III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
1) El recurrente reclama que su derecho a la petición fue vulnerado y no fue tomado en cuenta su memorial del Recurso de Apelación Restringida, puesto que en él solicitó el señalamiento de audiencia para la fundamentación del recurso en cumplimiento al art. 412 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que no fue atendido oportunamente, por lo que asume que se vulneró su derecho a la defensa a ser oído, a la petición y a la tutela judicial. Negándosele el acceso a la justicia pronta y oportuna. Invoca el Auto Supremo 82/2013 de 26 de marzo.
2) Por otra parte, manifiesta que fue juzgado con un nuevo hecho incorporado, siendo contradictorio con la acusación particular y fiscal puesto que desde la acusación fiscal fue procesado como autor del delito concusión para luego ser condenado como cómplice del delito de cohecho pasivo propio. Seguidamente menciona la vulneración al principio de congruencia como elemento del debido proceso puesto que se dictó una sentencia con otro tipo penal diferente al que fue juzgado desde un inicio. Cita la Sentencia Constitucional 0088/2013 de 17 de enero.
3) Asimismo, refiere que hubo vulneración al debido proceso al momento de la fundamentación de la Sentencia y el Auto de Vista, puesto que en su contenido lo refieren como cómplice, pero ambas resoluciones omiten tomar en cuenta el sobreseimiento al autor principal; al efecto, cita de manera
referencial para su estudio la Sentencia Constitucional 1719/2004-R.
4) Por otra parte, manifiesta que su derecho al debido proceso fue vulnerado en la vertiente de la valoración de la prueba, que no fue valorada de acuerdo a una sana crítica y que tampoco estuvo contenida de acuerdo a los presupuestos de valoración y validez que debe considerar la autoridad. Cita el Auto Supremo N° 014/2013 RRC de 6 de febrero de la Sala Penal Segunda.
Por otro lado, manifiesta la mala y equivoca valoración de la prueba presentada por la fiscalía MP-3 y violación de sus derechos y garantías constitucionales empleando sentencias constitucionales erróneas para la valoración y sustanciación del proceso y su respectiva resolución.