(Asunto T-289/19 Recurso interpuesto el 1 de mayo de 2019 — Arbuzov/Consejo
Fecha: 01-May-2019
Recurso interpuesto el 1 de mayo de 2019 — Arbuzov/Consejo
(Asunto T-289/19)
Lengua de procedimiento: checo
Partes
Demandante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucrania) (representante: M.Mleziva, abogado)
Demandada: Consejo de la Unión Europea
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal Generalque:
Anule la Decisión (PESC) 2019/354 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/352 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que dicha Decisión y dicho Reglamento se refieren al demandante.
Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las del demandante.
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.
Primer motivo, en el que se alega vulneración del derecho a una buena administración
El demandante alega en apoyo de su demanda, entre otros, que el Consejo de la Unión Europea no actuó diligentemente en la adopción de la Decisión (PESC) 2019/354, de 4 de marzo de 2019, dado que antes de la adopción de la decisión impugnada no abordó sus alegaciones ni la prueba que había presentado, en favor de su caso, y se basó principalmente en el breve sumario de la Fiscalía General de Ucrania, sin solicitar ninguna información adicional durante las investigaciones en Ucrania.
Segundo motivo, en el que se alega vulneración del derecho de propiedad del demandante.
El demandante alega en relación con esto que las medidas restrictivas que se han adoptado frente a él son desproporcionadas, van más allá de lo necesario y equivalen a una vulneración de las garantías previstas por el Derecho Internacional de protección del derecho de propiedad del demandante.