SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1251/2022-S4

Acotando a este criterio, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, expresó que: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Otro de los elementos, que hacen al debido proceso es el principio de congruencia, expresado en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, que señaló lo siguiente: “...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión”.

Dichos precedentes jurisprudenciales resaltan la importancia que tiene el deber de las autoridades jurisdiccionales, de motivar y fundamentar sus resoluciones; en virtud a que a través del cumplimiento de dichos componentes del debido proceso, lo que optimiza un adecuado ejercicio del derecho a la defensa en favor de partes; también constituye un elemento que permite analizar y controlar de manera eficaz el desempeño de las funciones jurisdiccionales, pues el deber de justificar las resoluciones a través de la motivación y fundamentación configurando una estructura de hecho y de derecho, permite dar a conocer a las partes respecto al por qué de una determinada decisión y los alcances que tiene dicha decisión respecto a un determinado reclamo o a una pretensión formulada; aspecto este último, que tiene relación con el deber de garantizar el principio de congruencia, dado que la motivación y fundamentación de la resolución debe enmarcarse en lo pretendido o solicitado por las partes. Elementos que sin duda permiten, además, que se realice un control efectivo por parte de las diferentes instancias y etapas del proceso, a través de los medios de impugnación que la ley reconoce.

III.2. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria en la jurisdicción constitucional

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado que esta jurisdicción, dada su naturaleza y fines, se encuentra impedida de revisar o sustituir por otra la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los juzgadores y tribunales de las otras jurisdicciones, esto en virtud a que el art. 179.III de la CPE, establece que: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”; por lo que, se la concibe como una instancia independiente del órgano judicial; razón por la que, el Título III, Capítulo Primero de la Norma Suprema, regula al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, existiendo en dicho precepto una clara distinción entre ambas entidades de la estructura jurídica boliviana.

En este entendido; y toda vez que, el art. 178 de la CPE, dispone que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica…”, que la  labor interpretativa según su jurisdicción y competencia que la Constitución Política del Estado reconoce a las otras jurisdicciones entre ellas la de los jueces y tribunales ordinarios, es exclusiva de éstos y no de la jurisdicción constitucional que conforme ya se refirió está concebida como una jurisdicción especializada, que tiene como objetivos el ejercer el control de constitucionalidad en los diferentes ámbitos normativo, tutelar y competencial, así como de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

Ahora, si bien la interpretación legal que ejercen los jueces y tribunales de las otras jurisdicciones es independiente y de atribución exclusiva de éstos, por lo que no puede ser perturbada con la utilización de acciones constitucionales, también se debe tener en cuenta que ninguna jurisdicción está exenta del control que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual puede ingresar a revisar la interpretación realizada por los juzgadores solo cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error evidente, para lo cual  resulta importante la existencia de una carga argumentativa que acredite los presupuestos para que esta jurisdicción pueda ingresar en el análisis de fondo del acto lesivo denunciado.

En ese sentido, la SC 0085/2006-R de 25 de enero, respecto a la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria ha establecido que: “…si bien la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales y administrativas; compete a la jurisdicción constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales”.

En ese orden, la citada Sentencia Constitucional, estableció además que: “…atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria:

1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”.

Ahora, es importante resaltar que quien interpone la acción de amparo constitucional no debe limitarse a hacer una relación o descripción de antecedentes de la causa o simplemente realizar un análisis crítico de la interpretación realizada, sin establecer los derechos y a forma en que dicha interpretación vulneró los mismos, sino que debe explicar por qué considera que la interpretación es arbitraria y no es razonable, en tal entendido la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que: “… para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”.

