CONSIDERANDO II
II.1. Consideraciones previas.
A mérito de los antecedentes administrativos y procesales, debidamente expuestos y previo a resolver las diferentes infracciones, se considera oportuno realizar las siguientes puntualizaciones jurídicas y conceptuales:
1. Conceptualmente la casación no es un recurso, en razón a que no activa la doble instancia, lo que sí ocurre con la compulsa y la apelación. Es decir que la casación en esencia, es un juicio de puro derecho, mediante el cual corresponde a este Tribunal acreditar si en la tramitación de la presente causa, se interpretó y por ende aplicó correctamente una determinada norma legal; en merito a lo manifestado se asume que los antecedentes cursantes en el expediente se constituyen en el medio idóneo para hacer efectiva la verdad material, principio que tiene raíz constitucional y es pilar del nuevo modelo de justicia, contenido en la Constitución Política del Estado.
Al manifestar que la casación es un juicio de puro derecho, implica que el recurrente, en su escrito de casación únicamente debe denunciar infracciones que fueron cometidas por las autoridades que emitieron la decisión de alzada, mismas que pueden ser de forma o de fondo. Será de forma, cuando se hubiera interpretado y por ende aplicado erróneamente un determinado procedimiento, contenido en la norma adjetiva, conocida como error in procedendo, correspondiendo tener presente que el legislador, respecto a esta clase de errores, en el art. 271.II del CPC, que es de aplicación supletoria a los procesos contencioso tributarios, precisa: “En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquella que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores” y una infracción de fondo, será aquella en la que las autoridades recurridas, hubieran interpretado y aplicado erróneamente una disposición legal sustantiva, también denominada error in iundicando.
También puede impugnarse en una casación, errores en la valoración probatoria, siendo estas de dos clases, error de derecho y error de hecho, al respecto el art. 271 del CPC, en su parágrafo I, precisa: “Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial”.
Como se pudo evidenciar, la casación, se constituye en un mecanismo efectivo, para garantizar que las autoridades judiciales de instancia, emitan una decisión judicial debidamente fundamentada y motivada, toda vez que si consideramos que la referida resolución judicial, no está debidamente fundamentada, se puede pedir se corrija la misma, denunciando errores in iundicando o errores in procedendo, y si consideramos que no está correctamente motivada, se debe reclamar esta situación exponiendo error de derecho o error de hecho en la valoración probatoria.
2. La Constitución Política del Estado (CPE), está conformada por principios constitucionales y por normas constitucionales, la diferencia conceptual entre ambos institutos jurídicos radica en que: “los principios, son orientadores, guían a quien debe resolver una controversia, coadyuvan en la labor de ponderación de derechos, con la finalidad de lograr la decisión más justa y correcta, complementando, se debe tener en cuenta que no existe jerarquía entre los principios (…) decisiones que obviamente en correspondencia con el debido proceso, deben estar debidamente argumentadas. En cambio, las reglas –normas-, al constituirse en una guía de conducta que la sociedad establece para que las personas puedan hacer o no hacer algo, acreditan su efectividad en función de la aplicación a casos fácticos concretos, siendo esta la única manera de materializar su contenido. Los principios son esenciales a tiempo de interpretar y por ende aplicar una determinada norma o regla jurídica” (Pág. 41 Libro La Justicia Administrativa en Bolivia. El proceso Contencioso Administrativo y Proceso Contencioso. Primera Edición 2020. Favio Chacolla Huanca).
En coherencia con lo manifestado, es oportuno tener presente que el art. 9 de la CPE dispone: “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 4.Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, disposición que es concordante con lo establecido en el art. 74 de la Ley N° 2492, el que en su numeral 2 establece: “Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según corresponda”.
II.2. Fundamentación y motivación de la decisión.
