AUTO CONSTITUCIONAL 0078/2025-RCA

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 11 y 17 de febrero de 2025, cursante a fs. 30 a 40 vta.; y, 99 a 103 vta., la accionante señaló que, el Certificado JCPR 1/23, emitido por la Gerencia General y el Jefe de Capacitaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural de Chuquisaca” R.L., acredita que es socia desde el 3 de enero de 2006; el 2024 postuló al Consejo de Administración con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento de la Cooperativa, tras cumplir los requisitos del Comité Electoral, habiendo ganado las elecciones el 16 de marzo de 2024 y fue posesionada como Secretaria del Consejo de Administración el 20 de igual mes y año, proceso certificado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP).

Al asumir sus funciones, solicitó documentos clave como ser: el Estatuto, Reglamento, Auditoría 2023 y Estados Financieros, para desempeñar su rol, pero recibió respuestas evasivas, habiendo reiterado su pedido el 3 de junio de ese año, argumentando que la información era esencial y no confidencial, sin obtener respuestas claras del Consejo de Vigilancia, también pidió la restitución de grabaciones de sesiones para su labor como Secretaria, lo que generó malestar en el Presidente y otros Consejeros, derivando en su posterior suspensión como Consejera, según la documentación que tiene a bien adjuntar a esta acción legal.

Manifestó que, mediante nota CON-ADM-01/2025 del 16 de enero, el Presidente del Consejo de Administración, Sixto Castillo Estepa, informó a los miembros del Consejo sobre los resultados de la inspección oficial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con relación a la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 de 13 de enero, Trámite T-1515332583 CMD, dicha inspección identificó varias deficiencias en la Cooperativa: a) Falta de verificación y documentación que sustente la habilitación de candidatos al Consejo de Administración y Vigilancia; b) Dos miembros del Consejo de Administración y uno de Vigilancia no cumplían con la experiencia requerida por la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; c) El Consejo de Administración interviene en operaciones cotidianas, descuidando su rol de implementar un buen gobierno corporativo y gestión de riesgos; y, d) Los nuevos Consejeros no recibieron información oportuna para ejercer sus funciones.

Indicó que, la ASFI en base a dichas observaciones ordenó a la Cooperativa, en un plazo de diez días hábiles: 1) Presentar un Plan de Acción con medidas correctivas, plazos y responsables; 2) Remitir un acta de reunión del Consejo donde se aborden las deficiencias y se comprometan a implementar las correcciones; 3) Reconformar los Consejos de Administración y Vigilancia, asegurando que sus miembros cumplan con los requisitos de la Ley 393; y, 4) Además, se exigió la conformación inmediata de un Tribunal de Honor para evaluar lo siguiente: i) El cumplimiento del Comité Electoral en el proceso electoral de 2023; ii) La habilitación de los Consejeros observados y su cumplimiento de la normativa; y, iii) Las medidas sancionatorias aplicables en los casos correspondientes, enfatizando que el objetivo no era cumplir formalidades, sino corregir las causas de las observaciones para evitar su recurrencia.

Señaló que, el 28 de enero de 2025, a horas 8:25, presentó un memorial ante el Presidente y miembros del Consejo de Administración, argumentando que, conforme al art. 173 y ss. del Estatuto Orgánico Interno de la Cooperativa, el Comité Electoral es elegido por la Asamblea General Ordinaria y tiene funciones específicas y temporales, limitadas a llevar a cabo el proceso electoral, según el art. 46 del Estatuto, el Comité Electoral responde únicamente ante dicha Asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria; por lo que, ni el Consejo de Administración ni el Consejo de Vigilancia tienen autoridad para suspender o destituir a sus miembros, a menos que medie alguna de las causas establecidas en el art. 75 del citado Estatuto. La ASFI tiene competencia exclusiva para regular y supervisar el sistema financiero, tal cual señala el art. 8 de la Ley 393, pero sus atribuciones no pueden exceder lo dispuesto en la norma; las observaciones realizadas deben enfocarse en acciones futuras y no en decisiones retroactivas, como la reconformación de los Consejos de Administración y Vigilancia, lo cual se considera una vulneración de derechos, fueron los socios de la Cooperativa los que confiaron en su elección como Consejera, y cualquier acto que la excluya del Consejo de Administración constituye una violación de sus derechos fundamentales, habiendo anunciado la interposición de las acciones constitucionales correspondientes.

Manifestó que, el 28 de enero de 2025, a horas 17:30, el Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo de Administración de la Cooperativa, ahora demandados le notificaron, mediante la nota CON-ADM-025/2025 de 27 de enero, la decisión de recusarla temporal y provisionalmente como Consejera titular del Consejo de Administración, medida que se basó en las observaciones de la ASFI a través de la Nota ASFI/DSR III/R-8534/2025, Trámite T-1515332583 CMD, señalando que no cumplía con los requisitos de la Ley 393, específicamente la falta de experiencia previa de al menos dos años en funciones de dirección o administración afines al cargo, tal como lo establece el art. 431.II de dicha Ley, instruyendo a la Cooperativa a reconformar el Consejo de Administración para garantizar que todos sus miembros cumplan con los requisitos legales, decisión ratificada en una reunión con la ASFI el 24 de enero de 2025. El Consejo de Administración justificó la recusación como una medida provisional, pendiente de resolución por la autoridad competente y la Asamblea General de Socios.

