SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0132/2022-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2021, cursante de fs. 90 a 104 vta., los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mantuvieron una relación laboral de forma continua durante siete años con la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas (R.A.) -ahora entidad demandada- (Hugo Mario Mamani Apaza, catorce contratos desde el 8 de abril de 2014 hasta el 30 de junio de 2020; y, Ninoshka Mendoza Rodrigo, dos contratos, desde 1 de julio de 2019 hasta 30 de junio de 2020); en cuyo periodo, en ningún momento fueron objeto de proceso disciplinario ni comunicados con alguna causa para su desvinculación, percatándose el 1 de julio de igual año -cuando se disponían a marcar su presencia en el registro biométrico- que sus nombres y números de Cédulas de Identidad habían sido borrados. En razón a que, no podían abandonar sus puestos de trabajo, continuaron con sus funciones, incluso fuera del plazo del último contrato, consignando su concurrencia en los libros de asistencia.

La segunda semana del citado mes, el Jefe de Personal -Marcelo Tapia-, les impidió el ingreso a las oficinas, manifestándoles de manera verbal que se estaba tratando el tema de presupuesto y reducción de personal, comunicando que debían estar pendientes al llamado de recontrataciones; cuando hicieron sus reclamos de forma personal, les informaron que “…vayamos a donde queramos porque no nos correspondía ningún derecho” (sic); razón por la cual, el 9 de julio de 2020, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, denunciando sus despidos injustificados, emitiendo el titular de dicha repartición la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 495/DASC 098/2020 de 26 de agosto, disponiendo la reincorporación de ambos a su fuente laboral.

Con dicha orden, se apersonaron a la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) de la entidad demandada; sin embargo, lejos de cumplir la citada determinación, les indicaron que su acatamiento no era viable; debido a que, interpusieron recurso de revocatoria contra esa decisión; y, pese a que el mismo fue rechazado mediante Resolución Administrativa (RA) 352-20 de 11 de diciembre de 2020, y presentar a la antes referida repartición copia, por segunda vez utilizaron como excusa haber formulado recurso jerárquico, y por ello, deberían aguardar el plazo de noventa días hábiles, cuando conocían perfectamente que la orden de reincorporarlos era de cumplimiento inmediato, sin perjuicio de los recursos administrativos que se pudiesen plantear, tal como señala el Decreto Supremo  0495 de 1 de mayo de 2010; y no obstante que dicho fallo fue notificado el 11 de noviembre del indicado año, no dio observancia a la mencionada orden “hasta la fecha”, ni con restituirlos a sus fuentes laborales o el pago de sus sueldos devengados, incumpliendo normativa constitucional el cual establece que, el trabajo goza de protección del Estado y existe prohibición de despidos injustificados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la alimentación, al agua, a la luz, a la seguridad social, a la educación y a la vestimenta, citando al efecto los arts. 45, 46, 48, 49 y 50 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, ordenando “…el CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA CONMINATORIA J.D.T.L.P./D.S. N°495/DASC/No. 098/2020 de fecha 26 de agosto de 2020 (…) DEBIENDO PAGAR SUELDOS DEVENGADOS Y CUALQUIER OTRO BENEFICIO INHERENTE…” (sic); con costas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de febrero de 2021, según consta en acta cursante de fs. 168 a 171 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogada, ratificaron el contenido in extenso del memorial presentado, y ampliándolo manifestaron que: a) Al ser retirados de su fuente aboral sin causa alguna, alegando un supuesto tema presupuestario y que uno de ellos (Hugo Mario Mamani Apaza) no hubiera asistido a trabajar, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, a objeto de solicitar su reincorporación, apersonándose posteriormente en audiencia ante dicha instancia administrativa arrimando memorando de llamada de atención, el cual señalaba su desvinculación, adjuntando a ese documento el finiquito laboral, indicando que fueron suscritos con sus personas contratos a plazos fijos; por lo que, no estaría concertado en la Ley General de Trabajo, sin justificar de ninguna manera sus despidos; y, b) El 26 de agosto del referido año, la señalada entidad laboral dispuso su reincorporación mediante Conminatoria, sosteniendo que los contratos que firmaron con el ente gestor de salud demandado no se encontraban visados, evidenciando que no existió un debido proceso para su desvinculación; ya que, no fue demostrado proceso administrativo interno por ninguna de las causales del     art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), concluyendo que fueron desvinculados injustificadamente e incumpliéndose la Ley que Coadyuva a Regular la Emergencia por el COVID-19 -Ley 1309 de 30 de junio de 2020-, que prohibía los despidos en época de cuarentena rígida establecida a causa del COVID-19; pese a que, la Conminatoria a restablecerlos en su puesto de trabajo, pago de salarios devengados y demás derechos sociales, fue notificada el 11 de noviembre de 2020, al Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A., no cumplió “hasta el día de hoy”; no obstante que, según la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, las conminatorias son de cumplimiento inmediato.