Con la finalidad de generar una decisión judicial, que cumpla con el principio de congruencia, verdad material, legalidad y seguridad jurídica, mismos que forman parte del debido proceso, corresponde realizar las siguientes precisiones:
2.1. Teniendo presente que la congruencia externa, en la etapa de casación, es la correspondencia que debe existir entre lo acusado o explicado en el escrito de casación, el contenido de la decisión de alzada y la decisión asumida en el auto supremo, es oportuno y necesario en el caso de autos tener presente que el Tribunal Supremo de Justicia, en forma reiterada asumió el siguiente criterio: “…contra una Resolución Anulatoria procede únicamente el recurso de casación en la forma, siendo que, si la parte recurrente no estaba de acuerdo con la resolución anulatoria emitida por el Ad quem, debió recurrir esta resolución a través del recurso de casación en la forma, pues dada la naturaleza anulatoria del Auto de Vista recurrido, no es posible plantear recurso de casación en el fondo, deviniendo en improcedente su recurso de casación” (A.S. Nros. 55/2015 de 29 de enero y 906/2018 de 13 de septiembre).
En coherencia con lo manifestado, en el caso de autos, es evidente que el Auto de Vista N° 31/2022 de 27 de octubre de fs. 283 a 292, contiene una decisión de forma, en mérito a que dispone la nulidad de obrados, consecuentemente, la parte que recurrió en casación, la referida decisión, a tiempo de exponer sus infracciones, debía cumplir con el criterio jurídico, asumido de manera uniforme por el Tribunal Supremo de Justicia.
2.2. Con la finalidad de acreditar lo precisado, luego de haber revisado minuciosamente el escrito de casación, cursante de fs. 298 a 306, se asumen las siguientes conclusiones: i) En su petitorio, el recurrente pide: “casar totalmente el auto de vista”, acreditando de esta manera que se trata de un recurso de casación en el fondo, sin embargo de ello, de la lectura integra de su escrito de casación, se evidencia que al inicio de este recurso, acusa infracciones de forma, referidas a falta de motivación y fundamentación, situación que tiene correspondencia con lo previsto en el art. 271.I del CPC, que dispone: “El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo”, consiguientemente este actuar del recurrente, independientemente de su petitorio, está acorde a lo previsto en nuestro ordenamiento legal vigente; ii) La primera infracción acusada, se titula: “Vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente aplicación objetiva de la Ley, al resolver la anulación de la Sentencia N° 48/2021”, en el desarrollo del mismo, precisa: “Señor Presidente y Magistrado, de la lectura del (…) Auto de Vista, podrán evidenciar que estos pretenden establecer de forma errónea que la sentencia emitida en primera instancia carece de fundamentación, motivación y congruencia a objeto de anular la misma…”
Luego citan varias Sentencias Constitucionales, con el fin de precisar el alcance conceptual de los términos; motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, para luego concluir en que la sentencia de primera instancia, “efectúa un análisis preciso de todas las cuestiones planteadas por el recurrente en su demanda”, en consecuencia, no correspondía que el Tribunal de Alzada disponga la nulidad de la misma, por falta de fundamentación y motivación.
En el epílogo de esta primera infracción, precisa: “en caso que vuestras autoridades decidan ingresar al fondo de la presente controversia, corresponde establecer los siguientes puntos a objeto de su consideración”.
Luego de la frase transcrita, la parte recurrente, en su escrito de casación de fs. 298 a 306 del expediente, desarrolla todo un análisis normativo de la prescripción, así como de la exención tributaria y el pago del IVA.
2.3. Realizadas estas precisiones y a objeto de emitir un fallo congruente, de inicio se aclara que, por la uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, teniendo en cuenta que el auto de vista objeto de este recurso, asumió una decisión de forma y no de fondo, no corresponde pronunciarnos, respecto a las infracciones de fondo, acusadas por la parte recurrente, en su escrito de casación, debiendo en consecuencia únicamente resolver lo referido a las infracciones de forma.
A consecuencia de lo precisado y luego de una revisión exhaustiva del Auto de Vista N° 31/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 283 a 292, corresponde realizar las siguientes precisiones:
Primero. El Tribunal de Apelación, ingresó a considerar el fondo mismo de la problemática planteada, analizó las pruebas que se produjeron en el proceso, arribó a una conclusión y fue la de disponer la NULIDAD de la sentencia “a efectos de resguardar los derechos y garantías constitucionales establecidas en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado y en aplicación del art. 17, concordante con el art. 30 de la Ley N° 025”, más no justificó, menos explicó cual el o los vicios procesales existentes en la resolución de primer grado que justifiquen una nulidad.