         En este marco, se tiene claramente establecido que la interpretación de la legalidad ordinaria es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, no siendo posible que esta jurisdicción constitucional irrumpir en esa labor como si la acción de amparo se tratase de un recurso de revisión o una etapa de casación; pues será posible sólo cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y exista evidente afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional; es así que la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, refirió que: “…cabe recordar que el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”

III.3.  Análisis del caso concreto

En el caso en análisis, la parte accionante considera lesionado el debido proceso en sus elementos de motivación, garantía de irretroactividad de la ley y los principios informadores del ordenamiento jurídico en la interpretación de la legalidad ordinaria; toda vez que, los Magistrados demandados, omitieron pronunciarse sobre el agravio expuesto en su recurso de casación por el que alegó que el proceso civil no se orientó a lograr la modificación de la Resolución administrativa, porque en la misma las autoridades administrativas se declararon incompetentes para pronunciarse sobre la devolución de lo pagado en exceso por diecisiete años, porque su competencia se limita solo a los seis últimos meses, y en un proceso contencioso administrativo no se puede pretender que se revoque la resolución administrativa y se ordene a la autoridad que emitió el fallo, que conozca un reclamo que está fuera de su competencia; razón por la que se debió tomar en cuenta que se acudió a la vía civil cumpliendo lo determinado en la vía administrativa; siendo la llamada por ley la vía civil, puesto que, se trata de un proceso entre dos empresas privadas; habiendo incluso aplicado de manera retroactiva la Ley 453 y el DS 2337 a hechos que sucedieron trece y quince años antes.

Previo a ingresar en el análisis de la problemática planteada, en razón a la observación realizada por el tercero interesado, respecto a que no se hubiese cumplido con el principio de inmediatez, corresponde precisar que, conforme se tiene identificado en el apartado de Conclusiones II.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la parte ahora solicitante de tutela fue notificada con el Auto Supremo 417/2020, el 6 de noviembre de 2020, fecha desde la que inició su cómputo el plazo de inmediatez de 6 meses previsto en el art. 129.II de la CPE, teniendo por término el 6 de mayo de 2021; en tal entendido, al haberse interpuesto la acción de defensa en análisis el 4 de igual mes y año, se evidencia que la misma fue presentada en tiempo oportuno, vale decir dos días antes del término antes referido, cumpliendo de esta forma con el principio de inmediatez.

Ahora bien, ingresando en el análisis del caso concreto, se debe precisar que la parte ahora accionante, cuestionó la omisión de pronunciamiento por parte de los Magistrados demandados, respecto al agravio de casación por el que reclamaron que el proceso civil no se orientó a lograr la modificación de la Resolución administrativa, porque en la misma las autoridades administrativas se declararon incompetentes para pronunciarse sobre la devolución de lo pagado en exceso por diecisiete años, porque su competencia se limita solo a los 6 últimos meses, señalando además, que en un proceso contencioso administrativo no se puede pretender que se revoque la resolución administrativa.

Al respecto, se debe señalar que de la revisión y análisis del Auto Supremo 417/2020, se advierte que dicho fallo, identifica el referido agravio en su Considerando IV titulado Fundamentos de la Resolución, en el análisis de los reclamos de forma en su inc. c); toda vez que, el mismo fue formulado por la parte ahora impetrante de tutela, acusando la falta de consideración sobre tal aspecto en el Auto de Vista impugnado en casación, vale decir que, los Vocales de segunda instancia no se hubiesen pronunciado respecto al reclamo de que su demanda no se orientó a buscar la revisión o modificación de la Resolución administrativa pronunciada por el Ministerio de Energía que les hubiese indicado que su competencia solo se limita a los 6 meses de devolución del supuesto pago indebido conforme a norma, solicitando al Tribunal de casación que sean ellos quienes se pronuncien al respecto; reclamo sobre el que, los Magistrados ahora demandados, señalaron que de la revisión de la Resolución Ministerial (RM) 043/20218 de 28 de marzo, emitida por el Ministerio de Energías, que rechazó el recurso de revisión formulado por el Hotel Latino S.R.L. (ahora accionante), se evidencia que dicha parte, acudió a instancias administrativas a través del proceso de reclamación directa cuya vía fue agotada, identificando que el referido fallo  solo estableció que el ente administrativo regulador no tiene competencia para resolver requerimientos relacionados a daños y perjuicios, vale decir , que tal Resolución Administrativa solo refirió que se acuda a la vía llamada por ley para exigir la reparación antes mencionada; señalando asimismo a la parte recurrente que la competencia no obedece a la voluntad de las partes o de la autoridad judicial; por lo que, el hecho de que el recurrente no hubiera cuestionado la decisión del Misterio de Energías, no quiere decir que tal situación hubiese habilitado la competencia de la vía civil para el conocimiento de una causa originada en un proceso administrativo.

