Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0742/2024-S1

Fecha: 31-Dic-2024

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0742/2024-S1

Sucre, 31 de diciembre de 2024

SALA PRIMERA

Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller

Acción de libertad

Expediente: 49259-2022-99-AL

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 223/2022 de 23 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza y María del Carmen Raquel Arista Diaz en representación sin mandato de Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez contra Eduardo Del Castillo Del Carpio, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia; Carlos Renan Cortez Callizaya, Fiscal de Materia; y, Luis Alberto Calle Loza y Wascar Mario Choque Tapia, Funcionarios Policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de julio de 2022, cursante de fs. 1 a 14, los accionantes a través de sus representantes sin mandato expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El día 21 de julio de 2022, al finalizar la marcha convocada por el sector médico y organismos de defensa de derechos, mientras se dirigían a sus domicilios a horas 13:00 aproximadamente, fueron arrestados por más de ocho horas, sin razón alguna; y, de forma ilegal se dispuso su aprehensión dirigiéndolos a instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) donde fueron incomunicados hasta horas de la noche; posteriormente, fueron víctimas de lesiones por grupos de choque del Movimiento al Socialismo y pese a solicitar que sean remitidos al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su valoración, no fueron conducidos.

El Fiscal de Turno, les tomó sus declaraciones imputándoles el delito de tenencia y porte o portación ilícita, ello, aun cuando no portaban armas de fuego, ni municiones, explosivos o relacionados, montando un proceso y criminalizando el derecho constitucional a la protesta.

