(Asunto T-519/19 Recurso interpuesto el 22 de julio de 2019 — Forte/Parlamento
Fecha: 22-Jul-2019
Recurso interpuesto el 22 de julio de 2019 — Forte/Parlamento
(Asunto T-519/19)
Lengua de procedimiento: italiano
Partes
Demandante: Mario Forte (Nápoles, Italia) (representantes: C.Forte y G.Forte, abogados)
Demandada: Parlamento Europeo
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal Generalque:
Con carácter principal, anule el auto impugnado.
Con carácter principal, anule cualquier acto preparatorio, conexo y posterior al acto impugnado que produzca efectos jurídicos para el demandante.
Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del procedimiento.
Motivos y principales alegaciones
El presente recurso se dirige contra la decisión del Parlamento Europeo D(2019)20777 firmada por el Sr.Sune Hansen, Jefe de la Unidad de remuneraciones y derechos sociales de los diputados, de la Dirección de los Derechos Económicos y Sociales, Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, por la que se redeterminan los derechos de pensión por cese de actividad como consecuencia de la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2019 de la Resolución de la Mesa de la Cámara de Diputados n.º14/2018 y se recupera la cantidad abonada indebidamente.
Los motivos y las principales alegaciones son similares a los invocados en los asuntos T-345/19, Santini/Parlamento, T-347/19, Falqui/Parlamento, y T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlamento.
Se alega en particular que la motivación de la decisión impugnada es ilógica, que no se ha valorado la legalidad de la Resolución 14/2018 respecto de los principios generales del Derechos de la Unión Europea de racionalidad, proporcionalidad, seguridad, previsibilidad y confianza legítima así como de la protección de los derechos adquiridos, la infracción del artículo 6 del Tratado UE; la infracción de las Medidas de aplicación del Estatuto de los Diputados del Parlamento Europeo, la infracción del Reglamento Financiero, la vulneración de los principios de igualdad e irretroactividad de las normas, y la vulneración del principio de acceso a la protección judicial.