(Asunto T-730/20 Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2020 — ON/Comisión
Tribunal de Justicia de la Unión Europea

(Asunto T-730/20 Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2020 — ON/Comisión

Fecha: 16-Dic-2020

Recurso interpuesto el 16 de diciembre de 2020 — ON/Comisión

(Asunto T-730/20)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Demandante: ON (representante: N.de Montigny, abogada)

Demandada: Comisión Europea

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal Generalque:

Anule la decisión de 12 de marzo de 2020 de la PMO.1 por la que se resuelve recuperar los importes indebidamente satisfechos a partir del 1 de febrero de 2015 de conformidad con el artículo 85 del Estatuto.

Anule, en su caso, la decisión de desestimación de su reclamación de 3 de septiembre de2020.

Condene a la parte demandada al abono de una indemnización por el perjuicio moral sufrido por la parte demandante, evaluado ex aequo et bono en 10000euros.

Condene en costas a la parte demandada.

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 85 del Estatuto al no cumplirse los requisitos para su aplicación. A este respecto, la parte demandante considera en particular que la Administración no ha demostrado que la demandante sabía o habría debido saber que no tenía derecho a la indemnización de expatriación tras una única contratación previa en el año2009.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio del plazo razonable. La parte demandante invoca a este respecto el hecho de que la vulneración del plazo razonable también ha tenido como consecuencia la pérdida de la posibilidad de demostrar la existencia de una residencia habitual fuera del Reino Unido durante el período afectado, precisando que las obligaciones de registro no exceden, como regla general, de una duración de diezaños.

Tercer motivo, basado en una actuación administrativa ilícita que conlleva una obligación de reparación de la Administración frente a la parte demandante. Según esta, la actuación ilícita consiste en el error cometido por la Administración en la fijación de sus derechos pecuniarios en el momento de su toma de posesión.

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