SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0163/2016-S2

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral; toda vez que el demandado se niega a cumplir la Conminatoria JDTSC/CONM 023/2015, emitida por la Jefatura Departamental de Santa Cruz, que ordenó la reincorporación a su puesto de trabajo en su condición de padre progenitor.

Examinados los antecedentes que cursan en el expediente y de la revisión del contrato, se establece que el accionante mantuvo una relación laboral con la Mancomunidad de los Municipios Chuiquitanos desde el 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año, en el cargo de comunicador de la citada institución.

Como se tiene descrito en la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el 2 de enero de 2014, Jerges Mercado Suárez, Gerente General de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y Roberto Gutiérrez Pitigas -ahora accionante-, suscribieron un contrato de prestación de servicios a plazo fijo; es decir, de acuerdo a la cláusula quinta que señala: “(PLAZO y VIGENCIA) El presente contrato tiene un plazo definido o fijo de 1 (UNO), el mismo entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes”; es por ello que, el 29 de diciembre de 2014, el peticionante de tutela recibió el memorándum GAF-MMCH 13/2014, a través del cual, Luz Ana Lara Carrasco, Gerente Administrativa y Financiera de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, le comunicó la terminación de la relación laboral que lo mantuvo en la citada mancomunidad por el plazo fijo, definido e improrrogable de un año; es decir, desde el 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año.

Dicho esto, el accionante sintiéndose afectado ante la decisión asumida por la Gerente Administrativa y Financiera de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, el 14 de enero de 2015 acudió a la Dirección Departamental de Trabajo de Santa Cruz, solicitando su reincorporación laboral a su fuente de trabajo; es así que en base al Informe Técnico elaborado por el Inspector de dicha Jefatura, Aníbal Melgar Solares, Jefe Departamental de Trabajo, el 2 de abril de 2015 pronunció la Conminatoria de reincorporación laboral por inamovilidad laboral del padre progenitor JDTSC/CONM. 023/2015, a través de la cual exigió la reincorporación inmediata de Roberto Gutiérrez Pitigas a su fuente laboral en la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos; asimismo, dispuso la reposición de los sueldos desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponde por ley a su favor, en su condición de padre progenitor.

Jerges Mercado Suárez, en representación legal de la referida Mancomunidad, notificado que fue con la referida Conminatoria, el 28 de abril de 2015 a horas 17:00, el 13 de mayo de 2015 presentó recurso de revocatoria contra esta Resolución, consiguientemente, el Jefe Departamental de Trabajo a.i. dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, pronunció la RA 023/15, resolviendo declarar improcedente la revocatoria formulada por el representante legal de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos contra la Conminatoria de reincorporación JDTSC/CONM 023/2015 que determinó la reincorporación del trabajador a su fuente laboral.

En el caso presente, el accionante denuncia como acto ilegal el incumplimiento de la Conminatoria JDTSC/CONM 023/2015, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo, mediante la cual se instruyó al demandado la reincorporación del peticionante de tutela a su fuente laboral; empero, es primordial hacer notar que si bien es cierto que la jurisdicción constitucional tiene la función de brindar tutela inmediata ante la vulneración de derechos; y consiguientemente, disponer el cumplimiento de conminatorias emitidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, dejando expedita la vía judicial para su impugnación; no es menos evidente que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, la sola Conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de la citada instancia no induce a que este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento; más bien, realizará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de la circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados; con ese precedente y en cumplimiento de la línea jurisprudencial señalada, cabe analizar lo siguiente: el accionante suscribió un contrato a plazo fijo en el que claramente se estableció en la Cláusula Séptima del mismo, que el fenecimiento del contrato sería por cumplimiento de plazo, situación por demás evidente, tomando en cuenta que los contratos son considerados acuerdos entre partes y ley entre éstas, aspecto que no podía ser desconocido, de lo que se tiene que el contrato era a plazo fijo con una fecha de inicio y otra de conclusión          -enero a diciembre de 2014-, en el que no operó la tácita reconducción del mismo.

A objeto de resolver la problemática planteada, corresponde señalar que la acción de amparo constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos reconocidos por la Norma Suprema contra actos ilegales u omisiones indebidas de servidores públicos o particulares. Sin embargo, se debe tener presente, que si bien se protegen derechos, hay que considerar todos los elementos que integran y hacen particular cada caso, para que este Tribunal abra su competencia y conceda la tutela o en su defecto la deniegue.

Ahora bien, en la problemática planteada existe una circunstancia particular, cual es que el accionante era un empleado con contrato a plazo fijo que cumplía tareas propias y permanentes de la mancomunidad, contratación que entraría en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción; es decir, desde el 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme indica el documento de prestación de servicios que en la cláusula séptima “(TERMINACION DEL CONTRATO)”, establece las causas por las que el contrato a plazo fijo concluiría o terminaría; y, el memorándum GAF-MMCH 13/2014, emitido por la Gerente Administrativa y Financiera de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos contra el accionante como Comunicador de la referida Mancomunidad, se evidencia que de acuerdo a los antecedentes que hacen a su contratación, se trataría de un contrato a plazo fijo con fecha de inicio y conclusión, no habiendo operado la tácita reconducción del mismo, tomando en cuenta la inexistencia de otros contratos anteriores, aspectos que no han sido tomados en cuenta a momento de pronunciarse la conminatoria de reincorporación laboral del accionante por la Jefatura Departamental de Trabajo; al respecto, considerando que los contratos son acuerdos entre las partes contratantes los mismos no deben ser desconocidos; en consecuencia, no opera la tácita reconducción; asimismo, en cuanto a la reincorporación, ésta solo procede cuando el trabajador o trabajadora hayan sido despedidos injustificadamente de su fuente laboral; pues en el caso de autos se advierte que el accionante no fue despedido, sino, concluyó su relación laboral en el plazo pactado en el contrato; por lo que su petición de reincorporación no puede ser atendida por esta Sala por cuanto no se advierte la existencia de un despido arbitrario e injustificado y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional desarrollada en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada ya que en debido proceso se determinó la disolución de la relación laboral, por tanto, no se vulneró derecho alguno del demandante de tutela.

En consecuencia y de conformidad a la amplia jurisprudencia establecida precedentemente, no se verifica acto ilegal por parte de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, demandada en la persona de su representante legal, puesto que la cesación de la prestación de servicios del accionante, no se debe a un acto de evasión de las obligaciones que como empleador tenía la referida Mancomunidad, sino al cumplimiento del plazo acordado entre partes, lo que determina la necesidad de denegar la tutela impetrada.