Sentencia T-1667/00

ACCION DE TUTELA-Improcedencia para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la Constitución Política

GOBIERNO NACIONAL-Formulación anual del presupuesto y ley de apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para incremento salarial de servidores públicos

ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia incremento salarial para servidores públicos

Reiteración de jurisprudencia

Referencia: expedientes acumulados T-359192, 359193, 359194, 359230, 359231, 359232, 359233, 359234, 359235, 359236, 359461, 359462, 359466, 359699, 359781, 359786, 359787, 359793, 359881, 359882, 359883, 359884, 359885, 359887, 359888, 359889, 359908, 359961, 360068, 360074, 360113, 360203, 360213, 360366, 360401, 360402, 360403, 360404, 360405, 360419, 360420, 360421, 360422, 360423, 360430, 360491, 360496, 360907, 360932, 361024, 361025, 361026, 361027, 361028, 361099, 361169, 361170, 361171, 361172, 361173, 361175, 361323.

Acciones de tutela contra el Gobierno Nacional, por una presunta violación de los principios mínimos consagrados en el artículo 53 Superior, y los derechos fundamentales a la igualdad y el trabajo.

Actores: CASDELO DE GONZALEZ EVELIA MARIA, POMARES DE POLO FLOR MARIA, GUERRERO DE MARQUEZ ROSA ELVIRA, YEPEZ PIMIENTA ILDEFONSO ANTONIO, PEREZ BRICEÑO MIRIAM CECILIA, MUÑOZ RAMIREZ JOAQUIN DE JESUS, LAVALLE POMARES EDGARDO RAFAEL, COLON VARELA FRNKLIN, POLO MARQUEZ ZORAIMA DOLORES, GARCIA DE MONTALVO ARACELY ESTHER, RAMIREZ MARIA ASTRID, GODOY ORTIGOZA LUZ MERY, GUZMAN SERRANO MARTHA CECILIA, GOMEZ ARIAS MARIA MARGARITA Y HERRERA ALZATE CARMEN CECILIA, VELEZ RENGIFO MARINA Y OTROS, PARRA JIMENEZ MARIA IRENE, QUINTERO ESCOBAR LEONARDO, GUTIERREZ ALVAREZ AMPARO DEL SOCORRO, POLO SILVERA UBALDO RAFAEL, GARCIA CASTILLO GILMA, ARIAS TERNERA MARGARITA, PACHECO HERNANDEZ MILADIS ONDINA, BARRIOS CANTILLO CANDELARIA MARIA, BASTIDAS PORTOCARRERO PAX ZULIMA, CORTES OSORIO MARIA BERENICE, GIRALDO GALLEGO JOAQUIN EMILIO, CANDELO QUINTERO HARVEY, OBANDO GARCIA STELLA Y OTROS, MAZO MIRA MARTHA NELLY, CORREA BARRIENTOS GABRIEL MELKIADES, ARIZA GIL AURA, CARDONA MARTINEZ CONSUELO, ORJUELA ZAPATA NASLY, PEÑA TAMAYO JUDITH DEL SOCORRO, SAMPER MIRANDA GLORIA MARINA, RACINES DURAN SONIA MARIA, JUVINAO RUIZ ROSA ELENA, ESMERAL LOPEZ LYDA ROSA, POLO PAYARES CECILIA, VEGA DE MENDOZA GRACIELA MERCEDEZ, RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL DE JESUS, SILVA DE POLO JOSEFINA DEL CARMEN, ESCORCIA IBAÑEZ ILDA ROSA, PEREZ ARAQUE ALEJANDRO CESAR, DELGADO CASTILLO ALVARO, ARROYO TIRADO JORGE LUIS Y OTROS, PABA BARBOSA CARMELINA, CHAPARRO DE ARANGO LILIA Y OTROS, JARAMILLO VELASQUEZ MAGOLA, VARGAS HERRERA VIRGINIA, CARABALLO PARRA LUZ ARMIDA, GUTIERREZ BETANCUR MARIA ELENA, CARDONA PUERTA ELBA LUZ, MARIN RAMIREZ MIGUEL ANGEL, MORENO ROSERO LUIS ALEJANDRO Y OTRO, JIMENEZ CONRADO CARMEN JULIA, VIVES HENRIQUEZ MANUEL POLONIO, URIELES PALMA KELY CECILIA, VARELA AVILA MARLENE, PEDRAZA NIEBLES LUIS ADOLFO, VILLA GONZALEZ ANA MARIA DE LOS DOLORES y HENAO VALENCIA HARVEY Y OTROS.