Al margen de dicha respuesta, además, se debe señalar que los Magistrados demandados dentro los fundamentos y motivación del Auto Supremo 417/2020, ahora cuestionado, citaron y realizaron un análisis de los arts. 4, 6.I inc b) y 7.I inc. a) de la Ley de la Empresa Pública -Ley 466-, concluyendo que la empresa DELAPAZ S.A., conforme prevé el art. 61 inc b) de la referida ley,  adoptó la tipología de Empresa Estatal Mixta, razón por la que, esta se desenvuelve en el ámbito jurídico como una entidad de carácter público-privado, de manera que no se la puede concebir a primera vista como empresa privada, dado que se debe observar la relación entre el acto lesivo y el derecho lesionado, estableciendo que la empresa Hotel Latino S.R.L., no se halla inmersa en una relación societaria ni en actos de comercio con la empresa DELAPAZ S.A., sino que su conflicto deriva de la mala instalación de energía eléctrica; es decir, la provisión defectuosa de un servicio público que cuenta con un ente regulador propio, dado por el reglamento específico de la Ley General de los Derechos del as Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores para el Sector de Hidrocarburos  y Electricidad, conforme el DS 2337, disponeindo que tal controversia pertenece al procedimiento administrativo.

De tales argumentos, se evidencia que los Magistrados demandados, si cumplieron con su deber de fundamentación y motivación, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; puesto que, de manera clara y puntual, ingresaron a resolver el agravio extrañado por la parte ahora accionante, señalando que la Resolución del Ministerio de Energías solo estableció su falta de competencia en razón a la pretensión de daños y perjuicios, no así sobre la pretensión de la devolución antes mencionada, por otra parte, aclararon al recurrente que la competencia no está sujeta a su voluntad, criterio que además se complementó con el desarrollo y análisis normativo realizado en relación a los arts. 6.I inc. b) y 7.I inc. a) de la Ley de la Empresa Pública –Ley 466–; estableciendo claramente que en el presenté caso no existió una relación de empresas privadas, puesto que, no se trata de una controversia emergente de una relación societaria ni de actos comerciales; sino una emergente de una mala instalación en la provisión del servicio público de energía eléctrica que tiene su propio ente regulador y procedimientos para su reclamación conforme prevé la Ley 453 y el DS 2337.

Asimismo, en el presente caso, se explicó con claridad que la vía civil no es la competente para resolver la pretensión de devolución de los pagos indebidos que se hubiesen realizado a partir de una mala instalación eléctrica; explicándose los motivos y razones para tal determinación y precisando claramente la normativa que reconoce los procedimientos administrativos y el ente regulador para acudir a la vía administrativa, identificando incluso que la parte ahora accionante, llegó a agotar la vía administrativa y que inclusive podía acudir al proceso contencioso administrativo para hacer valer su pretensión; afirmación que resulta correcta, por cuanto, al tratarse la controversia planteada ante el Juez civil, sobre una pretensión de devolución de pagos indebidos por una mala instalación eléctrica, emergente de la provisión de un servicio básico por parte de una empresa pública mixta, esta tiene su propia regulación administrativa, siendo que una vez agotada la estructura de impugnación vertical, la decisión asumida en dicha vía puede aún ser controvertida mediante un proceso contencioso administrativo, para  obtener una decisión jurisdiccional, que determine la procedencia o no de la pretensión de devolución antes referida; no siendo evidente el reclamo de la parte ahora accionante, respecto a la falta de motivación, ni que la vía administrativa no fuese la competente para solucionar su problema, puesto que existen los procedimientos e instancias en dicha vía para la solución a su controversia, conforme le explicó detalladamente el Auto Supremo 417/2020 ahora cuestionado.

Por otra parte, en cuanto al reclamo de aplicación retroactiva de la Ley 453 y el DS 2337, que vulneraría el debido proceso; corresponde precisar que si bien el art. 123 de la Norma Suprema, establece que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”; dicho precepto constitucional claramente establece una prohibición de aplicación de la ley a hechos ocurridos antes de la promulgación o vigencia de la ley, situación que no acontece en el caso presente, en razón a que se debe considerar que en lo referente a la aplicación de la ley en el tiempo, cuando esta es de carácter adjetiva, la norma procesal aplicable al caso es la vigente y en el caso de la norma sustancial, se aplica la vigente al tiempo de la afectación a derecho subjetivo.

