RESULTANDO
Por memorial presentado el 23 de junio de 2021, de fs. 183 a 194, Ana Carolina Chávez Quispe interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista N° 019/2021 de 8 de febrero, de fs. 157 a 161 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Emilio Gerónimo Araque Mamani contra Miguel Ángel Ticona Vallejos y la recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa con víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 Bis del Código Penal (CP).
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Por Sentencia N° 47/2019 de 27 de septiembre (fs. 53 a 68 vta.), el Tribunal de Sentencia Penal N° 3 de la ciudad de Oruro, declaró a Miguel Ángel Ticona Vallejos autor, y Ana Carolina Chávez Quispe cómplice del delito de Estafa con víctimas múltiples, previsto y sancionado por los arts. 335 y 346 Bis. del CP, imponiéndole al primero la pena de seis (6) años y seis (6) meses de reclusión más el pago de doscientos (200) días de multa a razón de un (1) boliviano por día, y a la segunda, la pena de tres (3) años y tres (3) meses de reclusión, así como al pago de cien (100) días de multa a razón de un (1) boliviano por día; en ambos casos con costas y pago de responsabilidad civil a favor de las víctimas y el Estado, averiguables en ejecución de sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, los acusados interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 82 a 90 y 92 a 97), que fueron resueltos mediante Auto de Vista N° 019/2021 de 8 de febrero (fs. 157 a 161 vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedentes los recursos de apelación formulados.
Mediante diligencia de 15 de junio de 2021 (fs. 176), Ana Carolina Chávez Quispe fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 23 del mismo mes y año interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
REQUISITOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.
En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.
Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:
i) Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.
ii) Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.
Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.
El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.
Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.
Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.
Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.
En virtud a la diligencia de fs. 176 se evidencia que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 15 de junio de 2021, interponiendo su recurso de casación el 23 de junio del mismo año, esto es, dentro del plazo de los cinco días hábiles que otorga la Ley, considerando el feriado nacional del 21 de junio, por lo que se tiene por cumplido lo preceptuado por el art. 417 del CPP en relación al plazo para la interposición del recurso de casación, correspondiendo verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
De la lectura del recurso de casación presentado por la acusada, se advierte que bajo el título “1. Antecedentes” se expone inicialmente una breve reseña de la formalización de la acusación, transcribiéndose a continuación los argumentos desplegados en el recurso de apelación restringida con relación a los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 núm. 5 y 6 del CPP, para finalmente en el punto “3. Relación de Precedentes Contradictorios”, efectuar la copia in extenso del Auto Supremo N° 229/2018-RRC de 10 de abril, solicitándose en el petitorio que se declare fundado el recurso de casación por haberse dictado una resolución contradictoria a los precedentes jurisprudenciales referidos, violando normas de orden público al no valorar correctamente las pruebas aportadas en juicio.
De lo anterior, se evidencia que la recurrente si bien efectúa la cita y transcripción del Auto Supremo N° 229/2018-RRC de 10 de abril, omite precisar en qué forma el pronunciamiento emitido por el Tribunal de alzada resulta contrario a la doctrina legal aplicable contenida en tal precedente, efectuando solo la cita del precedente invocado, sin describir la comparación de hechos similares y las normas aplicadas con sentidos jurídicos diferentes, entre el caso particular y el desarrollado en la jurisprudencia invocada, a efecto de que este Tribunal pueda en su oportunidad verificar de forma específica en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado; constituyéndose, en los hechos, el recurso de casación en una reiteración del recurso de apelación restringida, donde todos los fundamentos se encuentran dirigidos a cuestionar la labor del Tribunal A quo en la Sentencia, y no así el Auto de Vista que es objeto del recurso de casación.
Consiguientemente, ante el incumplimiento de los requisitos legales de admisibilidad del recurso de casación expuestos en el acápite precedente, y en vista de que no se ha denunciado vulneración de derechos o concurrencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación que permita verificar la concurrencia de un supuesto de flexibilización, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación.