Sentencia Rol 8008 - 2019

0000058 CINCUENTA Y OCHO establecer un tratamiento distinto, justamente fundado en que la Constitución lo mandata al control y supervigilancia de las armas, lo que admite sanciones de diversa naturaleza, incluyendo la exclusión de penas sustitutivas. Se trata de finalidades constitucionalmente legítimas para la adopción de este tipo de medidas. El Ministro señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR estuvo por rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en estos autos, y respecto del inciso segundo, del artículo 1° de la Ley N°18.216 por las siguientes consideraciones: 1°) Que, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad conlleva a que esta Magistratura deba practicar un examen concreto en relación con la gestión judicial pendiente, a efecto de discernir si la disposición legal impugnada produce resultados contrarios a la Constitución; 2°) Que, el caso concreto de estos autos constitucionales, consiste en el hecho de que el imputado se encontraba fabricando elementos incendiarios, instrumentos idóneos para causar la destrucción y daño a distintos bienes jurídicos protegidos por la ley penal, los cuales se ven amenazados en su indemnidad al mantener, por parte del requirente, armas de la entidad señalada; 3°) Que, las bases de la institucionalidad establecidas en el artículo 1° constitucional, imponen al Estado la obligación de resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población, valores que tienen preeminencia respecto a las garantías constitucionales presuntamente vulneradas por el precepto legal censurado; 4°) Que, si bien, y en general, la norma jurídica contenida en el inciso segundo, del artículo 1°, de la Ley N°18.216, en abstracto resulta contrario a la Constitución, en el caso concreto de que trata la gestión judicial en que tiene aplicación, no resulta ser así, atendido lo expresado precedentemente. El Ministro señor NELSON POZO SILVA estuvo por acoger el requerimiento respecto de la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, teniendo para ello en consideración los siguientes argumentos: 1°. Que es del caso hacer referencia en autos que el legislador puede establecer delitos y penas en virtud del mandato constitucional del artículo 63, N° 3, de la Carta Fundamental, en la medida que no afecten en la fijación concreta de la Política Criminal garantías fundamentales; 2°. Que, no obstante lo señalado anteriormente, al establecerse una forma de determinación de las penas radicalmente distinta u omisiva de la forma prevista por el legislador en el Código Penal, sin que se justifique con los fines del Derecho penal y con los elementos o esquemas del delito, los cuales conforman un sistema especial, 17