Tema:

Aumento anual de salarios para los servidores públicos.

Magistrado Ponente: CARLOS GAVIRIA DÍAZ

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre del año dos mil (2000).

La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en el proceso de revisión de los fallos proferidos por distintos despachos judiciales del país, dentro de los procesos de tutela instaurados por diversos empleados y pensionados del sector público, en contra del Presidente de la República; los Ministros de Hacienda y Crédito Público; Desarrollo; Educación; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y del Derecho; Defensa; Salud; Jefe de Departamento Administrativo de la Función Pública; el Director de Planeación Nacional; el Director de la Policía Nacional y la Caja de Sueldos y Retiro de la Policía Nacional, entre otros.

Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional, por remisión que hicieron las secretarías de los distintos despachos judiciales. La Sala de Selección No. 9 de tutelas de la Corte Constitucional, por auto del quince (15) de septiembre del año 2000, ordenó la revisión de los casos de la referencia, así como su acumulación, para ser decididos en una sola sentencia, si la Sala de Revisión así lo consideraba pertinente.

Correspondiéndole a la Sala Cuarta de Revisión adoptar la decisión, se determinó que, al existir identidad en los hechos que motivaron las diversas acciones, era procedente la acumulación decretada por la Sala de Selección, razón por la que se proferiría un solo fallo para decidir los procesos de la referencia, salvo por los expedientes radicados bajo los números T-360.644 y 361.503, que tratan sobre otros asuntos y se resolverán por separado.

I. ANTECEDENTES

Los hechos que dieron origen a las acciones de la referencia, pueden resumirse así:

A. Hechos y pretensiones.

1. Los actores, servidores públicos vinculados a distintas entidades del Estado, y algunos de ellos pensionados de la Policía Nacional, consideran que la decisión del Gobierno Nacional de no reconocer aumento alguno a los salarios de los empleados públicos, y a las pensiones de quienes devengaban para enero de 2000, más de dos (2) salarios mínimos mensuales, es contraria a sus derechos fundamentales, específicamente de los derechos a un salario digno y justo (artículo 25); móvil y proporcional (artículo 53); así como al reajuste periódico de las pensiones (artículo 53). Y, en especial, del derecho a la igualdad (artículo 13), por cuanto unos servidores públicos sí obtuvieron un aumento en sus salarios y mesadas pensionales, así: Los empleados y pensionados cuya asignación a enero de 2000 fue inferior a dos (2) salarios mínimos, recibieron un aumento del nueve por ciento (9%). Por su parte, a los Congresistas y a otros funcionarios como Magistrados de las Altas Cortes; el Fiscal General de la Nación; el Procurador General de la Nación; el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo, se les reconoció un reajuste del quince punto tres por ciento (15.3%), pese a la política de ajuste fiscal que promovió el Gobierno.

2. Entienden los diversos actores que las decisiones económicas del Gobierno no pueden desconocer los derechos laborales de quienes prestan o prestaron sus servicios a los distintos entes del Estado, pues las asignaciones que éste está obligado a reconocer como empleador, deben, por lo menos, mantener su valor adquisitivo. Dentro de este contexto, consideran que el Gobierno tenía el deber de reconocer a todos y cada uno de los empleados y pensionados estatales, un aumento o reajuste en sus emolumentos, que les permitiese conservar el poder adquisitivo de éste, toda vez que en razón del fenómeno de la inflación, éstos resultan inferiores a los que percibían el año inmediatamente anterior.

3. En este sentido, los diversos actores solicitan, con fundamento en decisiones de esta Corporación, específicamente en las sentencias T-102 de 1995 y C-710 de 1999, se ordene al Gobierno Nacional aumentar sus salarios y pensiones, en un porcentaje igual o similar al índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Administrativo de Estadística -DANE-, con el fin de conservar el valor adquisitivo de los mismos. Orden que debe tener un carácter retroactivo a enero del año en curso.

4. La acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales antes señalados, según se lee en los diversos escritos de tutela, se interpone, en algunos casos, como mecanismo transitorio a efectos de evitar un perjuicio de carácter irremediable y, en otros, como el único mecanismo judicial que existe en el ordenamiento jurídico colombiano para lograr el restablecimiento de los derechos que se dicen vulnerados.

