Roj: STSJ AS 3990/2021

Fecha: 29-Dic-2021

Roj: STSJ AS 3990/2021 - ECLI:ES:TSJAS:2021:3990
Id Cendoj: 33044330012021101231
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Oviedo
Sección: 1
Fecha: 29/12/2021
Nº de Recurso: 432/2020
Nº de Resolución: 1267/2021
Procedimiento: Procedimiento ordinario
Ponente: DAVID ORDOÑEZ SOLIS
Tipo de Resolución: Sentencia
T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA)
OVIEDO
SENTENCIA : 01267/2021
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Primera
RECURSO P.O. nº 432/2020
RECURRENTE Doña Isidora
PROCURADOR Don José Manuel Tahoces Blanco
LETRADO Don Héctor Ribosa Payero
RECURRIDO Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior
ABOGACÍA DEL ESTADO Don Joaquín Francisco Viaño Díez
SENTENCIA
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don David Ordóñez Solís, presidente
Don Julio Luis Gallego Otero
Doña María Olga González-Lamuño Romay
Doña María Pilar Martínez Ceyanes
En Oviedo, a 29 de diciembre de dos mil veintiuno
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 432/2020, interpuesto por el procurador don José Manuel Tahoces Blanco, en nombre y representación de doña Isidora , y asistido por el letrado don Héctor Ribosa Payero, contra la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior, representado y asistido por la Abogacía del Estado, en materia de vacaciones del personal funcionario de policía. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don David Ordóñez Solís.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 24 de julio de 2020 el procurador don José Manuel Tahoces Blanco, en nombre y representación de doña Isidora , interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la solicitud presentada el 31 de enero de 2020 ante la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior para que se le abonen en concepto de compensación de vacaciones no disfrutadas las cantidades correspondientes a los años 2018 y 2019, más los intereses legales.
SEGUNDO.- Recibido el recurso en esta Sala, se registró con el número P.O. nº 432/2020 y por decreto de 24 de agosto de 2020 se admitió a trámite y se ordenó la tramitación por el procedimiento ordinario, el emplazamiento de los interesados y la remisión del expediente administrativo.
Por auto de 24 de febrero de 2021 se acordó la ampliación del recurso a la Resolución, de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior por la que desestima expresamente la solicitud.

TERCERO.- La parte actora formuló demanda, que fue contestada por escrito de la Abogacía del Estado. Por decreto de 2 de julio de 2021 se ﬁjó la cuantía como indeterminada y por auto de 14 de mayo de 2021 se recibió el juicio a prueba, practicándose en los términos que obra en autos.
Una vez presentadas las conclusiones por las partes, el 21 de diciembre de 2021 se procedió a la deliberación,
votación y fallo, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso contencioso-administrativo las
prescripciones legalmente establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Este recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Resolución, de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior por la que desestima la solicitud del abono de la cantidad correspondiente a las vacaciones anuales no disfrutadas, cinco días en 2018 y los correspondientes a 2019, antes de su jubilación el 20 de diciembre de 2019.
SEGUNDO.- La parte recurrente sostiene, en síntesis, que como funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía permaneció de baja para el servicio desde el 8 de octubre de 2018 hasta el 20 de diciembre de 2019 en que pasó a la situación de jubilada. Tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los tribunales españoles, incluida esta Sala, reconocen el derecho de compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al ﬁnalizar la relación laboral, sin que en este caso haya operado la prescripción.
TERCERO.- El abogado del Estado se opone a la demanda y, en particular, considera que es aplicable lo dispuesto en el artículo 50.2 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 50.3 impide sustituir el período de vacaciones anulares por una cuantía económica.
CUARTO.- El Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce en su artículo 50.1 el derecho de los funcionarios públicos a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
Del mismo modo, el artículo 50.3 del mismo EBEP establece un límite conforme al cual "El período de vacaciones anuales retribuidas de los funcionarios públicos no puede ser sustituido por una cuantía económica".
Ahora bien, sobre esta legislación ha de tenerse en cuenta la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, por ejemplo, constituido en Gran Sala, ha reiterado en su sentencia, de 20 de enero de 2009, Schultz-Hoff y Stringer, C-350/06 y C-520/06, a la hora de interpretar la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, que «el derecho de todo trabajador a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente por la propia Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 307, p. 18)» (apartado 22).
En la sentencia de 21 de julio de 2012, Anged, C-78/11, el Tribunal de Justicia recuerda que «el derecho a vacaciones anuales retribuidas no sólo tiene una importancia especial por su condición de principio del Derecho social de la Unión, sino que también está expresamente reconocido en el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el artículo 6 TUE, apartado 1, reconoce el mismo valor jurídico que a los Tratados» (apartado 17). A juicio del Tribunal de Justicia: «el trabajador tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas coincidentes con un período de baja por enfermedad en un período posterior, con independencia del momento en que haya sobrevenido esa incapacidad laboral» (apartado 21).

