Asuntos acumulados C‑65/21P y C‑73/21P a C‑75/21

A.Sobre el alcance de los recursos de casación y de las presentes conclusiones

Las recurrentes han interpuesto los recursos de casación contra las sentencias recurridas por las que el Tribunal General desestimó sus recursos de indemnización. En dichas sentencias, el Tribunal General admitió, sobre la base de las sentencias Bilbaína de Alquitranes y otros/Comisión(17) y Comisión/Bilbaína de Alquitranes y otros(18) (en lo sucesivo, «sentencias anulatorias»), que el acto que supuestamente causó el perjuicio a las recurrentes era ilegal debido a un error manifiesto de apreciación de la Comisión. No obstante, consideró que dicho error era excusable y, por lo tanto, no constituía una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica, de modo que no se generaba la responsabilidad extracontractual de la Unión en dicho asunto.(19)

Los recursos de casación de las recurrentes se fundan en seis motivos, relativos, el primero, al error cometido por el Tribunal General, que desestimó su alegación basada en el deber de diligencia; el segundo, al error de Derecho del Tribunal General por concluir que no existía un precedente claro; el tercero, a la conclusión errónea según la cual el marco jurídico era complejo; el cuarto, a la aplicación errónea del criterio de prudencia y de diligencia; el quinto, a una motivación insuficiente de las sentencias recurridas y, por último, el sexto, al error de Derecho cometido por el Tribunal General al considerar que el enfoque de la Comisión podía ser excusado en atención al principio de precaución.

De conformidad con lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de la primera parte del cuarto motivo de los recursos de casación. Pues bien, la primera parte del cuarto motivo parece coincidir con el primer motivo de los recursos de casación en la medida en que ambos abordan la cuestión de la diligencia de la Comisión. Por lo tanto, conviene analizar antes de nada la relación entre esta y el primer motivo de los recursos de casación a fin de tener en cuenta todos los aspectos de la problemática común de los dos motivos de los recursos de casación.

B.Alegaciones de las partes

1.Primer motivo de los recursos de casación

Mediante el primer motivo de los recursos de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error al declarar inadmisible(20) su alegación basada en un incumplimiento del deber de diligencia. En su opinión, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que esta alegación, formulada en las réplicas, debía distinguirse de la alegación, formulada en los escritos de interposición de los recursos, basada en un error manifiesto de apreciación de la Comisión en la medida en que no examinó con detalle e imparcialidad todos los elementos pertinentes a efectos de la clasificación de la BAHAT. Las recurrentes se remiten, a este respecto, a la sentencia Comisión/Bilbaína de Alquitranes y otros,(21)en la que el Tribunal de Justicia declaró que cuando una institución no examina con detalle e imparcialidad todos los elementos pertinentes, incumple claramente su obligación de diligencia. En consecuencia, según las recurrentes, la alegación basada en la existencia de un incumplimiento del deber de diligencia no debía invocarse separadamente y de manera independiente, como si se tratase de una alegación autónoma.(22)

La Comisión, apoyada por la ECHA, considera que la alegación basada en el incumplimiento del deber de diligencia es inoperante, puesto que el Tribunal General desestimó los recursos tras declarar que el error cometido no constituía una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica.

El Gobierno español señala que el incumplimiento del deber de diligencia debería haber sido alegado por las recurrentes de manera específica y autónoma en los escritos de interposición de los recursos. En caso contrario, el requisito que exige que se especifique la norma jurídica infringida se cumpliría implícitamente en cualquier solicitud de indemnización, ya que el deber de diligencia es inherente al principio de buena administración y se aplica de manera general a la acción de las instituciones.

2.La primera parte del cuarto motivo de los recursos de casación

En el marco del cuarto motivo de los recursos de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General concluyó erróneamente que la Comisión actuó como una Administración normalmente prudente y diligente y que su error en la clasificación de la BAHAT era, de este modo, excusable. Mediante la primera parte de este motivo, reprochan al Tribunal General que no efectuase su análisis a la luz de las solicitudes que habían presentado. En lugar de verificar si la solubilidad se mencionaba expresamente como uno de los elementos pertinentes en el Reglamento n.º1272/2008, el Tribunal General debería haber examinado si la Comisión respetó el principio de derecho consolidado que exige que se tome en consideración el conjunto de los elementos pertinentes.

La Comisión, apoyada por la ECHA, considera que procede desestimar el cuarto motivo por ser inoperante e infundado. No obstante, formula en su escrito de contestación alegaciones relativas a la segunda parte de este motivo, que no es objeto de las presentes conclusiones.