Considero que estas acciones, materializadas a través de las notas de la ASFI y del Consejo de Administración, ASFI/DSR III R-8534/2025 Trámite T-1515332583 y la nota CON-ADM-025/2025, constituyen una suspensión de facto de sus funciones, vulnerando sus derechos constitucionales, identificando estos actos como lesivos y fundamenta la presentación de una acción tutelar para su defensa.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante considera lesionado su derecho al debido proceso, a la defensa y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115.II, 116, 117.I, 119.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se deje sin efecto: a) La nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 de 13 de enero, Trámite T-1515332583 CMD, emitida por Efrén Oscar Villareal Waiwa, Director de Supervisión de Riesgos II e Ivette Espinoza Vásquez, Directora General Ejecutiva a.i., ambos de la ASFI; y, b) La nota CON-ADM-025/2025 de 27 de enero, emitida por los Consejeros de Administración ahora demandados. Sea con condenación de costas y costos.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, por Resolución de 18 de febrero de 2025, cursante de fs. 106 a 108, dispuso la improcedencia de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante interpuso una acción de defensa contra los miembros del Consejo de Administración por la emisión de la nota CON-ADM-025/2025, y contra la ASFI por la emisión de la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 Trámite T-1515332583; argumentando que la decisión del Consejo de Administración de recusarla y suspenderla temporalmente es un efecto directo de la nota emitida por la ASFI, no un acto independiente; 2) La ASFI actuó en el marco de sus atribuciones, conforme señala el art. 93 del Estatuto Orgánico Interno de la Cooperativa, el Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009, y los arts. 15 y 16 de la Ley 393, que le otorgan la potestad de regular, controlar y supervisar los servicios financieros; la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025, Trámite T-1515332583, se emitió como resultado de una inspección especial que identificó irregularidades en el proceso eleccionario de la Cooperativa; 3) La accionante no agotó la vía administrativa para cuestionar la decisión de la ASFI, pudiendo recurrir directamente a la Dirección General de la ASFI o utilizar el procedimiento administrativo común, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2022- para impugnar o cuestionar el acto administrativo emitido por la ASFI; además, el proceso interno en la Cooperativa, que incluye la conformación de un Tribunal de Honor, aún está en curso y determinará si se confirma o no la suspensión definitiva de la accionante como miembro del Consejo de Administración; y, 4) Por estas razones, se concluye que existen vías administrativas pendientes y un proceso interno en desarrollo, lo que implica que la acción presentada no cumple con el requisito de subsidiariedad; por lo que, no se puede admitir esta acción en la instancia en la que se encuentra.

Con dicha Resolución la parte accionante fue notificada el 20 de febrero de 2025 (fs. 109); formulando impugnación el 25 de igual mes y año (fs. 110 a 113); es decir, dentro del plazo establecido en el art. 30.I.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.5. Síntesis de la impugnación

