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2. Indicó que no se le dio oportunidad de contestar a la demanda, ni presentar y ofrecer pruebas para probar lo afirmado además se vulneró sus derechos y garantías constitucionales entre ellos el debido proceso, de igualdad y a una justicia pública y transparente, ya que no se constituyeron a todos los domicilios reales que se consignaban en las certificaciones el SEGIP y SERECI, y el oficial de diligencias solo se apersonó al domicilio señalado por el SEGIP y no se agotó los recursos para notificarle.
3. Manifestó que no se consideró que en la cláusula sexta se hace remisión a la cláusula quinta del documento privado de 14 de febrero de 2012, siendo que la misma cláusula hace referencia a que no se reconoce gravamen y garantía de evicción, debiendo entenderse que dicha cláusula se la insertó con el convenio verbal de $us. 60.000, que debe ser cancelado por el comprador no lo hizo; además agregó que el Auto de Vista señala que la suma de $us. 31.000 fue corroborada por su persona tomando en cuenta el acta de audiencia complementaria de 5 de julio de 2018 en la que ofreció la devolución de $us. 31.000, pero también debió considerarse los documentos cuestionados y la conciliación
3. Manifestó que no se consideró que en la cláusula sexta se hace remisión a la cláusula quinta del documento privado de 14 de febrero de 2012, siendo que la misma cláusula hace referencia a que no se reconoce gravamen y garantía de evicción, debiendo entenderse que dicha cláusula se la insertó con el convenio verbal de $us. 60.000, que debe ser cancelado por el comprador no lo hizo; además agregó que el Auto de Vista señala que la suma de $us. 31.000 fue corroborada por su persona tomando en cuenta el acta de audiencia complementaria de 5 de julio de 2018 en la que ofreció la devolución de $us. 31.000, pero también debió considerarse los documentos cuestionados y la conciliación