SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1014/2000-R
Fecha: 01-Nov-2000
SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1014/2000-R
expediente: 2000-01665-04-RAC
Partes: José E. Fernández Mariaca contra Juan del Granado Cossio, Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz.
Materia: AMPARO CONSTITUCIONAL
Distrito: La Paz
Lugar y Fecha: Sucre, 1 de noviembre de 2000
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
VISTOS: En revisión, la Resolución de fs. 134 a 135 de 28 de septiembre de 2000 pronunciada por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por José E. Fernández Mariaca contra Juan del Granado Cossio, Alcalde Municipal de la ciudad de La Paz, los antecedentes que cursan en el expediente; y,
CONSIDERANDO: Que por memorial cursante de fs. 23 a 26 de obrados, presentado el 26 de septiembre de 2000, el recurrente manifiesta que en el curso del trámite administrativo municipal de expropiación iniciado mediante la Ordenanza Municipal Nº 199/76, para la apertura de la calle final Obispo Cárdenas, el bien inmueble de propiedad de su madre Leticia Mariaca Vda. de Fernández y de su tía Aidé Fernández Bustillos, fue afectado, no habiéndose llegado a un acuerdo definitivo sobre el precio de la expropiación, sin embargo, con ánimo de contribuir al desarrollo y bienestar de la ciudad, en desmedro del único patrimonio que tenían y que les brindaba ingresos económicos para su manutención y confiando en la buena fe de la Alcaldía Municipal de La Paz, el 22 de agosto de 1996, tanto su madre como su tía remitieron a la comuna una carta de aceptación de propuesta de pago que incluía la condición de que tanto su persona como Martha Terrazas Fernández sean designados funcionarios municipales en forma permanente, sin poder ser retirados ni exonerados por ninguna causal.
Añade que el convenio fue firmado por el Alcalde Germán Monroy Chazarreta, siendo incorporado a trabajar el 15 de noviembre de 1996 con el item P-1093, pero lamentablemente después del cambio de Alcalde fue retirado en dos ocasiones durante la gestión de Gaby Candia de Mercado, pero reincorporado una vez presentado el convenio la última vez como Asesor de la Sub-Alcaldía Municipal Nº 04, por último en la gestión de la Alcaldesa Municipal Lupe Andrade es nuevamente retirado, por cuya razón presentó una carta el 22 de julio de 1999, recordando el convenio suscrito, pero ante el cambio de gestión tuvo que reiterar la misma ante el Alcalde Juan del Granado Cosio y el Concejo Municipal el 17 de febrero del año en curso, instancias que no se han pronunciado hasta la fecha. El incumplimiento continuo al convenio suscrito por la Alcaldía Municipal con su madre y su tía vulneran sus derechos fundamentales consagrados en el art. 7 inc. a), i) y j) de la Constitución Política del Estado, por lo que interpone el Recurso de Amparo pidiendo su restitución inmediata y definitiva como funcionario municipal, el pago de daños y perjuicios ocasionados por el retiro y las costas procesales.
CONSIDERANDO: Que tramitado el Recurso conforme a Ley, se realiza la audiencia pública el 28 de septiembre del año en curso, como consta del acta de fs. 133 y vta., donde el recurrente reitera los términos de su demanda.
Por su parte, la autoridad recurrida a través de sus abogados y apoderados, por informe escrito cursante a fs. 32 a 36 leído en audiencia informa que el Gobierno Municipal de La Paz ha cumplido con el pago de la justa indemnización de acuerdo a lo dispuesto por el art. 22-II) de la Constitución Política del Estado, respecto de la obligación contraída con las señoras Leticia Mariaca Vda. de Fernández y Aidé Fernández Bustillos. Que el recurrente fue destituido del cargo que ejercía en el Gobierno Municipal de La Paz por la ex Alcaldesa Lupe Andrade Salmón, por reestructuración Técnica Administrativa, habiendo sido objeto de evaluación funcionaria; por otra parte el convenio leonino en que se respalda se encuentra en el Concejo Municipal para su consideración debiendo dicha instancia determinar si corresponde o no la vigencia del convenio. Añaden que el recurrente tiene a su alcance la vía expedita para reclamar sus derechos laborales, pues la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, mediante informes legales le ha negado la reincorporación solicitada en la vía administrativa, no siendo el recurso de amparo sustitutivo del mismo, por lo que piden se declare improcedente el recurso.
Concluida la audiencia, el Tribunal de Amparo dicta la Resolución cursante de fs. 134 a 135, declarando improcedente el Recurso con el fundamento de que conforme lo “previsto por el art. 152 incs. 2 y 6 de la Ley de Organización Judicial, los Jueces del Trabajo y Seguridad Social, tienen competencia para decidir en primera instancia de las acciones sociales por derechos laborales y demandas de reincorporación concordante con los arts. 1 y 5 del Código Procesal del trabajo, por lo que no siendo el Recurso de Amparo Constitucional sustitutivo de otros recursos, no es de aplicación en el caso de autos el art. 19 de la Constitución Política del Estado y al art. 94 de la Ley Nº 1836”(sic).