I.2.2. Informe del demandado

Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A., a través de sus representantes, mediante informe escrito presentado el 11 de febrero de 2020, cursante de fs. 158 a 163 vta., y en audiencia, expresó que: 1) La determinación de no dar continuidad a los contratos de los accionantes fue asumida por el ex Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A.; por lo que, se debió observar la legitimación pasiva; ya que, su persona no causó la lesión que se denuncia, y hasta la presentación de esta acción tutelar, no tuvo conocimiento de la solicitud de reincorporación pedida por los prenombrados, tampoco conocía la Conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz; 2) No fue observado el principio de subsidiariedad, al no haber sido agotada la vía administrativa, y siendo que la entidad laboral interpuso los recursos de revocatoria y jerárquico, los impetrantes de tutela aceptaron el transcurso del procedimiento en sede administrativa, encontrándose este último en trámite; 3) En el caso de Hugo Mario Mamani Apaza, la legalidad de su destitución fue a causa de su inasistencia injustificada por más de seis días continuos, conforme a la prueba remitida por la Unidad de RR.HH. de la institución, y en el marco del art. 16 inc. d) de la LGT; lo cual, no vulneró el debido proceso; y, 4) Con relación a Ninoshka Mendoza Rodrigo, no se optó por su continuidad, bajo la lógica que los cargos que ejerció en los dos contratos laborales suscritos tenían un objeto distinto respecto a las funciones que fungió; además, se trataban de puestos sin vinculación directa con tareas propias o permanentes del ente gestor de salud, siendo un cargo transversal, temporal y de apoyo. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz

Micaela Nancy Balderrama Veliz, Jefa Departamental de Trabajo La Paz, mediante escrito de 11 de febrero de 2021, cursante de fs. 166 a 167, señaló que: la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 495/DASC 098/2020 -de reincorporación-, fue emitida a favor de los solicitantes de tutela, siendo confirmada en su totalidad -emergente del recurso de revocatoria interpuesto por la entidad ahora demandada- por la RA 352-20.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 017/2021 de 11 de febrero, cursante de fs. 172 a 176 vta. denegó la tutela solicitada, sosteniendo -a partir de la legitimación pasiva- que, era preciso demostrar la vinculación entre la autoridad demandada y el acto impugnado, debiendo especificar o identificar claramente al o los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o transgredido sus derechos fundamentales, tal cual fue entendida por la jurisprudencia constitucional establecida a través de las SSCC 0711/2005-R, 0918/2005-R y 0979/2010-R; sin embargo, en el caso, la persona contra la cual se dirigió la acción de amparo constitucional -Director General Ejecutivo de la Caja de Salud de Caminos y R.A.-, no fue quien suscribió los contratos de 3 de enero de 2020, sino fueron firmados por Edgar Jorge Zelada Vargas -antecesor en dicho cargo-, siendo sobre él que debía recaer la demanda; por lo que, la parte demandada carece de legitimación pasiva; razón por la cual, no ingresaron al fondo del análisis.