En este marco, se debe tener en cuenta que la afectación reclamada por el ahora accionante, conforme refiere el mismo en su acción de amparo constitucional, se produjo el 2017, cuando los mismos técnicos de la empresa demandada en la causa civil identificaron y solucionaron la errónea instalación eléctrica, después de sus reclamos ante la empresa DELAPAZ S.A., tiempo en que se constató la supuesta afectación a los derechos del impetrante de tutela, quien a partir de ello, se legitimó para interponer las acciones que creía pertinentes para la reparación de tal vulneración.

Ahora bien, la Ley 453 y el DS 2337, establecen y regulan el procedimiento aplicable a los casos de reclamos por conflictos o controversias que se susciten en la provisión del servicio público de energía eléctrica, estableciendo las instancias ante las que se deben formular cualquier tipo de controversias emergentes de la provisión de un servicio básico; vale decir que dichos dispositivos legales contienen la normativa adjetiva aplicable al caso, por lo que, al haberse percatado el ahora accionante sobre la supuesta lesión de su derechos en 2017, lógicamente debió ceñirse al procedimiento vigente y acudir ante las instancias administrativas existentes en ese momento a efectos de hacer valer sus derechos; tal como explicó detalladamente el Auto Supremo ahora cuestionado.

Por otra parte, dentro los reclamos formulados por la parte ahora solicitante de tutela en su acción de defensa, se cuestiona también el supuesto incumplimiento de los principios informadores del ordenamiento jurídico en la interpretación de la legalidad ordinaria; no obstante y si bien se desarrollan algunos criterios sobre los mismos, el impetrante de tutela se limita a una exposición de argumentos generales sobre lo resuelto y la aplicación de la norma en el tiempo que, conforme se expuso precedentemente, no es evidente; es así que en todo el argumento propuesto en el memorial de la presente acción tutelar, se advierte la inexistencia de fundamentos claros y expresos que establezcan la forma en que la interpretación de la ley efectuada por los Magistrados demandados hubiese vulnerado los derechos del ahora accionante, exponiéndose únicamente un análisis sobre los métodos de interpretación, sin explicar por qué la interpretación sería arbitraria e irrazonable y cómo esta se vincula a la supuesta lesión de los derechos reclamados, omitiendo además identificar asimismo, cuáles –a su criterio– resultan ser las premisas correctas y las erróneas respecto a los métodos de interpretación transgredidos por las autoridades demandadas; incumpliéndose de esta forma, con los presupuestos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se dispuso que para que esta jurisdicción pueda revisar la interpretación de la legalidad realizada por la autoridad ordinaria, se debe cumplir con ciertos presupuestos como explicar claramente porqué la interpretación cuestionada es arbitraria e irrazonable, siendo necesario para tal fin que se: 1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el Órgano judicial o administrativo; y, 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; presupuestos que se constituyen en requisito imprescindible para esta jurisdicción pueda analizar la labor interpretativa de la legalidad ordinaria, extremo que no fue cumplido en el presente caso, pues el ahora accionante se limitó a citar principios de interpretación y normas o leyes generales que considera fueron aplicadas de manera retroactiva al caso, sin explicar por qué los fundamentos esgrimidos en dicha interpretación serían arbitrarios y menos cómo esta hubiese lesionado sus derechos, restringiendo los argumentos de su demanda tutelar a exponer criterios de disentimiento con lo resuelto por los Magistrados demandados.

Por todo lo expuesto ut supra, no resulta evidente la lesión del debido proceso en los elementos acusados en la presente acción de defensa, puesto que, del análisis del Auto Supremo 417/2020, ahora cuestionado, se advierte que los Magistrados ahora demandados, cumplieron con su deber de fundamentación y motivación, exponiendo los motivos y razones por los que declaró infundado el recurso de casación formulado por la parte ahora solicitante de tutela, quien además no cumplió con los presupuestos exigidos por la doctrina de las auto restricciones, a efectos de que la jurisdicción constitucional pueda ingresar a la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales y aplicación de los preceptos constitucionales.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 114/2021 de 14 de junio, cursante de fs. 194 a 201, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.