AUTO CONSTITUCIONAL 523/2004-CA

Por otra parte, la Ley del Tribunal Constitucional en el Capítulo III, Título Cuarto, ha previsto como condiciones esenciales para la admisión, las siguientes: 1) la existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto; y 2) la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la disposición legal con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa, es decir, el recurso procederá ante la existencia de duda razonable sobre la inconstitucionalidad de la ley, decreto o resolución no judicial impugnados, teniendo en cuenta que el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, como vía de control concreto de constitucionalidad del ordenamiento jurídico, es una acción jurisdiccional extraordinaria a través de la cual el órgano judicial o la autoridad administrativa de oficio o a instancia de parte, cuando considere que en un determinado proceso de su conocimiento, una disposición legal aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a las normas de la Constitución Política del Estado, planteará este recurso ante el Tribunal Constitucional, es decir, el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad es una acción de puro derecho en la que el juzgador debe confrontar el texto de la norma impugnada con el de la Constitución Política del Estado, para determinar si hay contradicción en sus términos, con el objeto de realizar el control correctivo de la norma  y así depurar el ordenamiento jurídico del Estado; en ese entendido, las partes a tiempo de solicitar se promueva el recurso de control normativo, deben fundamentar la inconstitucionalidad de la norma impugnada, siendo esencial e imprescindible que el solicitante exprese con precisión los motivos por los que consideran que la norma impugnada contradice  las normas constitucionales, el razonamiento que le conduce a cuestionarlas, expresar los fundamentos jurídico constitucionales, lo que en doctrina se conoce como concepto de violación constitucional, es decir, los motivos o razones de la inconstitucionalidad, extremo que no acontece en el presente caso, en el que, contradictoriamente, se argumenta la constitucionalidad del art. 129 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Provincia Cercado del departamento de Cochabamba, argumento que contradice el alcance del art. 59 de la LTC, por cuanto se impugna una norma que se considera constitucional, sin tener en cuenta que el objeto del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad es depurar la posible contradicción de las leyes, decretos y resoluciones no judiciales en vigencia, con la Constitución Política del Estado, expulsando del ordenamiento las normas impugnadas que se aparten de lo establecido por la Constitución, por lo que el presente recurso carece en absoluto de contenido jurídico-constitucional que justifique una decisión sobre el fondo.

Por añadidura el petitorio es impreciso, por cuanto se señala, por una parte, que se promueve el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad del art. 129 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de la provincia Cercado, en relación a los arts. 5 y 32 de la CPE, para concluir señalando que es en relación al art. 6 y 32 Constitucionales.

           En cuanto al argumento referido a que la interpretación realizada en la sentencia de primer grado dictada el 24 de junio de 2002, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Municipio de la Provincia Cercado  del departamento de Cochabamba contra Carmen Zabalaga Estrada por percepción indebida de sueldos, salarios, honorarios, dietas y otras remuneraciones análogas con fondos del Estado, no corresponde  al recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, lo que hace inadmisible el presente recurso.