El Gobierno español considera que el error alegado en el cuarto motivo del recurso de casación no puede prosperar. Indica que el principio de diligencia exige que se aprecie si, en el marco de la acción administrativa en cuestión, se ha aplicado un nivel mínimo de diligencia aceptable, si dicho nivel era razonable en relación con las circunstancias del presente asunto, proporcionado a la luz de la importancia del asunto y conforme al que aplica habitualmente el órgano administrativo en asuntos similares.

3.Relación entre la primera parte del cuarto motivo y el primer motivo de los recursos de casación

De cuanto antecede se sigue que el deber de diligencia de la Comisión se plantea en estos dos motivos en contextos diferentes. Mientras que, en el primer motivo, dicho deber se califica expresamente de norma jurídica que confiere derechos a los particulares, en el marco del cuarto motivo se considera más bien como un criterio de apreciación de la gravedad de la infracción de una norma jurídica.

Sin embargo, con independencia de las formulaciones exactas y de los contextos, procede, en mi opinión, considerar que, en ambos casos, se alude al incumplimiento por parte de la Comisión de la misma obligación de diligencia, entendida como la obligación de examinar todos los elementos pertinentes del caso de autos en los que se basa su apreciación. En efecto, las recurrentes explican, en el marco del primer motivo de sus recursos de casación, que el deber de diligencia invocado en sus réplicas debería haberse entendido como el equivalente de la obligación de la Administración de tomar en consideración, en el ejercicio de sus competencias, todos los elementos pertinentes del caso en cuestión. El incumplimiento de esta obligación es el origen de la imputación objeto de la primera parte del cuarto motivo de los recursos de casación.

¿Constituye esta obligación una norma que confiere derechos a los particulares cuya infracción puede dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión?

C.Sobre la calificación del deber de diligencia

1.Requisito de la responsabilidad extracontractual de la Unión relativo a la infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares

a)Dualidad de dicho requisito

De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión es necesario que concurran tres requisitos, a saber, el primero, la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (en lo sucesivo, «primer requisito»), el segundo, la realidad del daño y, el tercero, la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados.(23)

El carácter acumulativo de dichos requisitos implica que, cuando uno de ellos no se cumple, no puede generarse la responsabilidad extracontractual de la Unión.(24) Esta es la razón por la que, en el presente asunto, el Tribunal General, tras declarar que el error de la Comisión en la clasificación de la BAHAT no constituía una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica, concluyó que no se había generado la responsabilidad extracontractual de la Unión y, por lo tanto, no procedió al análisis de los demás requisitos relativos a esta responsabilidad.

Tanto los recursos de casación como las presentes conclusiones se refieren al primer requisito.

Dicho requisito consta de dos vertientes distintas relativas, la primera, a la naturaleza de la norma cuya infracción puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión («norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares») y, la segunda, a la gravedad de la infracción de la norma infringida («infracción suficientemente caracterizada»). Estas dos vertientes constituyen a su vez dos subrequisitos acumulativos del primer requisito, de modo que este no se cumple si falta uno de tales subrequisitos.

b)Concepto de «norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares»

El concepto de «norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares», componente central del primer requisito, fue retomado por el Tribunal de Justicia de su jurisprudencia relativa a la responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho de la Unión.(25) Al sustituir con dicho concepto el concepto utilizado anteriormente, a saber, el de «norma jurídica superior que protege a los particulares», el Tribunal de Justicia consagró el principio del paralelismo entre, por una parte, la responsabilidad de la Unión y, por otra parte, la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por la infracción del Derecho de la Unión.(26)

Más concretamente, en su sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión,(27) el Tribunal de Justicia, remitiéndose a la sentencia Brasserie du pêcheur y Factortame,(28) declaró que los requisitos para que exista la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por la infracción del Derecho comunitario no deben, a falta de justificación específica, diferir de los que rigen la responsabilidad de la Unión en circunstancias comparables.(29)

Así pues, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la responsabilidad extracontractual de la Unión no puede generarse por cualquier infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica, sino solo por la infracción suficientemente caracterizada de una norma cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares.(30)

Como explica el Tribunal de Justicia, esta restricción tiene por objeto, sin perjuicio de las normas aplicables a la apreciación de la legalidad de los actos de la Unión, limitar el nacimiento de esta responsabilidad únicamente a aquellas situaciones en las que el comportamiento ilícito de las instituciones, de los órganos y de los organismos de la Unión haya causado un daño a un particular menoscabando sus intereses específicamente protegidos por el Derecho de la Unión.(31)