Asimismo, la sentencia de 12 de junio de 2014, Bollacke, C-118/13, señala: «el Tribunal de Justicia determinó que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que establezcan que, al ﬁnalizar la relación laboral, no se abonará compensación ﬁnanciera alguna en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al trabajador que se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y/o del período de prórroga, razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas». Esto es lo que determina que «el artículo 7 de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normativas o prácticas nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, que establecen que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación ﬁnanciera por las vacaciones no disfrutadas, cuando la relación laboral llega a su ﬁn por el fallecimiento del trabajador».
En ﬁn, la sentencia, de 11 de noviembre de 2015, Greenﬁeld, C-219/14, el Tribunal de Justicia deja claro que «el derecho a vacaciones anuales retribuidas no puede ser interpretado de manera restrictiva».
Asimismo, el Tribunal Supremo ha desarrollado una jurisprudencia, que se recoge, por ejemplo, en su sentencia de 27 de abril de 2021, recurso nº 4988/2019, recurso nº 4988/2019, ES:TS:2021:1556, ponente: Requero Ibáñez, de la Sección 4ª de la Sala Tercera, referida a un caso análogo en la Guardia Civil, y que como doctrina legal establece en estos términos:
1º Que a efectos del disfrute del derecho devengado a las vacaciones anuales, el contenido del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE en relación con el artículo 2.2 de la Directiva 89/391/CEE es aplicable con carácter general a los miembros de la Guardia Civil, sin perjuicio de las peculiaridades objetivas derivadas del concreto cometido desarrollado y que apoderan para justiﬁcar un trato diferenciado.
2º Que los miembros de la Guardia Civil de baja por incapacidad temporal, si por tal razón cesan y pasan a la situación de retiro sin previa incorporación al servicio activo, tienen derecho a una compensación económica en la proporción que corresponda por el derecho a las vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas. Este es, por lo demás, el criterio seguido por esta Sala y aplicado a los funcionarios de la Policía Nacional, tal como resulta, por ejemplo, de nuestra sentencia de 30 de septiembre de 2021, recurso nº 817/2020,
ES:TSJAS:2021:2790, ponente: Martínez Ceyanes.
QUINTO.- En este caso el período por el que se reclama el abono de las vacaciones queda suﬁcientemente acreditado y son 5 días de 2018 y todos los días que le correspondían a la funcionaria hasta que se jubiló en el año 2019.
En este supuesto la propia Dirección General de la Policía remitió un oﬁcio, de 27 de octubre de 2020, recibido el 5 de noviembre de 2020 en esta Sala, tal como consta en autos, en el que considera que procede el allanamiento en consonancia con el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, citando expresamente las sentencias tenidas en cuenta.
Por tanto, en este supuesto y en los términos que parece asumir la propia Dirección General de la Policía que proponía a la Abogacía del Estado el allanamiento, es preciso reconocer el derecho de la funcionaria recurrente del equivalente en metálico de las vacaciones que no pudo disfrutar antes de su jubilación.
Por todo lo cual, es preciso estimar el recurso contencioso-administrativo y debe reconocerse el derecho de la funcionaria recurrente a percibir la compensación económica por los días de vacaciones que no pudo disfrutar en 2018 y en 2019, más los intereses legales procedentes desde la reclamación administrativa.
SEXTO. En virtud de lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y dada la aceptación por la Dirección General de la Policía de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, no procede imponer las costas a la Administración demandada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,
FALLO
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador don José Manuel Tahoces Blanco, en nombre y representación de doña Isidora , contra la Resolución, de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior por la que desestima la solicitud del abono de la cantidad correspondiente a las vacaciones anuales no disfrutadas, cinco días en 2018 y los correspondientes a 2019, antes de su jubilación el 20 de diciembre de 2019, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la recurrente a percibir la compensación económica por los días de vacaciones que no pudo disfrutar en 2018 y en 2019, más los intereses legales procedentes desde la reclamación administrativa No procede imponer las costas a la Administración demandada.
Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala recurso de casación en el término de treinta días, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.