De igual manera, el Ministro de Gobierno, publicó sus imágenes como si fueran delincuentes, llamándolos organización paraestatal sin prueba alguna; eso, pese a que ninguno de ellos autorizó ser presentado públicamente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso a la libertad y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 15, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada y se ordene: a) La libertad inmediata; y, b) El cese de todas las acciones ilegales y de persecución indebida que se desplego por el Comandante Departamental de la Policía y de la Fiscalía.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 77 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela ratificaron el tenor íntegro de la acción libertad interpuesta y ampliando la misma señalaron que: 1) Los elementos probatorios contenidos en el cuaderno de investigaciones fueron de conocimiento de la defensa con menos de cinco minutos del inicio de la audiencia de medidas cautelares, pese a la insistencia, se solicitó revisar cuales eran los informes, las requisas o los documentos que se habían colectado, que según la hora que ocurrieron los hechos manifestado por los funcionarios policiales y fiscales se hubieran presentado supuestamente a horas 14:30, siendo esto falso porque sucedieron desde las 12:30 que fueron privados de libertad; 2) Según el Informe de acción directa los funcionarios policiales habrían recibido orden para hacer seguimiento de los ahora accionantes y al haberse efectuado este seguimiento por parte de los funcionarios policiales habrían sido aprehendidos, cuando se encontraban dirigiéndose a sus casas una vez finalizada la marcha, efectivos policiales vestidos de civil los hubieran hecho ingresar a un vehículo trasladándolos a la oficinas de la FELCC, sin permitirles recibir atención médica ni el uso de ingreso al baño, siendo incomunicados de familiares y abogados; 3) Existiendo una persecución indebida, hostigamiento, una aprehensión ilegal contra la libertad y vida de los accionantes por parte de las autoridades demandadas en esta acción de libertad, de manera pública fueron presentados ante la prensa como un trofeo por el Ministerio de Gobierno, sin que exista previa autorización por parte de los peticionantes de tutela, los argumentos a detalle se encuentran registrados en el medio digital; 4) Se señaló que existió flagrancia en un hecho en el que supuestamente estuvieran generando violencia, el enfrentamiento o las acciones desplegadas habrían sido a horas 12:25 cuando estaban huyendo de la autoridad policial; sin embargo, la detención fue cuando estaban dirigiéndose cada uno a sus propias casas cuando fueron sorprendidos por los funcionaros policiales -codemandados- quienes estaban vestidos de civiles, sin presentar sus credenciales, los subieron a un vehículo particular y los trasladaron hasta la FELCC sin informar cuál es delito, y la razón de su detención y tan solo hacen informe a horas 14:30; 5) Según el Informe de acción directa de los funcionarios policiales fueron ocho detenidos de los cuales los tres accionantes fueron aprehendidos y no portaban cédula de identidad y los otros cinco fueron arrestados, sin señalar cual fue la diferencia para aprehender a unos y para arrestar a otros; 6) En el acta de requisa personal de cada uno de los aprendidos y arrestados se pudo identificar claramente que a partir del acto que hubiera dado inicio de las requisa personal a horas 17:15 el mismo hubiera sido elaborado antes de entregar el informe de acción directa a cada uno de los detenidos; 7) El Ministerio Público actúo de conformidad al art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP), imputando formalmente a Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez por la presunta comisión del delito de “tenencia porte o portación ilícita” previsto en el art. 141 quinter del Código Penal (CP), considerando que el petardo es un explosivo, además de señalar que se encontró una botella con contenido líquido, color rojo con el nombre “Tosi” lo cual es falso sino decía Tostano y sería una botella con contenido vinagre; 8) El Informe de acción directa, firmado por Huáscar Mario Choque Tapia y Luis Alberto Calle Loza, funcionarios policiales de inteligencia; 9) Existe un requerimiento por el Fiscal de Materia que dispone la libertad de los cinco arrestados al no haberse individualizado a los autores, participes y testigos, dentro de estos arrestados se encontraría cuatro tenientes de la infantería Luis Alfredo Lero Condori, Oscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado y Álvaro Barcaya; 10) Existiendo una persecución indebida, un hostigamiento y una aprehensión ilegal contra la libertad de los ahora accionantes por parte de las autoridades demandadas.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Eduardo Del Castillo Del Carpio, Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 23 de julio de 2022, cursante de fs. 33 a 37 vta. y en audiencia de acción de libertad manifestó que: i) Los peticionantes de tutela no demostraron que están siendo indebidamente o ilegalmente procesados y como el Ministerio de Gobierno, hubiera instaurado procesos contra los accionantes o que estén ilegalmente perseguidos, estos aspectos son concernientes a la autoridad fiscal y judicial quienes están obrando en apego de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal; tampoco que hayan sido ilegalmente detenidos, o que su vida o integridad física está en peligro; ii) El parte impetrante de tutela solicitó la libertad inmediata y cese de presunta persecución indebida; empero, no establece como el Ministerio de Gobierno privó de libertad o generó persecución alguna; iii) En relación al hecho descrito el 21 de julio de 2022, ya se cuenta con un proceso penal instaurado con la aprehensión de personas investigadas y se encuentra bajo control jurisdiccional de autoridad judicial, y con un director funcional de las investigaciones; iv) Se efectúo la enunciación de derechos como, protesta y libertad de expresión, libertad de asociación, seguridad jurídica, vida, integridad personal, libertad y seguridad personal, debido proceso, presunción de inocencia, pero de su enunciación no se tiene una relación o nexo con la conculcación de derechos constitucionales, ni mucho menos los derechos invocados y como fueron vulnerados; y, v) El Director Funcional de las Investigaciones conforme al art. 297 del CPP, es quien se constituye en el Fiscal de Materia asignado al caso, quien dentro de los plazos legales comunico conforme al art. 298 del citado Código dando parte al Juez de Instrucción de las investigaciones, el art. 227.1 de la citada Norma Adjetiva Penal sobre la aprehensión por la policía cuando ya sido sorprendido en flagrancia, y el art. 54 de la referida Norma establece la competencia del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, encontrándose este proceso bajo Control Jurisdiccional; por lo que, no es posible obviar en el presente caso de autos la subsidiariedad, al haber interpuesto el recurso de apelación a los incidentes que cuestionan la legalidad de aprehensión y la imputación.

Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 23 de julio de 2022, cursante de fs. 46 a 47, refirió que: a) Ingresó al turno diurno en la FELCC, en el centro de la ciudad el 21 de citado mes y año a horas 16:00, mediante Informe policial de acción directa los funcionarios policiales Wascar Mario Choque Tapia y Luis Alberto Calle Loza, condujeron en calidad de aprehendidos a los ahora accionantes y otras cinco personas en calidad de arrestados, constando la hora de la acción directa a las 14:30, a partir del cual corrieron los plazos tanto del arresto como de la aprehensión; b) El hecho fue calificado, tanto en el informe policial como en las Directrices emitidas por el suscrito Fiscal, como tenencia porte y portación ilícita, previsto y sancionado en el art. 141 quinter del CP; c) Los tres aprehendidos prestaron sus declaraciones informativas ante el suscrito Fiscal por el delito antes mencionado, en presencia de sus abogados defensores a horas 22:00 dentro de las ocho horas como establece el art. 225 del CPP, se hizo la entrega del requerimiento fiscal al investigador asignado al caso para que cese el arresto de las otras cinco personas; d) El 22 del referido mes y año, luego de concluido el turno diurno, el caso fue derivado al Fiscal de Materia Omar Alcides Mejillones Copana de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de La Paz, en cuya suplencia asumió el caso la Fiscal de Materia Ingrid Roció Feraudi Guerra de la misma Fiscalía Especializada; e) La mencionada Fiscal de Materia, presentó Resolución de Imputación Formal contra Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez -ahora accionantes-, siendo sorteado y remitidos al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; f) La autoridad judicial por decreto de 22 de julio de 2022, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 22 del indicado mes y año a horas 16:20, dicha audiencia concluyó alrededor de las 20:00, disponiendo la detención preventiva de los imputados en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento por el plazo de tres meses, programándose audiencia para la reconsideración de su situación jurídica para el 21 de octubre del mismo año a horas 9:30; g) Contra esa determinación presentaron recurso de apelación incidental, cuyo trámite está regulado por el art. 251 del CPP, cuestionando la ilegalidad de la aprehensión y la misma imputación formal, por lo que programó audiencia de consideración de incidentes para el 28 de julio de 2022; h) La parte accionante acudió a la jurisdicción constitucional y paralelamente tienen abierta mecanismos intra procesales de carácter jurisdiccional ordinario dentro del proceso penal en curso; y, i) La interposición de una misma pretensión en dos vías; vale decir, en la jurisdicción ordinaria a través de medios intra procesales idóneos e inmediatos y de manera simultánea en la jurisdicción constitucional, con la finalidad de que ambas jurisdicciones resuelvan respecto a un mismo acto lesivo, no es posible, en razón que ante una eventual resolución contraria sobre una idéntica pretensión, podría generar disfunción procesal; por lo que, al existir medios intraprocesales activados por los accionantes, y la imposibilidad de abrir doble jurisdicción y bajo el principio de subsidiariedad, solicita denegar la tutela impetrada.

Wascar Mario Choque Tapia y Luis Alberto Calle Loza, funcionarios policiales de la Policía Nacional por informe escrito presentado el 23 de julio de 2022, cursante a fs. 52 y vta. y en audiencia de acción de libertad, señalaron que: 1) El 21 de julio de 2022, miembros de los sectores sociales “CONADE, SALUD, PLATAFORMA RESISTENCIA CIVIL LA PAZ” (sic), convocaron a horas 10:00 a una concentración en inmediaciones del Hospital de Clínicas, una vez que se reunieron, iniciaron una marcha con dirección a la Plaza Bolivia por la Av. Capitán Ravelo, por otra parte en inmediaciones de la indicada avenida existía otra marcha de la Coordinadora de Organizaciones Colectivas y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto que venía de la Av. Saavedra, es así que a horas 12:25 aproximadamente, en inmediaciones de la Av. Arce y Calle Montevideo ambas marchas se encontraron, ante este hecho se observó que algunas personas de la primera marcha CONADE, SALUD, PLATAFORMA RESISTENCIA CIVIL LA PAZ, protegidos con escudos, cascos, chalecos artesanales, protagonizaron hechos de agresión con piedras, petardos y otros objetos contra la humanidad de los componentes de la segunda marcha (Coordinadora de Organizaciones Colectivas y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto), así como a vehículos que se encontraban estacionados por el lugar; 2) Razón por la cual, se procedió a realizar el seguimiento de estas personas con el fin de preservar el orden público y que no se cometan más daños a terceros ni daños a la propiedad pública ni privada, se nos ordenó identificar y seguir a estas personas, que de manera flagrante estaban cometiendo actos ilegales; y, 3) Posteriormente, luego de su desconcentración se dirigieron hacia la Plaza Abaroa donde a horas 14:30 aproximadamente se logró intervenirlos a la altura de la calle Pedro Salazar, frente al Ministerio de Defensa, donde se realizó la intervención, identificándolos con la posesión de objetos llegándose a aprehender a: “…1. Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mochila Azul, marca TOTTO conteniendo en su interior petardos y una botella transparente con tapa amarilla conteniendo liquido de color rojo con descripción TOSI y escudo de metal artesanal. 2. Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera -Mochila Azul marca Kliping conteniendo en su interior petardos, una cantidad considerable de piedras, resortera y escudo de metal artesanal. 3. Ricky Blas Freese Rodríguez - Bolsa roja que contenía una gran cantidad de petardos, una caja conteniendo un juego artificial, piedras y un escudo de metal artesanal” (sic), a su vez, se arrestó a cinco personas identificadas en la posesión de otros objetos como ser escudos, petardos y otros objetos quienes estaban en compañía de los otros tres quienes mostraron su molestia por la detención, siendo identificados como: Oscar Sánchez Céspedes, Hugo Herrera Mercado y Álvaro Barcaya Mamani, Luis Alfredo Lero Condori y Ana Karerine Rada Alba, todos fueron conducidos a la FELCC, División Plataforma, donde fueron dejados a cargo del funcionario policial Rodrigo Coaquira Meneses.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 223/2022 de 23 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos i) Las partes hicieron conocer que el proceso se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes por la presunta comisión del delito de “tenencia y porte o portación ilícita” (sic.); ii) La parte impetrante de tutela hace referencia que existiría una persecución indebida contra los accionantes por parte de las personas demandadas, ya que de forma ilegal habrían procedido a la aprehensión y existiría un hostigamiento contra ellos por parte del Ministerio de Gobierno; iii) En audiencia de medidas cautelares realizada el 22 de julio de 2022, el Juez Cautelar dispuso la detención preventiva por tres meses de los ahora peticionantes de tutela; iv) La audiencia de medidas cautelares es la instancia para denunciar estas persecuciones indebidas y actos ilegales efectuados por las autoridades demandadas, es decir ante el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, teniendo la obligación de ejercer control de los actos investigativos realizados por el Ministerio Público y de los actos de los funcionarios policiales que intervinieron en el proceso penal; v) Cuando existe imputación o acusación formal y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende afecta el derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a la acción de libertad se debe apelar la misma para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad supuestamente denunciada, instancia para denunciar la presunta persecución indebida, la ilegalidad de los actos realizados contra los accionantes por parte de las autoridades del Ministerio Público, los funcionaros policiales y el Ministerio de Gobierno, ya que es el juez es quien ejerce control jurisdiccional; y, b) No se puede de manera directa acudir ante el Juez de garantías; por lo que, la parte impetrante no cumplió con el principio de subsidiariedad que requiere en esta acción de libertad y la audiencia de medida cautelar es donde debe observarse los actos ilegales, la persecución indebida por parte de las autoridades demandadas e interponer los recursos correspondientes ante el Juzgado que ejerce el control jurisdiccional y no acudir directamente ante el Juez de garantías constitucionales.