B. Las sentencias de instancia.

Después de la intervención de los distintos entes estatales, que, en términos generales, solicitaron negar las acciones de tutela interpuestas en su contra, por considerar que la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones de quienes reciben emolumentos en cuantía mayor a dos salarios mínimos, no desconoce derecho fundamental alguno de quienes se dicen lesionados con la medida, la mayoría de despachos judiciales que conocieron de estas acciones, coincidieron en otorgar la protección impetrada.

Los argumentos para arribar a tal decisión, fueron coincidentes y se pueden resumir de las siguiente manera:

1. En el marco del Estado Social de Derecho, el Gobierno Nacional no podía desconocer, con su política económica, los derechos de los trabajadores a tener un salario vital y móvil, así como el reajuste periódico de las pensiones, que la Constitución consagra en favor de trabajadores y pensionados. En especial, cuando en virtud del fenómeno de la inflación, las mesadas pensionales y las asignaciones salariales sufren una disminución que vulnera directamente los derechos fundamentales de éstos, dado que se está recibiendo un emolumento menor al que se recibía en el año inmediatamente anterior.

2. La jurisprudencia constitucional ha sido clara al señalar que el reajuste de salarios y pensiones en una economía inflacionaria como la colombiana, es un derecho irrenunciable de los trabajadores y pensionados. Mecanismo tendiente a mantener, en todo o en parte, el valor adquisitivo de sus asignaciones. Por tanto, el Gobierno Nacional tenía el deber de aumentar la remuneración de los empleados y pensionados públicos, en un porcentaje que les permitiera mantener el poder adquisitivo de éstas.

Dentro de este contexto, los diversos despachos judiciales consideraron que el Gobierno Nacional ha debido aumentar los salarios y las pensiones del sector estatal, en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor, certificado por el Departamento Administrativo de Estadística -DANE-.

En consecuencia, y con fundamento en diversas decisiones de esta Corporación, los diferentes despachos judiciales ordenaron al Gobierno Nacional y, específicamente, al Ministro de Hacienda, iniciar las gestiones presupuestales correspondientes, a efectos de hacer viable el aumento salarial al que tenía derecho cada empleado o pensionado público. Aumento que, por lo menos, debería consistir en el mismo porcentaje de variación de los índices de precios al Consumidor, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior. Orden ésta que debía cumplirse entre los dos y cuatro meses de la notificación del correspondiente fallo, lapso que variaba según el despacho judicial de conocimiento.

Reajuste que, según lo sentenciaron los diversos funcionarios judiciales, debía hacerse en forma retroactiva al primero (1º) de enero de 2000.

Por su parte, otros despachos judiciales no accedieron a las pretensiones de algunos de los empleados y pensionados del sector público, al considerar que:

1. La decisión del Gobierno Nacional al estar materializada en diversos actos administrativos, puede ser objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, procedimiento éste que hace de la acción de tutela un mecanismo improcedente, por existir vías judiciales diversas a ella, por medio de las cuales se puede obtener la reparación del daño que se afirma, está causando la determinación gubernamental.

2. La decisión del Gobierno Nacional no está causando un daño de carácter irremediable que haga de la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados. Requisito éste indispensable para que proceda transitoriamente esta acción, ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.

3. La decisión del Gobierno Nacional es de carácter general e impersonal, hecho que hace improcedente la acción de tutela, en los términos del decreto 306 de 1992.

4. La decisión del Gobierno Nacional, cuyo fundamento está en las competencias constitucionales y legales a él reconocida, y como parte del plan de ajuste económico de la actual administración, no puede ser discutida ni desconocida por los jueces de la República, menos a través de una acción tan breve y sumaria como lo es la acción de tutela.

5. La pretendida violación del derecho a la igualdad no se configura, pues se reconoció aumento sólo a aquel sector que, por sus condiciones económicas, se encuentran en condiciones que requieren de la intervención del Estado. Así, la desigualdad que se alega, no es otra cosa que una diferenciación que es válida en el contexto de un Estado Social de Derecho.

Algunos de los fallos fueron impugnados, pero con idénticas consideraciones a las reseñadas anteriormente, fueron confirmadas las decisiones de instancia.

Algunas de estas providencias fueron objeto de impugnación, y revocadas por el superior jerárquico del funcionario que las emitió. Otras, por su parte, pese a ser impugnadas, fueron confirmadas con similares consideraciones. Finalmente, algunas de ellas no fueron recurridas.

Sobre todas estas decisiones, la Sala Cuarta de la Corte entrará a decidir. Para el efecto y con el fin de dar cumplimiento al deber de motivación de las sentencias, a continuación se individualizan los datos esenciales de las acciones de tutela a las que ha de referirse esta providencia y las consideraciones de la misma.

No. DEL EXPEDIENTE	PETICIONARIO	ENTIDAD DEMANDADA	PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	OBSERVACIONES
359192	CASDELO DE GONZALEZ EVELIA MARIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359193	POMARES DE POLO FLOR MARIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359194	GUERRERO DE MARQUEZ ROSA ELVIRA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359230	YEPEZ PIMIENTA ILDEFONSO ANTONIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359231	PEREZ BRICEÑO MIRIAM CECILIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359232	MUÑOZ RAMIREZ JOAQUIN DE JESUS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359233	LAVALLE POMARESEDGARDO RAFAEL	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359234	COLON VARELA FRNKLIN	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359235	POLO MARQUEZ ZORAIMA DOLORES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359236	GARCIA DE MONTALVO ARACELY ESTHER	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359461	RAMIREZ MARIA ASTRID	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CONCEDE	IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA	SE REVOCA
359462	GODOY ORTIGOZA LUZ MERY	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CONCEDE	IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA	SE REVOCA
359466	GUZMAN SERRANO MARTHA CECILIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL MUNICIPAL CONCEDE	IBAGUE (TOL.) JUZGADO 1 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA	SE REVOCA
359699	GOMEZ ARIAS MARIA MARGARITA Y HERRERA ALZATE CARMEN CECILIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	YOLOMBO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CONCEDE		SE REVOCA
359781	VELEZ RENGIFO MARINA Y OTROS	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	TULUA (VALLE) JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL CONCEDE		SE REVOCA
359786	PARRA JIMENEZ MARIA IRENE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDELLIN JUZGADO 1 DE MENORES CONCEDE	MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA	SE REVOCA
359787	QUINTERO ESCOBAR LEONARDO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDELLIN JUZGADO 1 DE MENORES CONCEDE	MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA	SE REVOCA
359793	GUTIERREZ ALVAREZ AMPARO DEL SOCORRO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDELLIN JUZGADO 2 DE MENORES CONCEDE	MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA	SE REVOCA
359881	POLO SILVERA UBALDO RAFAEL	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359882	GARCIA CASTILLO GILMA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO		SE REVOCA
359883	ARIAS TERNERA MARGARITA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359884	PACHECO HERNANDEZ MILADIS ONDINA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359885	BARRIOS CANTILLO CANDELARIA MARIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359887	BASTIDAS PORTOCARRERO PAX ZULIMA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
359888	CORTES OSORIO MARIA BERENICE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CONCEDE		SE REVOCA
359889	GIRALDO GALLEGO JOAQUIN EMILIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CONCEDE		SE REVOCA
359908	CANDELO QUINTERO HARVEY	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	PALMIRA (VALLE) JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL CONCEDE		SE REVOCA
359961	OBANDO GARCIA STELLA Y OTROS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	TULUA (VALLE) JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL CONCEDE	TULUA (VALLE) JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO CONFIRMA	SE REVOCA
360068	MAZO MIRA MARTHA NELLY	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	BELLO (ANT.) JUZGADO 2 DE FAMILIA CONCEDE	MEDELLIN TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA	SE REVOCA
360074	CORREA BARRIENTOS GABRIEL MELKIADES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	YOLOMBO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CONCEDE		SE REVOCA
360113	ARIZA GIL AURA	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE	BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL REVOCA
360203	CARDONA MARTINEZ CONSUELO	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE	BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA	SE REVOCA
360213	ORJUELA ZAPATA NASLY	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	BOGOTA JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE	BOGOTA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONFIRMA	SE REVOCA
360366	PEÑA TAMAYO JUDITH DEL SOCORRO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDELLIN JUZGADO 28 PENAL MUNICIPAL CONCEDE	MEDELLIN JUZGADO 19 PENAL DEL CIRCUITO CONFIRMA	SE REVOCA
360401	SAMPER MIRANDA GLORIA MARINA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360402	RACINES DURAN SONIA MARIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360403	JUVINAO RUIZ ROSA ELENA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO		SE REVOCA
360404	ESMERAL LOPEZ LYDA ROSA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360405	POLO PAYARES CECILIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360419	VEGA DE MENDOZA GRACIELA MERCEDEZ	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360420	RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL DE JESUS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360421	SILVA DE POLO JOSEFINA DEL CARMEN	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360422	ESCORCIA IBAÑEZ ILDA ROSA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360423	PEREZ ARAQUE ALEJANDRO CESAR	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360430	DELGADO CASTILLO ALVARO	MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BUENAVENTURA (VALLE) JUZGADO 5 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360491	ARROYO TIRADO JORGE LUIS Y OTROS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	PLANETA RICA (CORD.) JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA CONCEDE		SE REVOCA
360496	PABA BARBOSA CARMELINA	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	SANTA MARTA JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360907	CHAPARRO DE ARANGO LILIA Y OTROS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	PALMIRA (VALLE) JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
360932	JARAMILLO VELASQUEZ MAGOLA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDELLIN JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL CONCEDE		SE REVOCA
361024	VARGAS HERRERA VIRGINIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361025	CARABALLO PARRA LUZ ARMIDA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361026	GUTIERREZ BETANCUR MARIA ELENA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361027	CARDONA PUERTA ELBA LUZ	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361028	MARIN RAMIREZ MIGUEL ANGEL	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	ITUANGO (ANT.) JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361099	MORENO ROSERO LUIS ALEJANDRO Y OTRO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PASTO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CONCEDE		SE REVOCA
361169	JIMENEZ CONRADO CARMEN JULIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361170	VIVES HENRIQUEZ MANUEL POLONIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361171	URIELES PALMA KELY CECILIA	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361172	VARELA AVILA MARLENE	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361173	PEDRAZA NIEBLES LUIS ADOLFO	PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y CAJA DE SUELDOS Y RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	CIENAGA (MAG.) JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA
361175	VILLA GONZALEZ ANA MARIA DE LOS DOLORES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	MEDELLIN JUZGADO 1 DE FAMILIA CONCEDE		SE REVOCA
361323	HENAO VALENCIA HARVEY Y OTROS	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	PALMIRA (VALLE) JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO CONCEDE		SE REVOCA

