II.3. Análisis del caso concreto
Las accionantes alegan la vulneración a sus derechos a la vida, a la libertad y vivienda, así como de sus representados; denuncian que las personas demandadas constantemente les amenazan, además, allanaron su domicilio de forma violenta con agresiones físicas y verbales; así trataron -a una de ellas- de arrebatarle de sus brazos a su hijo de 2 años, con el objeto de tirarlo por la baranda y de esta manera lograr que sean menos lo herederos como vociferaban.
En este sentido, si bien los hechos tienen matices vinculadas a la jurisdicción penal, sin embargo, se constata un inminente peligro y amenaza a la vida de una de las menores de edad a quien se le pretendía botar por la baranda, aspecto que no fue desvirtuado por los ciudadanos ahora demandados; situación que hace viable la aplicación de la acción de libertad instructiva, cuya protección efectiva se encuentra exento del alcance del principio de subsidiaridad, justamente porque de por medio se encuentra el derecho a la vida, además, realizando una interpretación desde y conforme a la Constitución, en aplicación del principio “favoris debilis”, es primicia para éste Tribunal, efectuar una tutela preventiva en busca de materializar la seguridad del menor, ante estas denuncias y agresiones contrarias al ordenamiento jurídico, pues el art. 10.I de la Constitución Política del Estado (CPE), claramente señala que: “ Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz…”; consiguientemente y como se dijo, es pertinente realizar una protección efectiva sobre este hecho alegado, sin que ello impida que los antecedentes sean remitidos ante el Ministerio Publico a efectos de que ésta institución encargada de la defensa de la sociedad, active los medios investigativos no solo para esclarecer la verdad de los hechos, sino también, para que asuman medidas de protección inmediata acordes a la naturaleza de lo denunciado.