En la vía de complementación y aclaración los accionantes solicitaron la aclaración en cuanto al derecho vulnerado de ser expuestas sus imágenes cuando nuevamente se remite al control jurisdiccional quien fue también vulneradora de los derechos de los prenombrados.

En respuesta señaló que el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, es quien ejerce el control jurisdiccional dentro del proceso penal que se sigue en contra de los ahora impetrantes de tutela, y que no sería parte de las autoridades demandadas en esta acción de libertad, y que de acuerdo al informe efectuado por el Fiscal de Materia y los otros demandados apelo la resolución de medidas cautelares, al Juez de control jurisdiccional estando pendiente de resolución en el Tribunal de alzada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Memorial de 22 de julio de 2022, presentado por Ingrid Roció Feraudi Guerra, Fiscal de Materia, en suplencia de Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia asignado al caso, quien se dirige al Juez de Instrucción Penal Cautelar (turno) del departamento de La Paz, comunicando el inicio de investigaciones, imputando formalmente y remite a los aprehendidos a través de Resolución de Imputación Formal O.A.M.C.74/2022, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistentes en la detención preventiva de los imputados Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez -ahora accionantes- sea en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, por el periodo de tres meses, por la presunta comisión del delito de “tenencia y porte o portación ilícita” (sic) previsto y sancionado en el art. 141 quinter del CP (fs. 39 a 45).

II.2. Por providencia de 22 de julio de 2021, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, señala audiencia (virtual) de medidas cautelares para el mencionado día a horas 16:20 (fs. 15 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la defensa, al debido proceso, persecución ilegal y a la presunción de inocencia; toda vez que, concluida la “marcha por la democracia” convocada por los médicos y activistas cuando retornaban a sus domicilios sin orden expresa de autoridad competente fueron indebidamente privados de libertad e ilegalmente aprehendidos, mediante acción directa, incurriendo en las siguientes ilegalidades por: 1) El Ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia , presento sus imágenes públicamente en medios de comunicación como si fueran delincuentes, identificándolos como una “ORGANIZACIÓN PARAESTATAL”, criminalizando el derecho a la protesta; 2) El Fiscal de Materia emitió ilegalmente imputación formal en su contra por el delito de “tenencia y porte o portación ilícita” sin portar armas de fuego ni municiones, o explosivos, ni materiales relacionados; y, 3) Funcionarios policiales por órdenes superiores hicieron el seguimiento a los accionantes y cuando retornaban a sus domicilios, estos vestidos de civil de forma injustificada, sin orden judicial los hubieran subido a un vehículo trasladándolos a la FELCC siendo incomunicados de familiares y defensa y pese al pedido ser remitidos al IDIF para su valoración médica no fueron atendidos.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; ii) Presupuestos de activación de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica;y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1067/2021-S3; 0811/2021-S1; 0762/2021-S2; y, 0235/2020-S1; 0560/2020-S1, entre otras.