No obstante, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, el concepto de «norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares» se interpreta en sentido amplio.(32) Se han calificado de este modo los principios que garantizan la protección de los derechos fundamentales de la persona, como los principios de igualdad de trato entre las empresas, de irretroactividad de las decisiones, de proporcionalidad, de respeto de la confianza legítima y de respeto de la vida privada y familiar.(33) Tan solo las normas puramente de procedimiento o de reparto de competencias no se consideran dirigidas a proteger a los particulares.(34)

c)Concepto de «infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica»

En su jurisprudencia relativa a la segunda vertiente del primer requisito, el Tribunal de Justicia precisó que existe una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares cuando la misma implique una inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación.(35) A este respecto, los elementos que procede considerar son, entre otros, la complejidad de las situaciones que deben ser reguladas, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada y la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a la institución de la Unión.(36) En relación con este último elemento, cuando una institución u órgano de la Unión dispone de facultad de apreciación, solo la inobservancia manifiesta y grave por su parte de los límites impuestos a dicha facultad puede constituir una infracción del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada.(37)

En cualquier caso, de manera general, únicamente la comprobación de una irregularidad que, en circunstancias análogas, una Administración normalmente prudente y diligente no habría cometido permite que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión.(38)

2.Sobre la naturaleza de las normas derivadas del principio de buena administración

Los recursos de indemnización de las recurrentes y sus recursos de casación atañen a la obligación de la Administración de tomar en consideración todos los elementos y circunstancias pertinentes en el ejercicio de sus competencias, obligación que está «automáticamente» vinculada, según las recurrentes, a la obligación de diligencia, inherente al principio de buena administración.

Este principio (o derecho) figura en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Si resultara determinante, para que se considere que una norma tiene por objeto conferir derechos a los particulares, que esta contribuya a proteger los intereses de los particulares específicamente protegidos por el Derecho de la Unión, la consagración de dicha norma en la Carta como un derecho fundamental pondría fin al debate sobre su naturaleza. Pues bien, no es este elcaso.(39)

Además de la cuestión clásica de la clasificación de una disposición de la Carta como disposición que «consagra un derecho o un principio», de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que la vulneración de determinados derechos, como el derivado de la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones, mencionada expresamente en el artículo 41, apartado 2, letrac), de la Carta, no siempre puede originar la responsabilidad extracontractual de la Unión.(40) Por lo tanto, el propio Tribunal de Justicia no parece considerar esta consagración de la Carta como determinante a la hora de clasificar el derecho a una buena administración como una norma que tiene por objeto conferir derechos a los particulares. En efecto, no toda obligación de la Administración puede dar lugar automáticamente a un derecho subjetivo de los particulares.

A este respecto, según el Tribunal General, el derecho a una buena administración no confiere por sí mismo derechos a los particulares, a menos que constituya la expresión de derechos específicos como los derechos de toda persona a que se traten sus asuntos de manera imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, a ser oída y a acceder al expediente, y el derecho a la motivación de las decisiones que le afecten.(41)

Entre tales derechos específicos podría figurar el derecho correspondiente al deber de diligencia de la Administración, entendido como la obligación de la institución competente de examinar con detalle e imparcialidad todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate, como ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia, en particular, en la sentencia Technische Universität München.(42) No obstante, el Tribunal de Justicia no consideró en dicha sentencia que el incumplimiento de tal obligación pueda dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión.

A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia Masdar(UK)/Comisión,(43) que es posible que la Administración de la Unión incurra en responsabilidad extracontractual por comportamiento ilícito cuando no actúa con toda la diligencia requerida y causa con ello un perjuicio.(44) El Tribunal de Justicia consideró que esta obligación de diligencia es inherente al principio de buena administración, se aplica con carácter general a la acción de la Administración de la Unión en sus relaciones con el público(45) e implica que la Administración de la Unión debe actuar con cuidado y prudencia.(46)

No obstante, las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia se referían a acciones que la Comisión había llevado a cabo en un contexto específico. La recurrente había formulado su pretensión de indemnización en el marco de las relaciones contractuales entre, por un lado, la Comisión y su parte cocontratante y, por otro, dicho cocontratante y la recurrente como subcontratista de este cocontratante. Dicha pretensión se basaba, en particular, en las alegaciones de que la Comisión, al ejercer su facultad de suspender el pago de un contrato en el caso de que la parte cocontratante cometiese irregularidades, debería haber hecho prueba de diligencia para asegurarse de que no causaba daño al subcontratista. Además de que el Tribunal de Justicia no compartía el punto de vista de la recurrente en cuanto al contenido de la obligación de diligencia en el asunto controvertido, debe subrayarse que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no calificó la obligación de diligencia de «norma que tiene por objeto conferir derechos a los particulares».

