Auto Supremo AS/0067/2019-CA

Ahora bien, en relación con lo referido, el art. 778 del Código de Procedimiento Civil (CPCabrog.), establece que: “El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiera oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere lesionado o perjudicado su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recurso de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiera afectado”.
Consiguientemente, al tenor de las disposiciones legales precedentemente citada, en el caso, al haberse concluido que la RA Nº 193, no es un acto impugnable a través de los recursos administrativos que la Ley Nº 2341 prevé, la Resolución Ministerial cuya legalidad pretende el demandante sea revisada, tampoco puede ser sometida a control de legalidad dentro de un proceso contencioso administrativo, pues esto implicaría vulnerar el art. 778 del CPCabrog., norma que es de orden público y cumplimiento obligatorio, que ha sido instituida para resolver controversias respecto de la oposición entre el interés público y privado, en el que previamente se agote la vía administrativa de impugnación prevista por ley; mientras que en el caso, se pretende un control de legalidad para dejar sin efecto una norma de aplicación general y no así, respecto de la aplicación de esa norma en el caso concreto