El principio de subsidiariedad excepcional, que exige el agotamiento de los recursos ordinarios establecidos por ley previamente antes de acudir a la vía constitucional, no forma parte de la naturaleza de la acción de libertad, pues por su ámbito de protección de los derechos a la libertad personal y de locomoción y a la vida, justamente su trámite tiene carácter sumarísimo, inmediato e informal.

En este sentido, de acuerdo al entendimiento efectuado en la SC 0982/2000-R, el entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad- no requería que la persona previamente acuda a la jurisdicción ordinaria para agotar los recursos ordinarios a fin de reparar la lesión de su derecho a la libertad, pues la vía constitucional estaba expedita para ello; sin embargo, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 160/2005-R de 23 de febrero, moduló este entendimiento y estableció excepciones en las que era permisible declarar la improcedencia del citado recurso al existir otros medios o recursos inmediatos, expeditos e idóneos, lo cual empero implica que la aplicación del principio de subsidiariedad tiene carácter excepcional; toda vez que, “si el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa que tenga las características de idoneidad, especificidad e inmediatez, es posible, a través del habeas corpus, analizar las supuestas lesiones al derecho a la libertad ^{^[1]}.

En este marco, la SCP 0026/2010-R de 13 de abril, respecto a la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión Fiscal, en su ratio decidendi señaló que:

“…de conformidad a lo previsto por el art. 54 inc. 1) del CPP le compete controlar la investigación; por ende, es al mencionado Juez a quién le corresponde analizar los argumentos fácticos y jurídicos, como también valorar la prueba aportada por las partes, a objeto de determinar conforme a derecho la legalidad o no de las actuaciones policiales y de la aprehensión fiscal, y precisamente dicha autoridad jurisdiccional -a momento del análisis de la acción tutelar- ya ha fijado fecha y hora para la consideración de las supuestas ilegalidades en la aprehensión del imputado hoy accionante; y toda vez que está bajo control jurisdiccional, será esa la autoridad que determine su libertad, si es que corresponde; motivo por el cual no es posible conceder la tutela solicitada, por cuanto la presente acción, no es la vía idónea para revisar y valorar las actuaciones de dichos funcionarios, mucho menos para ordenar la libertad del recurrente”.

Ahora bien, con la finalidad de delimitar los casos excepcionales en los cuales no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de la acción de libertad, en el marco de la aplicación de los valores de equilibrio y complementariedad de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, es que en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se estableció los siguientes supuestos de subsidiariedad:

“Primer supuesto:

Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación (el resaltado y subrayado fueron añadidos).

Segundo Supuesto:

Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

Sin embargo, la citada Sentencia Constitucional, en el caso de que se denuncie la vulneración del derecho a la vida por medio de la acción de libertad ha establecido que no opera la improcedencia por subsidiariedad.

Igualmente, sobre la activación simultánea de jurisdicciones distintas en la acción de libertad, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo^{^[2]}, estableció que:

“…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

Por su parte, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, efectuó el cambio de línea jurisprudencial que fue establecida en la primera parte del primer presupuesto de la SC 0080/2010-R, en virtud al ámbito de protección de la acción de libertad; toda vez que, si el Juez cautelar no tiene conocimiento del inicio de investigación o si en un caso ajeno que no implique un delito, las personas, los servidores públicos y por ende las fuerzas del orden público como la autoridad Fiscal tienen la obligación de dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado y respetar el derecho a la libertad, en ese entendido se instituyó que:

“…en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad”.

De acuerdo a lo señalado la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, ha mantenido el razonamiento efectuado en la segunda parte del primer presupuesto de SC 0080/2010-R, al señalar que:

“…cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54.1 del CPP, establece que entre las competencias del Juez de Instrucción en lo Penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el Juez de Instrucción en lo Penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas fueron añadidas).