Por memorial de 25 de febrero de 2025, cursante de fs. 110 a 113, la accionante, refirió lo siguiente: i) La Resolución de 18 de igual mes y año, emitida por la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional; no obstante, tanto en el memorial de acción tutelar, como en el de subsanación, argumentó que la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 Trámite T-1515332583 no es una resolución, sino un informe; por lo que, no son aplicables los recursos previstos en el art. 92 de la Ley 393, esto implica que no existe un recurso administrativo disponible para proteger de manera inmediata los derechos y garantías afectados; además, como consecuencia de esta nota, la Cooperativa convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Socios el 15 de febrero de 2025, donde se expuso información del informe sin fundamentación ni motivación, lo que vulnera el debido proceso; por ello, se consideró aplicable el art. 54.II del CPCo, ya que se presentó información y determinaciones arbitrarias a los socios, dejándola en total indefensión, afectando sus derechos de manera arbitraria; ii) En la acción de amparo constitucional alegó respecto a la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 Trámite T-1515332583 que ordenó la reconformación del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, entre otras medidas, lo que llevó al Consejo de Administración a recusarla y suspenderla temporalmente como Consejera de Administración Titular de la Cooperativa, afectando directamente sus derechos constitucionales al debido proceso, específicamente en cuanto a la fundamentación y motivación, pues la nota no contenía disposiciones normativas que justificaran las decisiones arbitrarias adoptadas respecto a la Cooperativa; iii) La referida Sala Constitucional Primera, al realizar un análisis de fondo en la fase de admisibilidad, sostuvo que la ASFI actuó en base al art. 93 del Estatuto Orgánico Interno de la Cooperativa, en concordancia con las facultades otorgadas por el DS 29894 y los arts. 15 y 16 de la Ley 393, concluyendo que podía recurrir directamente a la Dirección General de la ASFI; además señaló que, aunque no está clara la normativa aplicable al control y supervisión de las actividades electorales en entidades financieras, el procedimiento establecido en la Ley 2341 era aplicable en este caso; la normativa invocada por la citada Sala no es pertinente, ya que la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 Trámite T-1515332583 no es un acto administrativo impugnable, sino un informe que remite los resultados de una Inspección Especial de Gobierno Corporativo a la Cooperativa, al no ser un acto administrativo, no existe recurso alguno para impugnarla, y el daño ya se ha consumado, puesto que, fue suspendida de manera arbitraria de sus funciones como Consejera de Administración titular de la Cooperativa, en virtud de la nota CON-ADM 025/2025 emitida por el Consejo de Administración, que la recusó temporalmente, suspensión que vulneró sus derechos al debido proceso, defensa, fundamentación, motivación, ser escuchada y presunción de inocencia, tal como alegó en la acción de amparo constitucional; iv) En la Resolución de 18 de febrero de 2025, se declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional, argumentando que el proceso que llevó a su suspensión, basado en la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 Trámite T-1515332583 y los resultados de la inspección especial de la ASFI, aún no había concluido; puesto que, mediante la nota CON-ADM-025/2025 del 27 de enero, se estaría iniciando un proceso administrativo con la conformación de un Tribunal de Honor, el cual determinaría si se consolidaba o no la afectación a su representación como miembro electo del Consejo de Administración, y que contaba con una vía administrativa común para cuestionar los alcances y efectos de la nota de la ASFI, y que, al existir un proceso administrativo en curso dentro de la Cooperativa, se cumplía con el principio de subsidiariedad, esto imposibilitaba al Tribunal de garantías admitir la acción de amparo, ya que se consideró que existían mecanismos internos para resolver el conflicto antes de acudir a la vía constitucional, argumentos que no son reales, pues en la acción de amparo constitucional y en la subsanación, alegó que el Consejo de Administración (integrado por el Presidente, Vicepresidente y tres Vocales) aplicaron de manera equivocada los arts. 16 y 18 del Código de Ética de la Cooperativa al notificarle con una nota de recusación que la apartó ilegalmente de sus funciones como Consejera Titular del Consejo de Administración. Esta acción vulneró nuevamente su derecho al debido proceso y la decisión de suspenderla fue tomada de manera arbitraria, sin respetar la autoridad de la Asamblea General de Socios, reconocida como la máxima instancia por la Ley 356 de 11 de abril -Ley General de Cooperativas-; v) Los Consejeros demandados debieron remitir su caso a la Asamblea Ordinaria para que se iniciara un proceso sumario informativo, donde se le hubiera permitido ejercer su derecho a la defensa, en lugar de ello, decidieron recusarla directamente, consolidando la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, tal como lo expuso en la acción de amparo; la recusación, remoción o cesación de sus funciones como Consejera Titular del Consejo de Administración fue ilegal, según un análisis integral de la normativa aplicable, que incluye la Ley 356, la Ley de Servicios Financieros, el Decreto Supremo 1995 (Reglamento de la Ley General de Cooperativas), y el Estatuto Orgánico Interno de la Cooperativa. Estas normas establecen que la Asamblea General de Socios es la máxima autoridad y la única instancia competente para elegir y remover a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia. Por ello, tanto la disposición de la ASFI de reconformar los Consejos como la decisión del Consejo de Administración de recusarla y apartarla de sus funciones (incluyendo su cargo como Secretaria del Consejo) fueron ilegales. Esto se respalda en el art. 53.5, de las atribuciones de la Asamblea General, que establece su competencia exclusiva para elegir y remover a los integrantes de los órganos de la Cooperativa; vi) La Sala Constitucional Primera, en su Resolución de 18 de febrero de 2025, alegó que el principio de subsidiariedad aplicaba debido a la existencia de un proceso administrativo en curso mediante la conformación de un Tribunal de Honor; sin embargo, no existe un proceso administrativo en su contra al momento de interponer la acción tutelar, sino solo dos notas (la de la ASFI y la del Consejo de Administración) que la suspendieron de manera abrupta y arbitraria, sin permitirle ejercer su derecho a la defensa o someterse a un proceso justo y el  Tribunal de Honor no estaba constituido al momento de la suspensión; puesto que, la ASFI solo había instruido su conformación mediante la nota ASFI/DSR III/R-8534/2025 Trámite T-1515332583; y, vii) Por lo expuesto, solicita que la Comisión de Admisión la revoque y admita la acción de amparo constitucional, argumentando que se vulneraron sus derechos sin un proceso previo y que no existían vías administrativas efectivas para protegerlos al momento de interponer el amparo constitucional.