CONSIDERANDO: Que del análisis de los elementos de hecho y derecho del expediente se evidencian los siguientes extremos:
1. Que por Ordenanza Municipal Nº 119/76 de 30 de septiembre de 1976, por causa de necesidad y utilidad pública se dispone la expropiación de varios inmuebles entre ellos el de propiedad de Felipa Bustillos Vda. de Fernández - inmueble del que es co-propietaria en el 50% Leticia Mariaca Vda. de Fernández y otros- avaluado en la suma de $us. 80.208,75 por Resolución Municipal Nº 300/96 (fs. 40).
2. Que por oficio de 20 de agosto de 1996, dirigido a los Miembros de la Comisión de Expropiaciones, Leticia Mariaca Vda. de Fernández y Aidé Fernández Bustillos aceptan el pago de la suma fijada, condicionando su aceptación a la asignación de dos items y/o cargos en esa entidad a favor del recurrente y Martha Terrazas Fernández, sin que éstos puedan ser retirados por ningún motivo (fs. 1-2).
3. Que el 26 de febrero de 1998 el Alcalde Municipal Germán Monroy Chazarreta suscribe el convenio conjuntamente Leticia Mariaca Vda. de Fernández y Aidé Fernández Bustillos, comprometiéndose a respetar las condiciones impuestas, procediéndose al pago del precio de la expropiación (fs. 44-45; 76-80).
4. Que por memorando Nº 0012988/96 el 15 de noviembre de 1996 el recurrente es incorporado al Gobierno Municpal de La Paz con el item P-1093 como profesional dependiente de la Unidad de Programación y Seguridad Local (fs. 5) y retirado por razones de reestructuración administrativa por memorando Nº 003340/99 de 12 de julio de 1999 (fs. 12), realizando éste gestiones para lograr su reincorporación primero ante la ex Alcaldesa Lupe Andrade Salmón y posteriormente ante el Alcalde Juan del Granado y el Concejo Municipal (fs.13-17).
5. Que por oficio Nº 249/2000, la Asesora Legal de la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz, comunica al recurrente que por decisión del Gobierno Municipal no se procederá a la revisión de su destitución, pues el convenio en el que se ampara no fue aprobado por el Concejo Municipal además del hecho de no existir la figura de cargos a perpetuidad, pues actuar en contrario vulneraría normas legales en vigencia que puede dar lugar a responsabilidad de la Ley SAFCO, negativa que ha dado origen al presente Recurso (fs. 48).
CONSIDERANDO: Que el Amparo Constitucional es un Recurso extraordinario que otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de funcionarios y particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, siempre que no hubiera otro medio o recurso legal para dicha protección, aún cuando no se hubiera hecho uso oportuno de los mismos.
Que en el caso de autos, el recurrente ante el despido del que fue objeto por razones de reestructuración administrativa solicitó su reincorporación ante el Alcalde Municipal y el Concejo Municipal, pretendiendo hacer valer el convenio suscrito por su madre y su tía con el Alcalde Germán Monroy Chazarreta, solicitud a la que no se dió curso y con la que el recurrente agotó la vía administrativa teniendo en consecuencia, expedita la vía laboral, pues conforme prevé el art. 152 incs. 2) y 6) de la Ley de Organización Judicial, los Jueces del Trabajo y Seguridad Social tienen competencia para decidir en primera instancia de las acciones sociales por derechos laborales y demandas de reincorporación, norma legal concordante con los arts. 1 y 5 del Código Procesal del Trabajo, no siendo el Recurso de Amparo sustitutivo de éstas.
Que la Corte de Amparo al haber declarado improcedente el Recurso ha evaluado correctamente los datos del proceso, las normas aplicables al caso y los alcances del art. 19 de la Constitución Política del Estado.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 19-IV y 120-7ª de la Constitución Política del Estado y 102-V de la Ley Nº 1836, APRUEBA la Resolución de fs. 134 a 135 de 28 de septiembre de 2000 pronunciada por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.
Regístrese y devuélvase.
No intervienen los Magistrados Dres. Pablo Dermizaky Peredo por estar con licencia y René Baldivieso Guzmán por estar haciendo uso de su vacación anual.
CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 1014/ 2000-R
Dr. Hugo de la Rocha Navarro Dr. Willman Durán Ribera PRESIDENTE a.i. MAGISTRADO
Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas Dr. Rolando Roca Aguilera
MAGISTRADA MAGISTRADO SUPLENTE EN EJERCICIO DE LA TITULARIDAD