Tal calificación parece admitirse con mayor frecuencia en la jurisprudencia del Tribunal General.(47) Si bien en algunas sentencias es difícil determinar si se entiende que el deber de diligencia es la norma jurídica infringida o bien el criterio de apreciación de la gravedad de la infracción de otra regla,(48) no es menos cierto que, en otras sentencias, dicho órgano jurisdiccional ha señalado expresamente que el deber de diligencia, o incluso el principio de buena administración, debía calificarse de «norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares».(49)

Sin embargo, es difícil hablar de una calificación clara y unívoca de esta obligación. El propio Tribunal General admite que el deber de diligencia puede tenerse en cuenta no como una norma que confiere derechos a los particulares, sino como uno de los criterios utilizados para considerar que la irregularidad o el error cometido por una institución constituye una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, que sirve de este modo para «caracterizar» la infracción de otro principio o de otra norma del Derecho de la Unión.(50)

En cualquier caso, la calificación del deber de diligencia de «norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares» dista de ser evidente. El enfoque excesivamente flexible de esta calificación fue criticado explícitamente por el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto Médiateur/Staelen. (51)Dicho Abogado General afirmó albergar dudas en cuanto a la respuesta que debía darse a la cuestión de si la vulneración del derecho a una buena administración genera responsabilidades(52) y consideró que «depende de las circunstancias que, en un determinado caso, la inobservancia de dicho principio [de diligencia] constituya una vulneración de un derecho conferido a un particular».(53)

Estoy de acuerdo con esta conclusión.

Por un lado, me parece oportuno recordar(54) que la primera vertiente del primer requisito tiene por objeto limitar el nacimiento de esta responsabilidad únicamente a aquellas situaciones en las que el comportamiento ilícito de las instituciones, de los órganos y de los organismos de la Unión haya causado un daño a un particular menoscabando sus intereses específicamente protegidos por el Derecho de la Unión. No veo ningún motivo por el que no pueda figurar entre esos intereses específicos el interés de los particulares en que sus asuntos sean tratados por una Administración que tenga en cuenta todos los elementos pertinentes del caso de autos. Se trata del derecho de los particulares a que su situación no sea determinada por la Administración de manera arbitraria y abstracta.

Por otro lado, me parece imposible analizar el deber de diligencia de la Administración de manera abstracta, sin tener en cuenta la situación concreta. Las acciones de la Administración de la Unión son de diversa índole. Por lo que se refiere a la obligación de la Administración de tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes, esta difiere según se trate de una investigación,(55) de la ejecución de obligaciones contractuales,(56) de la adopción de actos delegados y de actos de ejecución,(57) o de otro procedimiento administrativo que conlleve la determinación de la situación jurídica de un particular. Si bien en todas estas situaciones es posible alegar que la Administración tiene la obligación de tomar en consideración todos los elementos pertinentes, no es menos cierto que esta obligación tendrá un contenido específico en cada una de ellas, determinado por las disposiciones aplicables en el asunto en cuestión.

Así, el deber de diligencia, al tratarse de una obligación general de la Administración de la Unión, es una obligación de geometría variable. En la práctica, en cada tipo de intervención de la Administración, la toma en consideración de todas las circunstancias pertinentes deberá ir precedida del análisis del alcance de las competencias de la Administración y de su margen de apreciación, determinados por las disposiciones aplicables en el asunto en cuestión.

Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la adopción por la Administración de actos delegados o de ejecución de alcance general o de actos individuales. En tal situación, el alcance de la obligación de diligencia de la Administración viene determinado por las disposiciones aplicadas en cada caso, puesto que estas determinan el alcance de las competencias de la Administración y del margen de apreciación de que esta dispone. Sobre esta base, la Administración establece todas las circunstancias pertinentes que deben tomarse en consideración. Es imposible proceder al análisis del deber de diligencia de la Administración sin tener en cuenta la situación concreta definida por esas disposiciones. Solo en relación con estas puede constituir el deber de diligencia una norma jurídica que confiere derechos a los particulares cuya infracción puede dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión.(58)

3.Sobre el deber de diligencia en el presente asunto

Las recurrentes invocan, en apoyo de sus pretensiones indemnizatorias, las constataciones efectuadas por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia en las sentencias anulatorias. Por lo tanto, ha de entenderse que esas pretensiones se basan en el incumplimiento de la obligación de la Comisión tal como lo definen el Tribunal General y el Tribunal de Justicia en las sentencias anulatorias. Se trata, en particular, de la constatación del Tribunal General(59) según la cual «la Comisión incumplió su obligación de tomar en consideración todos los datos y circunstancias pertinentes».(60)

