SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 773/01-R

            CONSIDERANDO:  Que el recurrente en su demanda presentada el 4 de junio de 2001, cursante a fs. 9 de obrados, acreditando su  doble condición tanto de  Senador de la República y Socio de COTEL señala que con el derecho  que le asiste por ser socio de la referida Empresa, solicitó mediante orden judicial  expedida por el Juez Quinto de Instrucción en lo Civil, se le franquee fotocopias simples de  los contratos suscritos por René Bustillos Portocarrero, Interventor de COTEL sin tener facultades para ello con  las firmas AES y DETEKOM.

Que siendo desconocido el tenor de dichos contratos y que pueden comprometer el patrimonio de la Empresa, hecho que  no está permitido conforme lo determina el art. 58 de los Estatutos, salvo aprobación de una Asamblea Extraordinaria de Socios, es que se ha procedido a solicitar las fotocopias simples las que  pese a la orden judicial, el recurrido se niega a entregarle, incurriendo en restricción de los derechos  a formular peticiones  individual y colectivamente y a la propiedad privada consagrados en el art 7 incs. i) y h). Por lo expuesto interpone el presente Recurso   contra el Interventor de COTEL solicitando se lo declare procedente, disponiendo que en el día se franqueen las fotocopias de los contratos ilegales.

CONSIDERANDO: Que por Auto  de 4 de junio de 2001, cursante a fs.11 de obrados, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz  rechaza el Recurso en aplicación del art. 98 de la Ley Nº 1836,  por no cumplir con los requisitos contenidos en el art. 97 de la Ley del Tribunal  Constitucional, al haberse acompañado simples fotocopias sin legalización alguna, ni haberse demostrado la negativa de cumplimiento a la orden judicial a que hace referencia el recurrente y tampoco precisar  los derechos y garantías vulnerados.

Que, el Recurso presentado ha incumplido el art. 97 en sus incs. III, IV, V y VI, de la Ley   del Tribunal Constitucional por cuanto en la demanda el recurrente sólo se limita a señalar la ilegalidad de los contratos suscritos por el recurrido con las firmas AES y DETEKOM  y aducir los  actos ilegales  y arbitrarios del Interventor, sin exponer en forma clara, concreta y precisa en qué consisten los mismos ni señalar los  hechos que le sirven de fundamento, siendo así que el art. 97, parágrafo VI, exige “fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o la garantía vulnerados o amenazados”, aparte de los otros requisitos a los que se refieren los parágrafos antes citados.

Que el art. 98 de la citada Ley Nº 1836, dispone que en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos se rechazará el Recurso, precepto aplicado correctamente en el caso de  autos  por el Tribunal de Amparo, resultado de la adecuada compulsa de los datos procesales y de las normas aplicables al mismo.