SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0308/2019-S3

Conforme a los hechos que motivan la acción de defensa, el peticionante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, en el entendido que las autoridades demandadas no remitieron en alzada su recurso de apelación incidental, interpuesto en la misma audiencia de cesación de la detención preventiva, que rechazó dicha solicitud.

De los antecedentes y datos que cursan en el expediente, se tiene que el Ministerio Público sigue un proceso penal contra Aldo Rafael Larrazabal Sotomayor -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violación, en el que el prenombrado solicitó cesación de la detención preventiva adjuntando documentación con el objeto de enervar los riesgos procesales; sin embargo, en la audiencia llevada a cabo el 3 de diciembre de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó su petición; por lo que, en el referido actuado procesal planteó recurso de apelación incidental a esa decisión, la cual fue concedida; empero, hasta el momento de interposición de la presente acción de defensa, no se remitió las piezas procesales ante el Tribunal de alzada, contraviniendo lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 251 del CPP que señala: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas”.

Asimismo, menciona en su memorial de acción tutelar, que al contrario de lo expuesto, el señalado Tribunal, envió los actuados procesales a su similar Decimosegundo, en el entendido que a partir del 7 de diciembre de 2018, empezaba la vacación judicial; sin embargo, dicha instancia también incurrió en la misma contravención; puesto que, no cumplió con la remisión del expediente ante la autoridad competente para la consideración de su recurso de apelación incidental e incluso cuando reclamó la tardanza, le exigieron que realice su solicitud mediante memorial, pese a que dio cumplimiento a ese trámite irregular, de igual manera no enviaron ni se pronunciaron al respecto, hasta la presentación de esta acción de defensa, a pesar de que la mencionada vacación concluyó el 2 de enero de 2019.

La jurisprudencia constitucional prevé diversas modalidades de acción de libertad entre las cuales está la traslativa o de pronto despacho, siendo su finalidad la de acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas en los procesos que tienen el propósito de resolver la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, este es el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de que haya vulneración al principio de celeridad, cuando se encuentra de por medio la libertad; por lo que, no debe haber retardación u omisión en la resolución de las solicitudes de las personas restringidas o privadas de la misma, en especial la cesación de la detención preventiva debe ser tramitada con la debida diligencia; toda vez que, la demora o dilación indebida en la que incurra una autoridad judicial implica la lesión de un derecho fundamental, situación inconcebible, tomando en cuenta que la protección de la libertad de la persona es un deber primordial del Estado, misma que solo puede ser restringida en los límites señalados por ley; empero, en todo proceso donde esté de por medio la libertad debe ser tramitada con la mayor celeridad posible y cumpliendo los plazos procesales previstos en el ordenamiento jurídico, lo contrario transgrede el derecho a la libertad, conforme se tiene estipulado en la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional.

De autos podrá advertirse que las autoridades demandadas no acudieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni presentaron informe escrito y tampoco remitieron el cuaderno procesal; por lo que,  pese a ello se ingresará al análisis de fondo de la problemática planteada al tratarse de una acción tutelar en la que está de por medio la libertad, al amparo de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que estableció que, excepcionalmente puede resolverse la acción de libertad solo con la prueba aportada por el accionante o dependiendo de la particularidad del caso simplemente con la denuncia; es decir, sin ninguna prueba documental, aspecto que opera cuando la autoridad o persona demandada pese a su notificación no comparece en audiencia ni remite el informe negando o desvirtuado las denuncias efectuadas en su contra, en aplicación de la duda razonable sobre la veracidad de los hechos en aplicación del principio pro homine, que como ya se dijo es lo que aconteció en el presente caso; por lo que, se procederá al análisis de la problemática planteada en base a lo denunciado y los antecedentes proporcionados por el impetrante de tutela.

En el caso en análisis la audiencia de cesación de la detención preventiva se llevó a cabo el lunes 3 de diciembre de 2018 y la vacación judicial inició el 7 del mismo mes y año según lo relatado; empero, la referida fecha fue viernes; por consiguiente, la misma inició a partir del lunes 10 del señalado mes y año, por lo que, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, tenían el tiempo necesario y suficiente para remitir la apelación incidental interpuesta por el activante de tutela al Tribunal de alzada, dentro los plazos previstos en el segundo párrafo del art. 251 del CPP que señala: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas”; sin embargo, no lo hicieron y prefirieron enviarlo a su similar Decimosegundo, quienes tampoco cumplieron con su responsabilidad de acatar lo precedentemente estipulado y remitir el mismo concluida la vacación judicial el 2 de enero de 2019 a la instancia correspondiente, habiendo transcurrido dieciséis días desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción tutelar; puesto que, esta fue planteada el 18 de febrero de igual año, tiempo desde el cual vencieron superabundantemente los plazos en ambos casos, sin haberse resuelto durante todo ese término la situación jurídica del impetrante de tutela, aspecto que contraviene lo determinado en la disposición legal antes citada y la jurisprudencia desarrollada precedentemente en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.