De otro lado, la SCP 0360/2012 de 22 de junio, en cuanto a la competencia para conocer una denuncia de vulneración del derecho a la libertad señaló como excepción a lo establecido ya por la jurisprudencia lo siguiente:

“Cuando no existe al menos una denuncia o investigación penal abierta contra la persona, o que al momento de su aprehensión ni siquiera se le sorprendió en la comisión de un delito flagrante, situación que posibilita ingresar directamente al análisis de fondo de la causa a través de la acción de libertad, sin necesidad de acudir ante el Juez cautelar, al no existir los medios inmediatos y eficaces previstos por ley para que opere el carácter excepcional de subsidiariedad de la acción de libertad”.

Así también, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0482/2013 de 12 de abril, vio la necesidad de realizar una aclaración en relación al Juez de Instrucción de turno como instancia previa antes de activar la acción de libertad y unificar la interpretación que desarrollaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012 y 0360/2012, para así efectuar una integración marco de la línea jurisprudencial con la finalidad de que las personas puedan acceder de manera efectiva a la jurisdicción constitucional y asimismo facilitar el trabajo de los operadores de justicia y otorgar seguridad y certeza respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad en la acción de libertad.

En este entendido, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional unificando la jurisprudencia señalada precedentemente, estableció de manera excepcional los siguientes escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la mencionada acción de defensa:

“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2. Cuando el Fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el resaltado fueron incluidos).

Asimismo, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, realizó la modulación de la SCP 0185/2012 y el primer presupuesto establecido en la SCP 0482/2013, sobre la posibilidad de la presentación de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, bajo los siguientes presupuestos:

“i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o,

ii) Cuando, existiendo dicha vinculación: ii.a) No se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; o cuando ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.

No siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad Fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional (las negrillas nos pertenecen).

Sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, también explicó que el razonamiento señalado precedentemente no implica un desconocimiento a la previsión contenida en el art. 303 del CPP, el cual establece que si el Fiscal no formaliza la imputación formal de la persona que se encuentra detenida dentro del plazo de veinticuatro horas desde que tomó conocimiento de la aprehensión; “el juez de la instrucción dispondrá, de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido…”; la cual fue prevista para los supuestos en los que existe una autoridad jurisdiccional identificada, pues en este caso se comprende que el Fiscal ya dio aviso al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones. De igual forma, aclaró que si la persona acude directamente al Juez de instrucción “…la persona aprehendida ya no podrá acudir de manera paralela con su reclamo ante la justicia constitucional a través de la acción de libertad, sino sólo cuando dicha autoridad jurisdiccional de turno no hubiere reparado la supuesta lesión denunciada por el imputado”.

De la sistematización jurisprudencial efectuada, se concluye que la acción de libertad no tiene carácter subsidiario por su naturaleza jurídica; empero, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se establecieron excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la referida acción tutelar para resolver la vulneración denunciada y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, en tal sentido, de acuerdo a la modulación efectuada por la jurisprudencia, en lo concerniente a la jurisdicción competente para conocer la presunta lesión del derecho a la libertad, queda establecido que, cuando el Fiscal hubiera dado a conocer el inicio de la investigación al juez de turno o la imputación formal, queda plenamente identificado el Juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; en consecuencia, corresponde que la persona acuda previamente a dicha autoridad judicial para que resguarde ese derecho y en caso de que el mismo no lo restablezca recién se puede acudir a la instancia constitucional, de lo contrario si se acude directamente ante esta jurisdicción se aplica la subsidiariedad excepcional y no se ingresa al fondo del asunto reclamado.

III.2. Presupuestos de activación de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica

Este medio de defensa extraordinario, ya estaba previsto en la Constitución abrogada con la denominación de habeas corpus, así en su art. art. 18.I, establecía que: “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notarial o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales…”; así se tiene que la finalidad de esta acción de defensa, fue crear un medio de defensa breve y sumario, cuyo objetivo principal sea conservar o recuperar la libertad, cuando ella hubiere sido indebida o arbitrariamente vulnerada, a través de un mecanismo pronto oportuno y efectivo (SC 0160/2005-R de 23 de febrero)^{^[3]}.

Bajo similar concepción, pero esta vez con la denominación de acción de libertad, la Constitución Política del Estado actual, establece en el art. 125 que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

De este precepto constitucional se puede advertir importantes modificaciones, pues la actual norma fundamental extiende su ámbito de protección a través de la acción de libertad al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido; así también la posibilidad de presentar la acción de libertad contra particulares; de la misma forma, este medio de defensa, goza de características esenciales que hacen a su efectividad, las mismas que fueron manteniéndose desde inicios, como son, el informalismo, la inmediatez, la sumariedad, generalidad y la inmediación, mismas que en el nuevo modelo constitucional se mantienen y más bien, con una visión amplia y progresiva amplió el contenido de algunas de esa características incorporando en el caso del informalismo, la posibilidad de presentación oral de la acción de libertad; en la inmediación, porque el juez o Tribunal de garantías puede disponer que el accionante sea conducido a su presencia, o la autoridad acudir al lugar de la detención; y, la competencia, ya que al establecer que las autoridades competentes para conocer las acciones de libertad sean los jueces o tribunales en materia penal facilita su efectividad, puesto que las vulneraciones a derechos fundamentales en la mayoría de los casos devienen de esta materia.

Así, a la luz del nuevo modelo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián y máximo interprete la Constitución Política del Estado, fue sentando vasta jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de la acción de libertad, entre ellas la SCP 0011/2010-R de 6 de abril, estableció e que:

“La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22y 23.I de la CPE”

En esa misma línea, y siguiendo la extensión de su ámbito de protección a través de las interpretaciones que realizó este Tribunal, la SCP 0023/2010-R de 13 de abril^{^[4]}, estableció que el derecho a la locomoción dada la íntima relación que existe con el derecho a la libertad física, también puede ser invocado mediante la interposición de la acción de libertad.

En ese sentido, y teniendo en claro que derechos tutela la acción de libertad y de conformidad a lo previsto por el art. 125 de la CPE, esta acción tutelar puede ser presentada por toda persona física en los siguientes casos: a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) Cuando es ilegalmente privada de libertad personal.

Así, sobre la acción de libertad, su finalidad, ámbito de protección y supuestos de procedencia, fueron reiterándose por la jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 0037/2012 de 26 de marzo^{^[5]}, que analizando la esencia de esta acción de defensa y los presupuestos que deben concurrir para su activación, estableció que:

…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

(…)

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos pertenecen).

En tal sentido, se tiene que la acción de libertad es una garantía constitucional, que se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, destinada para el resguardo y protección de los derechos fundamentales como la libertad física o corporal de las personas, así como el derecho a la vida, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido; y, el derecho a la locomoción; su conocimiento es competencia del juez en materia penal debido al principio de especialidad; su tramitación es especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, está regida por el principio de informalismo, así como el de generalidad e inmediación, características que hacen que se la catalogue como una acción de defensa extraordinaria, pues, puede ser activada en contra de cualquier servidor público o persona particular, que vulnere los derechos mencionados; y, por ultimo no reconoce fueros ni privilegios.

III.3. Análisis del caso concreto

A fin de resolver la presente problemática inicialmente se debe revisar los antecedentes que circundan al presente caso, así se tiene que, el 22 de julio de 2022, la Fiscal de Materia, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, en suplencia de Carlos Renán Cortez Callizaya, Fiscal asignado al caso se dirige al Juez de Instrucción Penal Cautelar (turno) del departamento de La Paz, comunicando el inicio de investigaciones, imputando formalmente y remitiendo aprehendidos, a través de Resolución de Imputación Formal O.A.M.C.74/2022, solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistentes en la detención preventiva de los imputados Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Rocky Blas Freese Rodríguez -ahora accionantes- sea en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, por el periodo de tres meses por la presunta comisión del delito de “tenencia y porte o portación ilícita” previsto y sancionado en el art. 141 quinter del CP (Conclusión II.1), por providencia de 22 de julio de 2021, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, señala audiencia (virtual) de medidas cautelares para el mencionado día a horas 16:20 (Conclusión II.2).

III.2.1. Respecto a la segunda y tercera problemática

En este punto se denuncia que el Fiscal de Materia, quien no habría sido objetivo en los hechos al solicitar la detención preventiva de los ahora accionantes, ya que no consideró que los hechos cometidos no fueron cometidos en flagrancia y sin portar armas de fuego ni municiones, o explosivos, ni materiales y que después de recibida su declaración los imputo por el delito de “tenencia y porte o portación ilícita”; asimismo, se denunció que funcionarios policiales vestidos de civil los subieron a un vehículo y los trasladaron a la FELCC sin orden judicial los hubieran subido a un vehículo trasladándolos a la FELCC siendo incomunicados de familiares y defensa y pese al pedido ser remitidos al IDIF para su valoración médica no fueron atendidos.

En ese contexto, con el objeto de analizar la problemática identificada, es pertinente traer a colación el razonamiento jurisprudencia concerniente a uno de los supuestos de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; el cual señala lo siguiente:

“Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional” (Fundamento Jurídico III.1.).

