II.3.
II.3. Del análisis de la literal que conforma el expediente, se evidencia que el 26 de enero de 2006, los representantes legales de la CGR, interpusieron proceso coactivo fiscal contra Juan Antonio Morales Anaya, Rodolfo Sucre Alarcón y otros, radicándose la causa en el Juzgado Segundo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de La Paz, y el 8 de febrero del presente año, la titular de ese Juzgado, dictó los Autos Interlocutorios 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006 y 15/2006, admitiendo la demanda, y en la misma fecha expidió las respectivas Notas de Cargo (fs. 5 a 37), habiéndose notificado con las demandas y Notas de Cargo a Juan Antonio Morales Anaya el 13 de octubre de 2006, mientras que Rodolfo Sucre Alarcón se apersonó y se dio por notificado con ambas actuaciones a través del memorial de 6 de noviembre de 2006 (fs. 5 a 35 y 49 a 56).
Posteriormente, mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2006, se interpone recurso directo de nulidad contra la Jueza Segunda en materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria del Distrito Judicial de La Paz, pidiendo la nulidad de los Autos Interlocutorios 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006 y 15/2006, todos de 8 de febrero, pero se acude directamente a esta vía sin que previamente se agoten los medios de impugnación ordinarios reconocidos por ley dentro del proceso coactivo fiscal de referencia. Los argumentos empleados en el presente recurso radican en el hecho de que la CGR no ha observado la previsión contenida en el art. 158 de la LBEF, respecto a la garantía procesal de antejuicio de la que gozan los funcionarios del BCB, y que constituye una etapa previa a su posible enjuiciamiento; por consiguiente, ante el incumplimiento a una Ley especial, la demanda coactiva fiscal no debió ser admitida, pero al hacerlo, la Jueza recurrida no respetó la etapa del antejuicio.
Sin embargo de ello, el hecho de que la autoridad administrativa, coactiva fiscal y tributaria hoy recurrida admitió la citada demanda sin exigir que con carácter previo la CGR respete la garantía procesal de antejuicio, no está comprendido dentro de los alcances de la tutela que brinda el art. 31 de la CPE, por cuanto no se encuentra vinculado de manera directa a la jurisdicción y competencia.
En consecuencia, al carecer manifiestamente de fundamento jurídico-constitucional que dé mérito a una resolución sobre el fondo del asunto planteado, dado que la jurisdicción constitucional establecida en el art. 82 de la LTC, no puede operar como un mecanismo de protección paralelo a los medios de defensa que la Constitución y la Ley dispensan a los ciudadanos, el presente recurso se enmarca dentro de los casos de rechazo establecidos por el art. 82.III de la LTC, concordante con el art. 33.I. inc. 1 de la misma norma jurídica.