III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN
Señala la recurrente que, el Auto de Vista impugnado atentó el debido proceso y la seguridad jurídica; por cuanto, se parcializó con el Ministerio Público, ya que, no tomó en cuenta ni valoró legalmente las pruebas ofrecidas y presentadas en juicio oral por parte del juez inferior que limitó su derecho a la defensa y que se constituyó en determinante para que se emita “sentencia condenatoria por el delito que se me acusa” (sic), observando el Tribunal de alzada situaciones formales, cuando debía haber tomado en cuenta el principio Pro Homine o Pro Persona y la interpretación conforme a los Pactos e Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos; puesto que, el contenido del recurso de apelación restringida se refería a los defectos que se encontraron en la Sentencia y en la valoración de las pruebas, así como en el derecho a la defensa que como víctima tenía y que se obvió en el juicio oral, pues fuera de no realizar una valoración efectiva y legal de las pruebas producidas en juicio oral, no se la dejó participar en el juicio oral, ante el abandono de querella por no presentarse a una audiencia, aspecto que afectó el derecho a la defensa, así sobre la valoración de la prueba que no fue realizada en Sentencia, precisó las pruebas: MP-1, MP-2, MP-3, MP-8, MP-10, MP-11, MP-12 y MP-13; además, que no se realizó la valoración de la declaración del imputado que precisó que existía un poder que supuestamente sus padres le hubieren dado para disponer de todos los bienes; empero, no lo presentó; asimismo, precisó que la prueba documental de descargo ID-7 consistente en el requerimiento conclusivo de sobreseimiento del imputado, fue revocada; empero, no fue tomada en cuenta por el Tribunal de juicio; y, en relación a la prueba pericial realizada por José Antonio Goitia Durán, fue llevada a cabo en situaciones ilegales; puesto que, fue presentada en juicio oral sin indicar bajo qué situación legal se la tendría que aceptar, ya que, hasta ese momento se encontraban ofrecidas dos pericias que evidenciaron que las firmas no correspondían a los padres del imputado; no obstante, el Tribunal de mérito no realizó la valoración integral, así como no dio el valor correspondiente a cada uno de ellos, aceptando de forma ilegal producir prueba introducida ilegalmente. Cita la Sentencia Constitucional 0026/2018-S1 de 5 de marzo y los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007 y 314 de 25 de agosto de 2006.
Manifiesta la recurrente que, el Tribunal de mérito violó el art. 359 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que expresa la obligación del juzgador de valorar todas las pruebas al momento de pronunciar la Sentencia; empero, no fue cumplida, ya que, existieron pruebas que no fueron producidas pese a su ofrecimiento, lo que vulnera los arts. 370 incs. 1), 2), 3), 5), 6) y 11), 348, 362 y 365 del citado código, y los derechos que como víctima posee, puesto que, no tuvo oportunidad de impugnar ninguna decisión del Tribunal de mérito, debido al abandono de la querella, contrariando la Sentencia a lo señalado por la Sentencia Constitucional 1159/2014 de 10 de junio; por cuanto, no participó en el juicio oral, inobservando el Tribunal de mérito los arts. 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 11, 77 y 78 del CPP, en correspondencia con las Sentencias Constitucionales 1173/2004-R de 26 de julio y 1859/2010-R de 25 de octubre; puesto que, no procedió con la debida fundamentación, motivación y congruencia, obviando los derechos de acceso a la justicia y debido proceso. Cita los Autos Supremos 349 de 28 de agosto de 2006, 437 de 24 de agosto de 2007, 761/2015-RRC-L de 12 de octubre, 131 de 31 de enero de 2007 y 515 de 16 de septiembre de 2006.
Bajo el título “DEFECTO ABSOLUTO, EVIDENCIA DE SENTENCIA SIN CRITERIO SÓLIDO QUE FUNDAMENTEN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA”, refiere la recurrente, que la Sentencia realizó una valoración de las pruebas aportadas en el juicio de forma fragmentada y descriptiva de ninguna manera conjunta y armónica conforme lo establece los arts. 173 y 359 del CPP, incurriendo en valoración defectuosa de la prueba en forma descriptiva, parcial, fragmentada y cognitiva.
Señala la recurrente que, sobre el abandono de la querella, fue concedida por el Tribunal de mérito, vulnerando de ese modo los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, puesto que, no valoró el Tribunal de mérito las pruebas presentadas por su parte como víctima, en las que se encontraba documentales de gran valor para el juicio oral, sin tomar en cuenta el “derecho” pro honine.
Manifiesta la recurrente que, en audiencia de 15 de marzo de 2017, solicitó exclusión probatoria de la prueba de descargo signada como ID-7, respecto a la cual efectuó reserva de apelación, ya que, la misma debía ser producida en etapa preparatoria o en su caso bajo requerimiento fiscal, lo que no ocurrió; no obstante, fue aceptada por el Tribunal de mérito, aspecto que no fue considerado correctamente por el Tribunal de alzada dando lugar a la vulneración de los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, consagrado por los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cita el Auto Supremo 355/2014-RRC de 30 de julio.
Señala la recurrente que, la Sentencia contiene una insuficiente fundamentación en cuanto a la absolución y valoración de las pruebas producidas en juicio oral testificales y documentales, cuando los hechos acusados por el Ministerio Público fueron probados y se subsumen a los hechos relatados en la acusación; además, observó la introducción y producción de la prueba; empero, no fue tomada en cuenta por el Tribunal de mérito, lo que vulnera los derechos al debido proceso y seguridad jurídica.