SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1656/2004-R

En el memorial presentado el 13 de septiembre de 2004 (fs. 31 a 36), el recurrente aduce que el Fiscal demandado lo imputó indebida e ilegalmente dentro de la investigación realizada a consecuencia de la denuncia formulada por Efraín Campero Mercado -como víctima de un delito de estafa al parecer cometido por Andrés Menacho-, sin explicar las razones por las que lo involucró en dicha pesquisa, actuando en forma sesgada, forzada y arbitraria, no obstante que su persona es ajena a los delitos que se investigan, ya que vive y habita en Cochabamba hace más de 20 años, padece de diabetes e hipertensión arterial, no es concebible que esté implicado en ese tipo de conductas delictuosas dada su senectud, a más de que en los actuados acumulados no existe referencia a una conducta sospechosa suya, y en ningún momento de la investigación se estableció que el lote de terreno de su propiedad de 290 m2 ubicado en el playón de “Irpavi” hubiese sido objeto de la supuesta compraventa, prueba de ello es la inexistencia de registro o anotación alguna en Derechos Reales de su derecho de propiedad que acredita.

Refiere que tanto el Fiscal como el Investigador asignado incurrieron en procedimientos irregulares para llegar a resultados “amañados”, por cuanto no fijaron ni contextualizaron los objetivos de la investigación, no establecieron la tradición del terreno de su propiedad que presumiblemente Andrés Menacho realizó a favor de Efraín Campero, no efectuaron la correspondiente inspección en la oficina de Derechos Reales, no establecieron ni verificaron con qué título de propiedad se consolidó la venta, si el derecho de propiedad del presunto vendedor tenía coherencia en cuanto al lugar y extensión del terreno y si los comprobantes de pago de impuestos municipales correspondían al mismo inmueble, menos se remitieron a la secuencia cronológica de la sucesión del derecho de propiedad de los distintos propietarios anteriores.