En este contexto, de los pasajes de las sentencias anulatorias citadas en los puntos 7 y 10 de las presentes conclusiones se desprende que la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación al aplicar las normas específicas de clasificación de las sustancias, contenidas en el punto 4.1.3.5.5 del anexoI del Reglamento n.º1272/2008. Este error, cometido en el marco de la aplicación de una norma jurídica concreta, consistió en no haber tenido en cuenta debidamente, a efectos de la clasificación de la BAHAT, la proporción en la que los dieciséis componentes HAP están presentes en esta y sus efectos químicos.

Por ello, procede considerar que, como señalan fundadamente las recurrentes en sus réplicas ante el Tribunal General, en el presente asunto, la norma jurídica que les confería derechos era el deber de diligencia de la Comisión en relación con las disposiciones de clasificación de las sustancias contenidas en el punto 4.1.3.5.5 del anexoI del Reglamento n.º1272/2008. Por lo tanto, el alcance del deber de diligencia de la Comisión venía definido por las disposiciones del Reglamento n.º1272/2008.

D.Sobre la primera parte del cuarto motivo

Las recurrentes reprochan al Tribunal General no haber analizado la gravedad del incumplimiento por parte de la Comisión de su deber de diligencia, entendido como la obligación de tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes en el ejercicio de sus competencias.

A este respecto, es cierto que el Tribunal General no analizó expresamente este aspecto en las sentencias recurridas. En efecto, el Tribunal General decidió desestimar la alegación basada en el incumplimiento de este deber.

No obstante, como se desprende del punto 55 de las presentes conclusiones, es imposible efectuar un análisis de la gravedad del incumplimiento del deber de diligencia de manera abstracta, sin tener en cuenta las normas jurídicas aplicadas. Además, en mi opinión, no cabe excluir que el análisis de la gravedad de la infracción de las normas jurídicas aplicadas constituya al mismo tiempo el análisis de la gravedad del incumplimiento del deber de diligencia en la aplicación de tales normas. Así sucedería si dicho análisis se refiriese a circunstancias igualmente pertinentes para cada infracción o incumplimiento.

A mi juicio, esto es lo que ocurre en el presente asunto. El Tribunal General no puso en entredicho las constataciones efectuadas en las sentencias anulatorias según las cuales la ilegalidad del acto impugnado se debía al error manifiesto de apreciación de la Comisión que consistía en no haber tomado en consideración todos los elementos y circunstancias pertinentes en la clasificación de la BAHAT. El razonamiento del Tribunal General plasmado en el punto 4.1.3.5.5 del anexoI del Reglamento n.º1272/2008 se refiere a las razones por las que se cometió tal error, es decir, a por qué no se tomaron en consideración otros elementos pertinentes distintos de los expresamente previstos en dicho punto. El análisis que versa directamente sobre el punto 4.1.3.5.5 del anexoI del Reglamento n.º1272/2008 se extiende, en mi opinión, automáticamente al deber de diligencia de la Comisión en el marco de la aplicación de dicha norma. En efecto, la falta de claridad y las dificultades de interpretación de las disposiciones del anexoI del Reglamento n.º1272/2008 en cuanto a la toma en consideración de otros factores distintos de los expresamente previstos en la aplicación del punto 4.1.3.5.5 del anexoI del Reglamento n.º1272/2008 son dos circunstancias pertinentes por lo que se refiere tanto a la infracción de dicho punto como al incumplimiento del deber de diligencia en el marco de su aplicación. Estas circunstancias constituyen el mismo vicio que da lugar a tal infracción y a tal incumplimiento.

Por consiguiente, creo que, pese a su decisión anterior de desestimar la alegación basada en el incumplimiento del deber de diligencia, el Tribunal General consideró acertadamente,(61) «a mayor abundamiento», que su constatación en cuanto a la falta de una infracción suficientemente caracterizada del método sumatorio también es válida, y por los mismos motivos, para el incumplimiento del deber de diligencia.(62)

No obstante, procede examinar si la apreciación del Tribunal General relativa al carácter excusable del error cometido al aplicar el punto 4.1.3.5.5 del anexoI del Reglamento n.º1272/2008 es correcta. Esta cuestión se aborda en la segunda parte del cuarto motivo, que no es objeto de las presentes conclusiones.

Habida cuenta de lo anterior, considero que procede desestimar por infundada la primera parte del cuarto motivo.