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia.

La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.

Segunda.- Lo que se debate.

Corresponde analizar a esta Sala, si la decisión del Gobierno de no aumentar los salarios y pensiones en el sector público para el año 2000, cuando la cuantía de éstas fuera mayor a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, desconoce derecho fundamental alguno de los actores, y si tal decisión puede ser revisada mediante la acción de tutela.

Tercera. Reiteración de jurisprudencia.

3.1. La Sala Plena de esta Corporación, en decisión unánime del diez (10) de agosto del año en curso, y contenida en la sentencia SU- 1052 de 2000, resolvió denegar las acciones de tutela que, por los mismos hechos y pretensiones contenidas en los expedientes que ahora son objeto de revisión, interpusieran distintos servidores y pensionados estatales. En el mencionado fallo, se explicaron las razones por las cuales la acción de tutela era un mecanismo improcedente para controvertir la determinación gubernamental de no aumentar los emolumentos salariales y pensionales de los servidores y ex servidores públicos que, a enero de 2000, devengasen más de dos (2) salarios mínimos.

3.2. En relación con la improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre la decisión del Gobierno Nacional de no reajustar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, afirmó la Sala Plena de esta Corporación:

“al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan discriminados y por tanto desprotegidos.

“De tal manera que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de tutela no es posible sustituir al Gobierno Ncional en su gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las decisiones que con respecto a esta facultad se tomen, porque de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.).

“Así las cosas, corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan de Desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta Corporación es la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a controvertir.

“En consecuencia si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo ha sostenido esta Corporación, compete al Gobierno presentar el proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 del mismo ordenamiento.

“De otra parte, debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la decisión del Gobierno de no incluir en el proyecto de presupuesto un rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto.

“Esta mención del Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el Gobierno Ncional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86 de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos 345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136 del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga.

“3.2. Los tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso por el artículo 187 de la Constitución Política, como para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado, por el artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente.

“De lo anterior se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno en materia de gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas con los números 2780, 2804, 2922 y 3051.

“Igualmente, tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.

“Así mismo, el mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a la cual corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.).

“4.- Improcedencia de la acción de tutela como medida transitoria.

