ministerstvo životního prostředí
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de enero de2022
«Procedimiento prejudicial— Medio ambiente— Directiva 2012/19/UE— Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos— Obligación de financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de paneles fotovoltaicos— Efecto retroactivo— Principio de seguridad jurídica— Transposición incorrecta de una directiva— Responsabilidad del Estado miembro»
1.Cuestiones prejudiciales— Apreciación de validez— Cuestión que implícitamente se refiere a la validez de un acto de derecho derivado— Examen de oficio de la validez
(Art.267TFUE; Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art.13, ap.1)
(véanse los apartados 35 a 37)
2.Medio ambiente— Residuos— Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos— Directiva 2012/19/UE— Financiación de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no procedentes de hogares particulares— Obligación de los productores de financiar los costes de la gestión de residuos derivados de productos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de2012— Normativa nacional que impone la obligación de financiar los costes de la gestión de residuos derivados de paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después de dicha fecha a sus usuarios— Improcedencia
[Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art.3, ap.1, y Directiva 2012/19/UE del Parlamento y del Consejo, considerandos 9 y 23 y arts.2, ap.1, letraa), 3, ap.1, letrae), 13, ap.1 y anexosIyII]
(véanse los apartados 39 a 45 y el punto 1 del fallo)
3.Medio ambiente— Residuos— Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos— Directiva 2012/19/UE— Financiación de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no procedentes de hogares particulares— Obligación de los productores de financiar los costes de la gestión de residuos derivados de productos introducidos en el mercado entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de2012— Norma nueva aplicable a una situación consolidada con anterioridad a la entrada en vigor de la directiva— Violación de los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad— Invalidez
[Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art.14, y Directiva 2012/19/UE, arts.2, ap.1, letraa), 13, ap.1, 24, ap.1, y anexoI]
(véanse los apartados 47 a 62 y el punto 1 del fallo)
4.Derecho de la Unión Europea— Derechos conferidos a los particulares— Violación por un Estado miembro— Obligación de reparar el perjuicio causado a los particulares— Requisitos— Violación suficientemente caracterizada— Aprobación por un Estado miembro de una normativa contraria a una directiva antes de la adopción deesta— Inexistencia de violación
(Directiva 2012/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts.13, ap.1, y 24, ap.1)
(véanse los apartados 69 a 74 y 76 a 79 y el punto 2 del fallo)
5.Actos de las instituciones— Directivas— Ejecución por los Estados miembros— Obligaciones de los Estados miembros durante el plazo de transposición— Obligación de no adoptar disposiciones que puedan comprometer la consecución del resultado prescrito por la directiva
(véase el apartado 75)
Resumen
El Tribunal de Justicia invalida parcialmente la Directiva 2012/19 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la medida en que esta Directiva obliga a los productores de paneles fotovoltaicos a financiar los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de dichos paneles cuando estos se han introducido en el mercado en una fecha anterior a la de la entrada en vigor de la Directiva. Por otra parte, esta Directiva se opone a una normativa nacional que impone la financiación de esos costes a los usuarios de los paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después de la fecha de su entrada en vigor.
Vysočina Wind es una sociedad checa que opera una central de energía solar equipada con paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de2005.
Con arreglo a la obligación establecida por la Ley checa n.º185/2001 sobre los residuos (en lo sucesivo, «Ley sobre los residuos»),(1) participó en la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de los paneles fotovoltaicos y abonó, por ello, contribuciones durante los años 2015 y2016.
Sin embargo, al considerar que esta obligación contributiva resultaba de una transposición incorrecta de la Directiva 2012/19 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)(2) y que el pago de estas contribuciones constituía un perjuicio, Vysočina Wind interpuso ante los órganos jurisdiccionales checos una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la República Checa. En este contexto, Vysočina Wind alegaba que la disposición de la Ley sobre los residuos que establece la obligación contributiva para los usuarios de paneles fotovoltaicos es contraria al artículo 13, apartado 1, de la Directiva sobre los RAEE, que impone a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, y no a los usuarios de estos, la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de aparatos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de2005.
