AUTO CONSTITUCIONAL 0074/2025-RCA

Por memoriales presentados el 10 de diciembre de 2024 y 10 de enero de 2025, cursantes de fs. 25 a 27 vta. y 31 a 33 vta., el accionante manifestó que dentro del proceso penal instaurado en su contra mediante Resolución 727/2023 le impusieron medidas de carácter personal, por lo que formuló recurso de apelación en audiencia, el cual llegó a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pero dentro de dicho trámite no recibió ningún tipo de notificación, enterándose por terceras personas que su recurso ya habría sido resuelto, por ello solicitó fotocopias legalizadas e informes al respecto, las que fueron puestas a su conocimiento el 11 de junio de 2024, momento a partir del que recién tuvo acceso a la Resolución 124/2024 de 2 de febrero, que confirmó la Resolución apelada y todo lo obrado al respecto, puesto que las notificaciones fueron realizadas a un número de celular equivocado.

Señaló que las autoridades demandadas en pleno incumplimiento de sus funciones y lesionando su derecho al debido proceso en sus instancias seguridad jurídica, doble instancia y defensa, puesto que no verificaron que las notificaciones con la Resolución 124/2024 y demás actuados se efectúen a los números correctos de celular señalados por él y su abogado a pesar de constar los mismos a lo largo del proceso, situación que provocó su indefensión. Los demandados como máximas autoridades de un Tribunal Superior debían revisar que lo informado por su Secretario y certificado por el Oficial de Diligencias fuera verdadero y conforme. Indica además que la falsedad de notificación realizada al número inventado es irregular, puesto que el citado acto se hubiera efectuado el 31 de enero de 2024, con el Decreto Constitucional de 1 de febrero del citado año.

Finalmente refiere que el objeto de la presente acción tutelar es la Resolución 124/2024 y que contra la misma no cabe recurso ulterior, ni recurso de casación, ni forma de incidente, ni nulidad, por lo cual cumplió con el principio de subsidiariedad.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de seguridad jurídica, doble instancia, defensa y a ser escuchado por una autoridad en proceso consagrado, citando al efecto los arts. 115, 116, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela disponiendo dejar sin efecto la Resolución 124/2024 emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y se ordene a los demandados disponer la celebración de nueva audiencia de apelación de medidas cautelares impuestas por la Resolución 727/2023 y sea con cabal y correcta citación a las partes en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Tercera del departamento del referido departamento, por decreto de 12 de diciembre de 2024, cursante a fs. 29, dispuso que la parte accionante cumpla con lo siguiente: a) Precise los hechos y antecedentes con relevancia constitucional vinculados a los actos atribuidos a la autoridad demandada, debiendo exponer de clara y puntual la relación de los hechos presuntamente lesivos; b) Determine los derechos presuntamente lesionados, para luego establecer el nexo de causalidad entre el acto y los derechos cuya supresión se alega; c) Postule su petitorio en los alcances previstos por el art. 33.8 en relación al art. 57.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); d) Aclare si venció el principio de subsidiariedad; y, e) Identifique a los terceros interesados.

La citada Sala Constitucional, mediante Resolución 01/2025 de 13 de enero, cursante de fs. 35 a 36, declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional por no cumplir el principio de inmediatez, fundamentando que conforme a la relación expuesta los actos que presumiblemente lesionarían los derechos del accionante radicarían en la emisión de la Resolución 124/2024, señalando que no se le habría notificado  de forma legal con dicho fallo, pero de acuerdo a los antecedentes se evidencia que si bien no estuvo presente en la audiencia, las partes fueron notificadas en Secretaría de Cámara el 2 de febrero de 2024, fecha desde la cual el accionante contaba con el plazo de seis meses para interponer la acción de amparo constitucional, pero al haber sido planteada el 10 de diciembre del mismo año fue interpuesta fuera de dicho plazo.

El accionante fue notificado con la indicada Resolución el 3 de febrero de 2025 (fs. 37), habiendo presentado impugnación el 5 del citado mes y año (fs. 38 y vta.), dentro del plazo otorgado por el art. 30.I.2 del CPCo.

I.5. Síntesis de la impugnación

Menciono que: 1) La Resolución de improcedencia refiere que la notificación con el acto lesivo presuntamente se hubiera efectuado a su persona el 2 de febrero de 2024, obviando que la misma fue labrada en Secretaría en virtud a la audiencia de su recurso de apelación de medida cautelar, acto procesal que le fue notificado al número 70118123 cuando el señalado por su persona es el 70690203, por lo cual no era posible tener conocimiento de lo acontecido en una audiencia en la que no estuvo presente por haber sido notificado a otro número de WhatsApp; y, 2) Mediante Resolución 124/2024 que confirmó la Resolución apelada recién fue puesta a su conocimiento el 11 de junio del mismo año mediante la entrega de fotocopias legalizadas que solicitó al Juzgado de origen.