AUTO CONSTITUCIONAL 0020/2020-CA

Por memoriales presentados el 28 de enero y 12 de febrero de 2020, cursante de fs. 80 a 86 vta.; y, 90 a 91 vta., el recurrente refiere que, en su condición de Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado del departamento de Cochabamba, fue procesado en sumario administrativo por el pleno del Concejo del referido Gobierno, proceso en el cual se emitió la Resolución Municipal 8341/2019, que en aplicación del art. 21.4 del Reglamento de la Comisión de Ética y Proceso Administrativos y su Procedimiento, aprobado por Resolución Municipal 6989/2015 de 11 de febrero, determinó su suspensión del cargo por el lapso de treinta días sin goce de haberes; no obstante, dicho fallo es contrario a lo previsto por los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 27 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), el cual establece que el Concejo Municipal no podrá destituir o suspender al Alcalde electo, ni privarle del ejercicio del cargo.

Agrega que, la Resolución Municipal 8341/2019 al sustentarse en la aplicación de los Reglamentos Interno y de la Comisión de Ética y Proceso Administrativos y su Procedimiento, ambos del Concejo Municipal, vulneró los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los arts. 110, 113, 115, 117, 119, 120, 122 y 410 de la CPE; así como los arts. 2, 3, 4.I inc. a) y II, 13, 16 y 27 de la LGAM; y, 2, 3, 14 y 81 del mismo Reglamento Interno del referido Concejo; en el entendido que, esa normativa legal interna no puede estar por encima de lo previsto por la Ley Fundamental.

Señala que, si bien el Concejo Municipal tiene treinta y cinco competencias, conforme prevé el art. “14” del Reglamento Interno; sin embargo, en ninguna de ellas se encuentra facultado para procesar en la vía del sumario administrativo al Alcalde Municipal, peor aún suspender o destituir del cargo al máximo ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado del departamento de Cochabamba, como sucedió en este caso, en que el Concejo Municipal de manera arbitraria y arrogándose jurisdicción y competencia que no emana de la Norma Suprema ni de la Ley, emitió la Resolución Municipal 8341/2019, que determinó su suspensión.