Al haberse estimado el recurso interpuesto por Vysočina Wind, tanto en primera instancia como en apelación, la República Checa interpuso recurso de casación ante el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa).
A raíz de una petición de decisión prejudicial presentada por dicho órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia, en formación de Gran Sala, se pronuncia, por una parte, sobre la interpretación y la validez del artículo 13, apartado 1, de la Directiva sobre los RAEE, y precisa, por otra parte, los requisitos para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por infracción del Derecho de la Unión en el contexto de la transposición de una directiva.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Al realizar una interpretación literal de la Directiva sobre los RAEE, el Tribunal de Justicia confirma, en primer lugar, que los paneles fotovoltaicos constituyen aparatos eléctricos y electrónicos en el sentido de esta, de modo que, con arreglo al artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva, la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de esos paneles introducidos en el mercado a partir del 13 de agosto de 2012, fecha de entrada en vigor de dicha Directiva, debe recaer sobre los productores de dichos paneles y no, como prevé la legislación checa, sobre sus usuarios.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina la validez del artículo 13, apartado 1, de la Directiva relativa a los RAEE, en la medida en que esta disposición se aplica a los paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005, es decir, en una fecha anterior a la de la entrada en vigor de dicha Directiva.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda, primeramente, que, si bien el principio de seguridad jurídica se opone a la aplicación de una norma jurídica nueva a una situación consolidada con anterioridad a su entrada en vigor, también resulta de su jurisprudencia que una norma jurídica nueva se aplica inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de la ley antigua, así como a las situaciones jurídicas nuevas.
De este modo, el Tribunal de Justicia comprueba si la aplicación de la norma jurídica enunciada en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva sobre los RAEE, según la cual los productores, y no los usuarios, están obligados a aportar la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005, cuando dichos paneles se hayan convertido o se vayan a convertir en residuos a partir de la fecha de entrada en vigor de la Directiva, puede afectar a una situación consolidada con anterioridad a su entrada en vigor o si, por el contrario, esa aplicación pretende regular los efectos futuros de una situación nacida antes de dicha entrada en vigor.
Pues bien, dado que la normativa de la Unión existente antes de la adopción de la Directiva sobre los RAEE dejaba a los Estados miembros la decisión de que el coste de dicha gestión corriera a cargo bien del poseedor actual o anterior de los residuos, bien del productor o del distribuidor de los paneles fotovoltaicos, la Directiva sobre los RAEE incidió en situaciones consolidadas con anterioridad a su entrada en vigor en los Estados miembros que habían decidido imponer estos costes a los usuarios de los paneles fotovoltaicos, y no a los productores de estos, como era el caso en la República Checa.
A este respecto, el Tribunal de Justicia precisa que una norma jurídica nueva que se aplica a situaciones consolidadas con anterioridad no puede considerarse conforme con el principio de irretroactividad de los actos jurídicos en la medida en que modifica, a posteriori y de manera imprevisible, el reparto de costes cuya producción ya no puede evitarse. Pues bien, en el presente asunto, los productores de los paneles fotovoltaicos no pudieron prever, al diseñar los paneles, que posteriormente se les obligaría a adoptar la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de dichos paneles.
A la luz de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia declara inválido el artículo 13, apartado 1, de la Directiva sobre los RAEE, en la medida en que impone a los productores la financiación de los costes correspondientes a la gestión de los residuos derivados de paneles fotovoltaicos introducidos en el mercado entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de2012.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia afirma que la introducción en la Ley sobre los residuos de una disposición que establece una obligación contributiva a cargo de los usuarios de paneles fotovoltaicos que es contraria a la Directiva sobre los RAEE, con más de un mes de antelación respecto de la adopción de esta última, no constituye, como tal, una infracción del Derecho de la Unión por parte de la República Checa, puesto que la consecución del resultado prescrito por la Directiva no puede considerarse gravemente comprometida antes de que esta forme parte del ordenamiento jurídico de la Unión.
Artículo 37p del zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (Ley n.º185/2001 sobre los residuos y para la modificación de otras leyes).
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO 2012, L197, p.38), en lo sucesivo, «Directiva sobre los RAEE».