Fallo
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que no prevé vías procesales para subsanar, tras la vista preliminar del juicio oral, la falta de claridad e integridad de que adolezca el escrito de acusación y que constituya una vulneración del derecho de los acusados a que se les facilite información detallada sobre la acusación.
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13 y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que el tribunal remitente tiene obligación de proceder en la medida de lo posible a una interpretación conforme de la normativa nacional relativa a la modificación del escrito de acusación que permita a la fiscalía, en el acto de la vista, subsanar la falta de claridad e integridad de que adolezca el escrito de acusación de una manera que tenga en cuenta de forma efectiva y eficaz el derecho de defensa de los acusados. Solamente en el caso de que el tribunal remitente estime que no resulta posible proceder a una interpretación conforme en dicho sentido, corresponderá a este dejar inaplicada la disposición nacional que prohíba la suspensión del procedimiento judicial y devolver el asunto a la fiscalía para la redacción de un nuevo escrito de acusación.