Fragmento 1
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 763/2020-RA
Sucre, 16 de noviembre de 2020
Expediente: Cochabamba 30/2020
Parte Acusadora: Cristina Cejas Rivas y Ariel Mauricio Orellana Aspety
Parte acusada : Ángela Mercedes Alcocer Escalera y Helfy Staeld Céspedes Alcocer
Delitos: Difamación, Calumnia, Insultos y Otras agresiones verbales por motivos racistas y discriminatorios
RESULTANDO
Por memorial presentado el21 de octubre del presente año, se interpone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, invocando al efecto los arts. 308 inc. 4), 29 inc. 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dentro del proceso penal seguido por Cristina Cejas Rivas y Ariel Mauricio Orellana Aspety en contra de las excepcionistas, por la presunta comisión de los delitos de Difamación, Calumnia Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas y discriminatorios (arts. 282, 283 y 281 nonies CP).
La excepcionista, señala que se encuentra procesada por los delitos de Difamación, Calumnia, Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas y discriminatorios (arts. 282, 283 y 281 nonies CP) y que dichos delitos tienen prevista pena privativa de libertad de un (1) mes a un (1) año el primero, de seis (6) meses a tres (3) años el segundo y prestación de trabajo de cuarenta (40) días, y en esa consideración en el marco legal del art. 29.2) CPP corresponde la extinción por prescripción en cinco años; teniéndose de los antecedentes de la causa que el hecho generador dataría del 24 y 25 junio del año 2015, no existiendo causa alguna que determine la suspensión o interrupción del cómputo del plazo de la prescripción.
El proceso penal se trata de un instrumento racional encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de una persona, cuya conducta habría vulnerado uno o varios bienes tutelados por la Ley; en tal sentido, la acción penal propiamente dicha, conforme lo determinado por el art. 14 del CPP, es inherente a la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, como emergencia de la comisión de un delito; sobre la acción penal pública pesa el principio de obligatoriedad inmerso en el último párrafo del art. 16 de la misma norma procesal, por el cual su ejercicio no es pasible a ser suspendido, interrumpido ni cesado, salvo en los casos expresamente previstos por la ley.
La Ley 1970, en su Segunda Parte, Libro Primero, Título Primero, regula las reglas de procedimiento común para el ejercicio de la acción penal pública, desde la interposición de una denuncia o comunicación de inicio de investigaciones hasta la conclusión de la etapa preparatoria, anterior a la celebración del juicio oral. Dichas estipulaciones reflejan el contenido de la acción como también de la excepción según su enfoque procesal determinante para la primera de las condiciones requeridas para su promoción y prosecución y, para la segunda, de los supuestos que dan lugar al derecho de excepción en cuanto al cese o interrupción de la persecución penal.
Como en su más amplio sentido jurídico la excepción conlleva el derecho de reaccionar frente al ejercicio de la acción procesal, se le ha asimila en doctrina a un medio de defensa contra la constitución o continuación de la relación procesal, es decir el ejercicio y prosecución de la acción penal, ya sea retardándola o impidiéndola definitivamente. Según el art. 308 del CPP, se identifican seis tipos de excepciones, las cuales conforme el texto de la norma son catalogadas como de previo y especial pronunciamiento, lo que significa que se tratan de cuestiones separadas e independientes del objeto principal del proceso, correspondiendo una decisión separada y anticipada respecto del tema esencial del trámite penal, ya sea que se resuelva interlocutoriamente o en sentencia.
Por el art. 1 del CPP, un procesamiento penal no circunscrito a las Leyes del Estado, donde se halla la propia Constitución Política, es prohibido de modo taxativo; esta medida a más de reflejar el principio de reserva de Ley en materia penal, conduce a determinar que las regulaciones sobre derecho penal y derecho procesal penal, únicamente pueden provenir del ejercicio de funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional1, de tal cuenta el legislador penal bien puede crear, modificar y suprimir figuras criminales; así como establecer modalidades punitivas y sus procedimientos con arreglo a la apreciación, análisis y ponderación que efectúe sobre los fenómenos de la vida social.
La regulación de la actividad procesal penal en Bolivia, a partir de la promulgación de la Ley 1970, atravesó dos importantes modificaciones, ambas de manera coincidente, con el fin de optimizar el sistema judicial penal, así como establecer medidas tendientes a la reducción de espacios que generen retardación o mora judicial; en tal sentido, la Ley 5862, introdujo variaciones a la redacción del art. 314 del CPP, bajo el siguiente texto:
Artículo 314. (TRÁMITES).
Más adelante con la promulgación de la Ley 11733, el mismo artículo fue modificado con la siguiente redacción:
“Artículo 314. (TRÁMITES).
Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.
Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.
El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.
Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.
Conforme la historia legislativa que rige materia de excepciones en materia procesal penal, es decir, la regulación sobre forma, alcances, oportunidad de interposición y procedencia, no han sufrido importantes variaciones desde la promulgación de la Ley 1970. Es así que, en cuanto a la oportunidad procesal para su interposición, son reconocidos todos aquellos momentos anteriores a la emisión de una Sentencia, que no es otra cosa que la materialización (positiva o negativa) de la acción penal e incluso la solución final del objeto del proceso.
Si bien es cierto tales excepciones pueden ser planteadas y resueltas durante la etapa preparatoria e incluso en etapas preliminares del juicio oral, no es menos evidente que la norma procesal no reconoce un tiempo posterior a esas fases en las que la autoridad jurisdiccional pueda habilitar un procedimiento transversal al tema principal, así se concluye de la lectura del art. 314, así como de los arts. 301, 326 parágrafo I, y el art. 327 todos del CPP.
El texto del art. 314, en el orden de las modificaciones promovidas a partir de la Ley 586, esclarece la nominación específica de las modalidades y género de excepciones oponibles, así como conceptualiza que las cuestiones incidentales, únicamente son atinentes a temas procesales, siempre y cuando afecten derechos y garantías constitucionales; es decir, si bien una excepción es tramitada en la vía incidental, ello no significa que su oportunidad temporal de oposición sea determinada al albedrío de las partes y fuera del marco de tiempos establecidos en la Ley.
En consecuencia, a efectos de considerar el incidente de excepción de extinción de la acción penal por prescripción, pues dicho contexto debió efectivizarse hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 1173 que data de 4 de noviembre de 2019, por lo tanto, al promover “excepción de extinción de la acción penal por prescripción”, activa un mecanismo procesal en tiempo no oportuno, habida cuenta que, por disposición expresa de los arts. 308 y 314 de la Ley adjetiva penal, el tiempo límite para tal ejercicio no debe superar la etapa de juicio, situación que en el presente caso ha sido sobreabundantemente rebasada.
La pretensión expuesta no se encuentra bajo los alcances de la normativa antes enunciada; por lo cual, en consideración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, no le corresponde a esta Sala Penal la consideración, trámite, ni resolución de la nominada excepción; toda vez que, conforme ya se expuso carece de competencia para resolver y dilucidar aspectos fuera de los límites señalados en la Ley.
POR TANTO
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conforme la previsión contenida en los Arts. 123 Tercer párrafo y 124 del CPP, RECHAZA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, presentada por Helfy Staeld Céspedes Alcocer y Ángela Mercedes Alcocer de Céspedes.
Notifíquese a las partes con la presente Resolución y una vez efectuadas las diligencias, procédase al análisis de admisibilidad del recurso de casación presentado en la causa.
Regístrese y hágase saber.