Sobre este asunto, en la misma sentencia antes citada se consideró:

“ ... se observa que todos los accionantes invocan la protección transitoria arguyendo que se disminuyó el poder adquisitivo de su salario al no haberse decretado su reajuste de conformidad al incremento del IPC para el año inmediatamente anterior. Ninguno se refiere a circunstancias especiales, como tampoco se aportan pruebas de hechos excepcionales que ameriten protección. De ahí que ha de considerarse que éstos han sido afectados por el incremento del costo de vida, al igual que todos los habitantes del territorio , problemática que debido a su generalidad y a su componente estructural, no puede remediarse mediante las órdenes que compete impartir al juez de tutela.

“Además, de conformidad con lo expuesto por la apoderada de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, corroborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no contradicho por los actores, “debido a que a los servidores públicos tuvieron en 1999 un incremento real de 3 puntos, al comparar el aumento salarial del 15% frente a una inflación esperada del 12%. Como la inflación prevista para el año 2000 es de un 10% y la masa salarial crecerá un 5.6% , se presenta en el presenta año una pérdida de 4 puntos que prácticamente es compensada con el aumento real obtenido por los servidores públicos en el año inmediatamente anterior”. Quiere decir entonces que la violación general impersonal y abstracta del derecho al trabajo de los servidores públicos, invocada para fundamentar el amparo provisional, no ha sido grave e irreparable porque, en términos globales, de llegar la inflación al 10% en el presente año, la pérdida del poder adquisitivo de la masa salarial que conforman estos servidores sería mínima.

“Por consiguiente, la Corte estima que en el presente asunto la tutela no puede concederse como mecanismo transitorio, en razón a que deben ser las instancias correspondientes las que decidan si los actos generales que se controvierten, vulneran el derecho a la igualdad y al trabajo de los servidores públicos; y, como ha quedado expuesto, ninguno de los accionantes adujo ni probó un perjuicio irremediable que amerite la protección transitoria.”

3.2. Dentro de este contexto, al existir identidad tanto en los hechos como en las pretensiones de las acciones de tutela que fueron revisadas mediante el fallo de diez (10) de agosto del año en curso -sentencia SU-1052 de 2000-, y las que ahora ocupan la atención de esta Sala, habrá de reiterarse lo dicho en esa oportunidad por el pleno de la Corporación, para confirmar así, las decisiones judiciales que denegaron el amparo que solicitaran distintos servidores y pensionados estatales.

3.3. Igualmente, teniendo en cuenta que algunos despachos judiciales en las acciones que ahora son objeto de revisión, concedieron la protección solicitada, tales decisiones han de entenderse revocadas mediante esta providencia, por cuanto la acción de tutela, tal como fue explicado por la Sala Plena en el fallo parcialmente transcrito, es improcedente para lograr el reajuste salarial solicitado por los diversos empleados y pensionados públicos.

III.- DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero: CONFÍRMANSE las sentencias proferidas por los despachos judiciales que decidieron en instancia la acción de tutela de que trata el expediente acumulado T-360113.

Segundo: REVÓCANSE las sentencias proferidas por los despachos judiciales que decidieron en instancia las acciones de tutela de que tratan los expedientes T-359192, 359193, 359194, 359230, 359231, 359232, 359233, 359234, 359235, 359236, 359461, 359462, 359466, 359699, 359781, 359786, 359787, 359793, 359881, 359882, 359883, 359884, 359885, 359887, 359888, 359889, 359908, 359961, 360068, 360074, 360203, 360213, 360366, 360401, 360402, 360403, 360404, 360405, 360419, 360420, 360421, 360422, 360423, 360430, 360491, 360496, 360907, 360932, 361024, 361025, 361026, 361027, 361028, 361099, 361169, 361170, 361171, 361172, 361173, 361175 y 361323 en las que se concedió el amparo que solicitaron los actores, servidores y pensionados públicos, por la decisión del Gobierno Nacional de no aumentar los salarios y pensiones estatales para el año 2000, cuando éstas, en su cuantía, fueran superiores a dos (2) salarios mínimos. En consecuencia, se dejan sin efecto las órdenes que fueron emitidas por los diferentes despachos judiciales en estos expedientes, para que el Gobierno Nacional hiciera las apropiaciones presupuestales correspondientes, a efectos de reconocer y pagar, en forma retroactiva, el reajuste salarial para el año 2000.

Tercero. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

CARLOS GAVIRIA DÍAZ

Magistrado Ponente

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado

IVAN H. ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (E)