En ese marco, los antecedentes dan cuenta que Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Rocky Blas Freese Rodríguez -ahora accionantes- fueron aprehendidos, a razón de una intervención policial directa, el 21 de julio de 2022, por ser presuntos autores de la comisión del delito de “tenencia y porte o portación ilícita” previsto y sancionado en el art. 141 quinter del CP; circunstancia que el Fiscal de Materia mediante memorial de 22 de julio de 2022, pone a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, el inicio de investigaciones y requerimiento conclusivo de imputación formal OAMC 74/2022 de 22 de julio, contra los ahora accionantes.

Ello lleva a la conclusión de que el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los ahora accionantes el 22 de julio de 2022 ya contaba con una autoridad jurisdiccional designada -el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz- que ejercería el control jurisdiccional correspondiente^{^[6]}; por lo que, si bien los accionantes consideraban que el Fiscal y los Policías habría lesionado alguno de sus derechos, debió denunciar tal situación ante el Juez de control jurisdiccional de forma primigenia, antes de presentar su acción de defensa, por ser quien tiene la potestad de supervisar que todos los actos investigativos ejecutados y a ejecutarse por el director funcional de la investigación y sus brazos operativos, se rijan a las disposiciones normativas establecidas por la Constitución Política del Estado y dispuestas por la Ley (Fundamento Jurídico III.1.).

El proceder de los accionantes, al margen de desconocer la jurisdicción y competencia de una autoridad jurisdiccional, se orienta a generar una disfunción procesal que la jurisdicción constitucional no puede convalidar, por existir cauces legales de protección inmediata de derechos establecidas por el legislador, de los cuales ningún sujeto de derecho puede prescindir. En ese sentido, al existir una instancia a la que los accionantes debieron acudir, antes de presentar su acción de defensa, es aplicable el principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad.

En mérito a lo expuesto corresponde denegar la tutela impetrada por la concurrencia de la subsidiariedad excepcional, aclarando que no se analizó en el fondo la problemática identificada.

III.2.2. Respecto a la primera problemática

De la descripción de la problemática planteada, se tiene que los impetrantes de tutela denuncian que el Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia (Eduardo Del Castillo Del Carpio), luego de su aprehensión los expusieron como trofeos políticos ante los medios de prensa, sin autorización previa mediante conferencia de prensa, presentando públicamente sus imágenes como si fueran delincuentes, llamándoles como Organización Paraestatal, sin una sola prueba, denunciando que esa actitud constituye una vulneración a su imagen y la presunción de inocencia.

Al respecto, se debe considerar, que conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional se estableció que la acción de libertad, conforme su naturaleza jurídica, procede en las cuando la persona considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal.

Sin embargo, la presente problemática al estar enfocada en el derecho a la imagen y presunción de inocencia, no son aspectos que se encuentren dentro del marco de intervención de esta acción tutelar, ya que tal problemática o se encuentra vinculada a una lesión al derecho a la vida o la libertad del accionante,

CORRESPONDE AL EXP. 49259 AL (viene de la pág. 19).

por lo que respecto a la presente problemática corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque con diferentes argumentos, actuó en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 223/2022 de 23 de julio, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo del caso.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

[1] Serrudo Santelices, Patricia. La tutela eficaz del derecho a la libertad personal en el marco del art. 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Una visión a la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia, páginas 21 a 22.

[2] “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

[3] “No cabe duda que la finalidad con la que nació el hábeas corpus en Bolivia, se adscribe dentro de los fines que persiguió esta garantía desde sus primeras articulaciones jurídicas (el Interdicto romano homine libero exhibendo, el hábeas corpus inglés de 1679 y el Fuero o juicio de manifestación instituido en 1428 en el Reino de Aragón) hasta su configuración moderna: dotar a la persona humana de un medio de defensa breve y sumario, destinado a conservar o recuperar su libertad, cuando la misma hubiere sido indebida o arbitrariamente vulnerada, como alternativa a los procedimientos ordinarios caracterizados por la morosidad en su trámite y resolución.

Este entendimiento está presente en el contenido procesal del art. 18 constitucional, cuando en lo pertinente, establece en los parágrafos II, III y IV, un procedimiento breve, sumario y eficaz, para la tutela del derecho a la libertad (de locomoción o ambulatoria)”

[4] “Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud. Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad.”

[5] Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

[6] Artículo 54. (Jueces de instrucción).- “Las juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: 1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código; (…)”.