Complementando, el referido auto de vista, en lo extenso de su contenido, analizó el fondo de la causa, refiriéndose a aspectos tales como los elementos constitutivos del debido proceso, reconocidos por la jurisprudencia constitucional en su triple dimensión; como derecho fundamental de los justiciables, como principio procesal, como garantía de la administración de justicia, concluyendo no sin antes citar la SC N° 0486/2000-R; 0871/2010-R y 1365/2005-R, que la fundamentación y motivación de una resolución judicial o administrativa constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca un reclamo, presupuesto con el que –según el Tribunal de Alzada-, no cumplió la juez a quo.
Segundo. De igual manera el auto de vista, realizó un análisis del principio de congruencia haciendo suyos los fundamentos de la SCP N° 1916/2012, que reitera los contenidos en las SS.CC. 0358//2010-R y 1355/2010-R, para señalar que el Tribunal de Alzada posee la obligación de revisar de oficio las actuaciones procesales a efecto del saneamiento del proceso, atribución conferida por el art. 17 de la LOJ, en virtud del cual, se advierte vulneraciones a los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
No obstante, de lo manifestado, en autos, el Tribunal de Alzada no identificó cual el derecho o garantía constitucional vulnerados, sin embargo –reiteramos- ingresa al análisis de la demanda, desde su inicio, con una relación cronológica de fechas y de actuados procesales, concluyendo que, en el devenir del proceso, la parte demandada planteó excepción de cosa juzgada por sustracción de materia, excepción que no fue resuelta en primera instancia, realizando un estudio de fondo sobre la excepción, su significado y efecto de la sustracción de materia, para en definitiva señalar que en vista que las partes no cuestionaron este hecho, no se fundamentaría más al respecto.
Tercero. En alzada se analizó la postura de la jueza de primera instancia en relación a la prescripción impetrada por el demandante, efectuando un análisis de la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-01-2021 pronunciada por la Aduana Nacional, indicando que la juzgadora, se limitó a señalar que el transcurso del tiempo y la inactividad del proveedor no están probadas, sin explicar de qué manera arribó a tal afirmación.
Cuarta. Asimismo existió una serie de críticas a la labor de la a quo respecto a su decisión en relación a la supuesta inexistencia de la deuda tributaria determinada, subsumiendo el hecho al análisis del art. 8 de la Ley General de Aduanas, art. 6 de su reglamento, realizando un análisis sobre el nacimiento de la obligación de pago y la doctrina tributaria establecida sobre el particular, para más adelante concluir con el estudio de las exenciones tributarias y su vigencia, la regularización de los trámites de despacho inmediato, realizando un juicio de valor respecto a la Declaración Única de Importación (DUI) 2008/701/C-3964 de 20 de marzo de 2008.
De ese resumido análisis se establece que, en alzada, sí se ingresó a analizar el fondo mismo de la problemática planteada, no existiendo razonamiento justificado tendiente a encontrar una presunta nulidad de la sentencia por vicios de forma que pudiera contener tal resolución, de manera que, al existir el análisis de fondo supra resumido y decidir luego por la nulidad de la sentencia, el auto de vista se torna totalmente incongruente, por ende susceptible de anulación por razonarse que el vicio es grosero e ir contra el debido proceso, considerando que ni siguiera el actor a tiempo de recurrir de apelación la sentencia de primer grado, sugirió la posibilidad de una anulación de la sentencia, sino su petición estuvo centrada en buscar la revocatoria total de la sentencia, declarando prescrita la facultad de determinación de la deuda tributaria y todas las otras facultades de la autoridad aduanera.
A mérito de estas consideraciones de carácter jurídico y fáctico, corresponde emitir una decisión que este enmarcada en lo previsto por el art. 220.III del Código Procesal Civil, aplicables al caso de autos en forma supletoria.