Recurso interpuesto el 31 de octubre de 2019 — Laird/Comisión

(Asunto T-740/19)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Laird Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: C.Quigley, Barrister, y D.Gillespie, Solicitor)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal Generalque:

Anule la Decisión de la Comisión C(2019)2526 final, de 2 de abril de 2019, sobre la ayuda estatal SA.44896.

Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que afecta a la demandante.

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada respecto de toda ayuda concedida en el período anterior al 24 de noviembre de 2017, en la medida en que afecta a la demandante.

Condene a la Comisión a cargar con las costas de la demandante.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

Primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada por las siguientes razones, en la medida en que se refiere a la afirmación de que la Exención a la Financiación de Grupos (EFG) constituye una ventaja (económica) en el sentido del artículo 107TFUE, apartado 1, resultante, en particular:

Del hecho de que la Comisión no tuviera en cuenta: la génesis histórica de la introducción de las normas relativas a las sociedades extranjeras controladas (SEC) en el sistema del impuesto de sociedades del Reino Unido; las limitaciones impuestas al Reino Unido mediante la aplicación del Derecho de la Unión, en particular la libertad de establecimiento; la territorialidad y otras razones sustantivas de la estructura de las normas SEC introducida en la Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Ley Tributaria (disposiciones internacionales y de otro tipo) de 2010], y el alcance de la soberanía fiscal de los Estados miembros, incluido el Reino Unido, al diseñar las normasSEC.

La afirmación de la Comisión según la cual el carácter opcional de la solicitud del capítulo 9 de la parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions) Act2010 constituye un trato favorable que genera una ventaja.

Segundo motivo, basado en la ilegalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada por las siguientes razones, en la medida en que se refiere a la afirmación de que la EFG constituye una ventaja selectiva en el sentido del artículo 107TFUE, apartado 1, resultante, en particular, de los siguientes hechos:

Por lo que se refiere al marco de referencia relevante:

La fijación errónea por parte de la Comisión del marco de referencia, de modo que está compuesto únicamente por las normas SEC o por el capítulo 5 de la Parte 9A de la Taxation (International and Other Provisions)Act.

La determinación, realizada de modo incorrecto, por parte de la Comisión del objetivo del sistema de referencia en el sentido de que consiste únicamente en gravar los beneficios producidos por las actividades del Reino Unido que se derivan de las actividades y los activos en el Reino Unido que han sido desviados artificialmente del Reino Unido, sin analizar debidamente si las transacciones específicas pertinentes dan lugar realmente a un riesgo de erosión de la base imponible del Reino Unido.

ii.En lo que atañe a la afirmación de la existencia de una excepción al marco normativo:

El análisis de la Comisión, erróneo, de la relevancia y la importancia de las funciones que ejercen las personas influyentes.

b.El análisis de la Comisión, incorrecto, de la comparabilidad de las relaciones de préstamo admisibles con los préstamos i)a partes vinculadas con el Reino Unido y ii)a terceros.

c.El hecho de que la Comisión se basara, infundadamente, en la Directiva (UE) 2016/1164¹ del Consejo.

d.El hecho de que el análisis de la Comisión de los riesgos comparables a la vulneración de la libertad de establecimiento para las categorías de EFC exentas y no exentas era erróneo.

iii.En lo tocante a la justificación de la supuesta excepción:

La conclusión de la Comisión, errónea, según la cual la justificación relativa a la necesidad de que el sistema sea razonable y gestionable no se extendía a las funciones que ejercen las personas influyentes.

La conclusión de la Comisión, errada, según la cual la EFG no estaba justificada en relación con el respeto de la libertad de establecimiento.

Tercer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 2 de la Decisión impugnada por haber vulnerado las expectativas legítimas y los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad. Con carácter subsidiario, se alega que no se debe ordenar la recuperación respecto de cualquier ayuda concedida a través de la EFG antes del 24 de noviembre de 2017, cuando la Comisión publicó la decisión de incoar el procedimiento.

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¹ Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO2016, L193, p.1).