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Si se reclama una orden dictada para que a pretexto de ejecutar una resolución presidencial se prive a un particular de sus propiedades que no aparecen afectadas por la referida resolución presidencial, puesto que de la prueba pericial rendida se obtiene que fue en el plano de ejecución donde se comprendieron esos predios, que inclusive se encuentran ubicados en un Municipio diferente al que corresponden los terrenos dotados, el amparo contra esa indebida ejecución es procedente, sin necesidad de la legitimación previa relativa al certificado de inafectabilidad que exige la fracción XIV del artículo 27 constitucional, en atención a que la dotación presidencial agraria no incluyó los bienes de los quejosos.