RESULTANDO
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2021, cursante de fs. 314 a 336, Sergio José Ortiz, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 19/2021 de 30 de abril de 2021, de fs. 303 a 307 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente por la presunta comisión del delito de Violación, previsto y sancionado por el Art. 308 del Código Penal (CP).
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Por Sentencia 01/2020 de 7 de enero (fs. 2666 vta. a 268 vta.), el Tribunal de Sentencia 1ro de Bermejo, falla declarando a Sergio José Ortiz, autor y culpable de la comisión del delito de Violación, previsto y sancionado en el art. 308 bis del CP, imponiendo la pena de veinte (15) años de presidio, a ser cumplida en la Cárcel Pública de Morros Blancos.
Contra la mencionada Sentencia, Sergio José Ortiz formula recurso de apelación restringida (fs. 274 a 289 vta.); el recurso es resuelto por Auto de Vista 19/2021 de 30 de abril, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró improcedente el referido recurso; en consecuencia, mantiene incólume la Sentencia apelada.
Por diligencia de 5 de mayo de 2021 (fs.310), fué notificado el recurrente y conforme de los antecedentes de la causa, el 11 del mismo mes y año, formuló recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
REQUISITOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE ADMISIBILIDAD DEL RECUROS DE CASACIÓN
El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En este contexto, el Art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.
Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:
Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.
Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamental de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicada, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.
Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.
El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.
Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar, se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.
Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.
Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero, 0326/2015-S3 de 27 de marzo y 064/2018-S4 de 20 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
III.1 En cuanto al cumplimiento en el término de interposición.- En el caso de autos se advierte que el recurrente, ha sido notificado con el Auto de Vista 19/2021 de 30 de abril, el 5 de mayo de 2021 y se presentó el recurso de casación el 11 del mismo mes y año; es decir dentro el plazo de los cinco días, teniéndose por cumplida la formalidad temporal exigida por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.
III.2 El recurrente refiere como primer motivo casacional que el Auto de Vista impugnado carece de motivación por incongruencia omisiva derivada de la no consideración y falta de respuesta en el Auto de Vista impugnado del tercer agravio del recurso de apelación restringida, referido al defecto de sentencia incurso en el art. 370 6) CPP, considerando que no se realizó el correspondiente control de logicidad sobre el valor probatorio positivo que otorgó el Tribunal de Sentencia a la prueba pericial sobre el antígeno prostático , cuando la prueba MP7 establecería que no existe coincidencia de su ADN en las muestras tomadas en la supuesta víctima.
El recurrente realiza una retórica transcripción in extenso del AS 622/2017-RRC de 23 de agosto, AS 210/2015-RRC de 27 de marzo, no obstante de ello, no basta la simple mención del precedente; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, exponiendo con claridad cuál la contradicción que considera existente entre cada uno de los Autos Supremos citados y el Auto de Vista impugnado, así como la expresión de cuál la aplicación que se pretende, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito. Por lo que incumple con los requisitos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP y desarrollados en el acápite II inc. ii) de esta resolución.
Sin embargo, se advierte de la comprensión de su planteamiento que concurren los presupuestos de la flexibilización, al establecer el recurrente con claridad el hecho generador del recurso traducido en la falta de fundamentación en la que al decir del recurrente incurrió el Tribunal de alzada a momento de absolver el agravio referido al defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) CPP, identificando plenamente el hecho concreto que le causa agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado la restricción de su derecho; precisando la vulneración constitucional (debido proceso en su vertiente congruencia); explicando en qué consistió las omisiones y deficiencias en que incurrió el Tribunal de alzada; y, el resultado dañoso emergente del defecto (inhibirse del conocimiento de fondo del recurso de apelación restringida en relación al defecto de sentencia incurso en el art. 370 inc. 6) del CPP); consiguientemente, el recurrente cumplió los criterios de flexibilización para la admisión excepcional del recurso de casación, aspectos estos establecidos y explicados por éste Tribunal en el acápite anterior de la presente Resolución, resultando en consecuencia viable el análisis de fondo de la problemática planteada, en forma extraordinaria.
III.3 Señala como segundo motivo casacional, vulneración al debido proceso ante la falta de motivación al resolver el primer y segundo agravio del recurso de apelación restringida, en cuanto a la falta de fundamentación en sentencia respecto a la subsunción de los hechos en el tipo penal por el que se condenó y en segundo la incongruencia omisiva al responder el agravio referido a la denunciada inobservancia del principio de tipicidad, correspondiendo en alzada la verificación de la correcta subsunción de los hechos al tipo penal, que al decir del recurrente no se realizó.
Invoca los Autos Supremos: AS 221 de 7 de junio de 2006, AS 255 de 8 de agosto de 2012, 342 de 28 de agosto de 2006, AS 724 de 26 de noviembre de 2004, el recurrente se limita a transcribir los Autos Supremos invocados; sin precisar ni realizar la compulsa de cuál la contradicción existente de cada uno de ellos con el Auto de Vista impugnado de manera precisa, limitándose a apreciaciones genéricas sobre la falta de fundamentación y tipicidad, menos refiere la aplicación que se pretende incumpliendo las previsiones legales del art. 416 y 417 CPP.
Ahora bien en el examen de la admisibilidad bajo criterios de flexibilización, existen dos cuestiones planteadas: 1) que no se hubiera resuelto el agravio referido al defecto de sentencia incurso en el art 370 inc. 5) del CPP; de la lectura del medio recursivo, se llega a una reiteración sobre los alcances y obligación de pronunciar una resolución debidamente motivada; identificándose como hecho generador (que no se resolvió la denuncia como agravio de falta de fundamentación jurídica en la Sentencia); sin embargo no existe precisión en cuanto a qué aspecto no resuelto le causa daño, el que no se sustenta, tampoco se determina como se vulneró su derecho a la defensa, directamente vinculado a la debida fundamentación, el recurrente debió precisar que aspecto de la fundamentación jurídica aludida no se absolvió en el Auto de Vista, dada cuenta que bajo el principio de congruencia debe quedar delimitado el espacio de compulsa de un motivo casacional. 2) que el Tribunal de alzada no realizó la verificación de la correcta subsunción del hecho al tipo penal por el que se lo condenó; el recurrente no establece con precisión y claridad cuál la norma incorrectamente aplicada o inobservada por parte del Tribunal de alzada en el control de tipicidad, tampoco que aspecto no fue resuelto en congruencia con el recurso de apelación restringida interpuesto; tampoco se ha concretizado cuál el daño emergente, aspectos importantes a conocer y que no se tomaron en cuenta a momento de recurrir de casación, dada cuenta que no basta para que un recurso sea admitido la alegación genérica de un derecho, como es en éste caso el derecho a la fundamentación jurídica y verificación sobre la tipicidad, ambos relacionados entre sí; sino que, es obligación del recurrente aportar la carga argumentativa necesaria para su consideración; deviniendo en inadmisible el motivo casacional.