RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO (DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD) NÚMERO 47/2022.
Suprema Corte de Justicia de la Nación

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO (DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD) NÚMERO 47/2022.

Fecha: 07-Dic-2022

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO (DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD) NÚMERO 47/2022.

INCONFORME: IVÁN JOSÉ GALVÁN MENDOZA.

PONENTE:

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

COTEJÓ

SECRETARIA:

GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

elaboraron:

VALERIA PALMA LIMÓN Y MARISOL TORRES MALDONADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Apartado

Criterio y decisión

Págs.

I.

INCOMPETENCIA

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es incompetente para conocer de este recurso de inconformidad.

3

II.

RESOLUTIVO

ÚNICO: Remítanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno.

9

RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO (DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD) NÚMERO 47/2022.

INCONFORME: IVÁN JOSÉ GALVÁN MENDOZA.

VISTO BUENO.

PONENTE:

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

COTEJÓ

SECRETARIA:

GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

elaboraron:

VALERIA PALMA LIMÓN Y MARISOL TORRES MALDONADO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de dos mil veintidós.

V I S T O S; Y

R E S U L T A N D O:

  1. PRIMERO. Denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, Iván José Galván Mendoza, por propio derecho, denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, esto en contra del Director General, el Secretario Administrativo y, la Subdirectora de Recursos Humanos, todos, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
  2. SEGUNDO. Admisión y resolución. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, tuvo por recibida la denuncia, la registró bajo el número de expediente 5/2022 y la admitió a trámite.
  3. Realizados los trámites procesales correspondientes, dictó resolución el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que declaró infundada la denuncia.
  4. TERCERO. Interposición y trámite del recurso de inconformidad. En contra de esa resolución el denunciante interpuso el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente el dieciocho de agosto de dos mil veintidós; el que fue acordado el veintiséis siguiente y remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el oficio 63356/2022.
  5. CUARTO. Trámite ante este Alto Tribunal. Por auto de siete de octubre de dos mil veintidós, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto con el número 47/2022, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán, así como ordenó que se radicara en la Sala de su adscripción.
  6. QUINTO. Avocamiento. Posteriormente, mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Ministra Presidenta de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto, así como remitió los autos al Ministro Ponente para la formulación del proyecto respectivo.

C O N S I D E R A N D O:

  1. ÚNICO. Incompetencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es competente para conocer del presente recurso de inconformidad.
  2. Al respecto, es importante señalar que previo a la emisión del “DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, la Suprema Corte, a través de sus Salas, tenía competencia para conocer de los recursos de inconformidad previstos en la fracción IV [1] del numeral 201 de la Ley de Amparo, con apoyo también en el diverso 21, fracción XI [2] , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción XVI [3] y tercero [4] del Acuerdo General Plenario 5/2013.
  3. Sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto referido, esa competencia recae ahora en los tribunales colegiados de circuito.
  4. Para explicar el cambio normativo es necesario hacer referencia a la exposición de motivos de una de las Iniciativas que antecedieron al Decreto, que en lo que interesa contiene lo siguiente:

“5. Actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se propone establecer como atribuciones de la Suprema Corte varias que le son otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u otros ordenamientos, pero que al día de hoy no encuentran reflejo en el listado de competencias.

Por ejemplo, no obstante que la Constitución vigente establece las atribuciones del Alto tribunal para revisar de oficio la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión de derechos y garantías; resolver la constitucionalidad de la materia de las consultas populares, o resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública, éstas no habían sido incorporadas en la Ley Orgánica, por lo que ahora se incluyen para dar congruencia al orden normativo.

(…)

Por otra parte, se señala con claridad que la Suprema Corte conocerá de los recursos de revisión en amparo contra normas generales, sin que sea necesario especificar si se trata de ordenamientos federales o locales, o tratados internacionales, ya que la distribución de esos asuntos en Pleno o Salas se determina en acuerdos generales. Asimismo, se especifica que cuando el Alto Tribunal ejerce su facultad de atracción en amparo, puede hacerlo respecto a cualquier recurso previsto en la ley de la materia. Finalmente, el Alto Tribunal, a través de sus Salas, ya no conocerá de conflictos competenciales entre autoridades jurisdiccionales del país (pues ello corresponderá a los Plenos Regionales), y únicamente conocerá las denuncias de contradicción de criterios que sustenten los Plenos Regionales o los tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones (las que se susciten entre tribunales colegiados de circuito de una misma región corresponderán al Pleno Regional competente).

En este sentido, si el objetivo es que la Suprema Corte se avoque a sus funciones constitucionales, es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad.

(…)

5. Fortalecer las competencias de la Suprema Corte para que se enfoque en los asuntos que tengan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Se ajusta la ley de amparo (sic) al texto constitucional y se propone modificar el artículo 81 sobre la procedencia del amparo directo en revisión. Ahora, la regla de procedencia le otorga a la Suprema Corte mayor flexibilidad para determinar los casos en que el recurso de revisión en amparo directo resulta procedente, es decir conocerá de este recurso, cuando a su juicio, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Para enfatizar que el recurso de revisión en cuestión es de admisión discrecional se propone establecer que los acuerdos de (sic) que desechen el recurso de revisión en amparo directo son inimpugnables.

En este mismo sentido se elimina la competencia de dicho Alto Tribunal para resolver recursos de inconformidad e incidentes de cumplimiento sustituto para transferirlas a los tribunales colegiados de circuito. En efecto, dichos recursos muy rara vez implicaban un pronunciamiento que ayudara a desarrollar la doctrina constitucional y de derechos humanos de la Suprema Corte.

Con estos cambios se consolida a la Suprema Corte como un verdadero Tribunal Constitucional y se le permite se concentre en la resolución de los asuntos de mayor trascendencia y que pueda generar una sólida doctrina que proteja los derechos de todas y todos.

(…)”.

  1. De la transcripción se advierte que la reforma buscó consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional, eliminando de su competencia los asuntos que no implican un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos, como lo son, la resolución de recursos de inconformidad e incidentes de cumplimiento sustituto, para transferirlos a los tribunales colegiados de circuito y así privilegiar que el Alto Tribunal resuelva los asuntos de mayor trascendencia.
  2. En esos términos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 38, fracción IV, dispuso de manera general que corresponde a los tribunales colegiados de circuito la competencia para conocer y resolver los recursos de inconformidad regulados en la Ley de Amparo, incluido el previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, aunado a lo dispuesto en el diverso 203 de esa Ley que establece que el órgano jurisdiccional ante quien se presenta el recurso de inconformidad debe remitirlo al tribunal colegiado de circuito para que lo resuelva.
  3. Lo antedicho, en términos de la legislación que a continuación se transcribe:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

CAPÍTULO III DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:

(…)

IV. Del recurso de inconformidad en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

(…)

Ley de Amparo

CAPÍTULO III

Recurso de Inconformidad

Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución

que:

(…)

(…)

Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio al tribunal colegiado de circuito, el cual resolverá allegándose de los elementos que estime convenientes.

  1. Por tanto, derivado del nuevo esquema normativo es que se explica que son ahora los tribunales colegiados de circuito quienes cuentan con la competencia para resolver, entre otros asuntos, los recursos de inconformidad previstos en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente.
  2. No se desconoce que el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, establezca en el punto segundo, fracción XVI, que el Pleno del Alto Tribunal conservará la competencia originara para conocer y resolver del recurso de inconformidad contenido en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, cuando se interponga en contra de resoluciones que declaren infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad; empero, a pesar de su vigencia, lo cierto es que derivado de las reformas mencionadas, por razón de jerarquía normativa, la regla del Acuerdo General ya no resulta aplicable porque no es acorde a la legislación vigente a partir del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno.
  3. En esos términos, lo conducente es declarar la incompetencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver el recurso de inconformidad de que se trata, por lo que se ordena remitir los autos al tribunal colegiado de circuito en turno, para su resolución.
  4. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO: Remítanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, envíense los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA.

PONENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA

CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

  1. “ Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: (…)

    IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad”. ↑

  2. “ Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (…)

    XI. Las demás que expresamente les encomiende la ley”. ↑

  3. “ SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: (…)

    XVI. Los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, cuando así lo requiera la Sala en la que esté radicado el asunto respectivo y el Pleno lo estime justificado, y (…).” ↑

  4. “TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito”. ↑

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