AUTO CONSTITUCIONAL 0174/2025-CA
Fecha: 24-Mar-2025
AUTO CONSTITUCIONAL 0174/2025-CA
Sucre, 24 de marzo de 2025
Expediente: 71561-2025-144-AIC
Acción de inconstitucionalidad concreta
Departamento: La Paz
En consulta la Resolución Administrativa DIRNOPLU 037/2025 de 5 de marzo, cursante de fs. 192 a 206, pronunciada por el Director Interino de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Claudia Rosario Núñez Limachi, demandando la inconstitucionalidad del art. 21. del Reglamento de Evaluación de Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial aprobado por RA DIRNOPLU 095/2021 de 10 de octubre, por ser presuntamente contrario a los arts. 8.II, 9.2, 13.I, 14.I,II y III, 109, 115.II, 116.I, 117.I. y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 28 de febrero de 2025, cursante de fs. 166 a 177 vta., la accionante manifiesta que existiendo un proceso administrativo de evaluación de desempeño (COD.LP-0023), el cual le fue notificado el 13 de igual mes y año, con calificación de 58.5 puntos sobre 100, siendo 61 la nota mínima de aprobación, por lo tanto negativa su evaluación, misma que le causa perjuicio, detrimento y menoscabo, además de ser injusta al tomar en cuenta con mayor valor los aspectos disciplinarios.
Refiere que, el 14 del citado mes y año, interpuso impugnación a los resultados de la evaluación de desempeño (2022-2024); solicitando se reconsidere la puntuación obtenida; sin embargo, hasta la presentación de la acción de inconstitucionalidad concreta, no existía resolución final, siendo evidente que dicha resolución dependerá de la constitucionalidad del precepto cuestionado, al ser el que exclusivamente se aplica para la ponderación en el procedimiento.
Alega que, la disposición impugnada, no busca el interés colectivo o el correcto funcionamiento notarial, al ser contrario a la dignidad humana y ser un proceso materialmente sancionador, pues sus efectos no sólo buscan la imposición de sanciones, sino se extiende más allá como un criterio para calificar su desempeño, contrario a la Constitución Política del Estado, la Ley del Notariado Plurinacional y el Decreto Supremo (DS) 2189 de 19 de noviembre de 2014, que no definen ningún puntaje para los criterios de avaluación.
Señala que el art. 21 del Reglamento cuestionado, en cuanto al test de proporcionalidad; toda vez que, el valor asignado en la evaluación respecto a antecedentes disciplinarios es superior a cualquier otro mérito, al tener asignado la casilla de ponderación de antecedentes disciplinarios de 50 puntos mientras que para la capacitación y actualización técnica tiene un puntaje máximo de 20 puntos, incluso con un doctorado que sólo son 7 puntos, verificando claramente que dicha medida es desproporcional y carece de toda razonabilidad, ya que si se hace cinco doctorados se tendrá la calificación mínima de 20 puntos.
Reitera que, en éste proceso de evaluación, la calificación de la sanción leve o grave, con menos de cincuenta puntos, implica vulneración del principio non bis in ídem, ya que fue sancionada según Resolución Final Disciplinaria con falta grave, conforme señala el art. 21.II del citado Reglamento, referido a que los “Aspectos Disciplinarios. Son los antecedentes disciplinarios sancionatorios (leves o graves) ejecutoriados” (sic); es decir, en este proceso de evaluación se le está nuevamente sancionando por dicha falta, castigándole con la asignación de menos 35 puntos, lo cual contradice el art. 117 de la CPE, que establece que nadie será condenado o sancionado más de una vez por un mismo hecho, habida cuenta que, el cumplimiento de la condena implica la rehabilitación inmediata, implicando la prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos, que también es aplicable a materia administrativa disciplinaria, como en el presente caso; esta calificación en esencia resulta lesiva a sus derechos fundamentales como es a la dignidad humana.
I.2. Respuesta a la acción
No existe decreto de traslado ni respuesta a la acción normativa interpuesta.
I.3. Resolución de la autoridad administrativa consultante
Por RA DIRNOPLU 037/2025 de 5 de marzo, cursante de fs. 192 a 206, el Director Interino de la DIRNOPLU, resolvió: rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta, argumentando que: a) La accionante por memorial presentado el 14 de febrero de 2025, impugnó su calificación y por Resolución de Impugnación DIRNOPLU 029/2025 de 21 del citado mes y año, en su condición de Director interino, resolvió confirmar parcialmente la puntuación obtenida de 58.5/100 a 60/100, fallo que fue notificado el 27 del referido mes y año; es decir, un día antes de la presentación de ésta acción normativa, y, conforme prevé el art. 28.II del Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarias y Notarios de Fe Pública, concordante con los arts. 31.II del DS 2189, no admite recurso ulterior, incumpliendo con el art. 73.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); b) La accionante se circunscribe en observar aspectos a la ponderación, sin exponer las razones jurídico-constitucionales, por las cuales considera que las normas cuestionadas son contrarias a los preceptos de la Norma Suprema, sin realizar la justificación de cómo cada artículo constitucional habría sido infringido; c) No es suficiente efectuar una cita de preceptos legales y constitucionales, sino que los argumentos jurídico-constitucionales empleados deben establecer las razones por las que dichas normas son contrarias al texto constitucional, requisito sin el cual no se puede realizar un examen de constitucionalidad; por ello, la impetrante debió explicar fundadamente porqué entiende que la resolución final que se dicte dentro del proceso administrativo dependerá de la constitucionalidad del precepto legal cuestionado, conforme lo dispuesto por el art. 79 del CPCo; y, d) La solicitante incumplió con el requisito establecido en el art. 24.I.4 del citado Código, referido a la identificación precisa de las normas constitucionales infringidas por el precepto legal impugnado; por lo que, corresponde su rechazo, de acuerdo al art. 80.IV del mencionado Código, al carecer la citada demanda de fundamento jurídico-constitucional, que justifique una decisión de fondo.
II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN
II.1. Norma impugnada y preceptos constitucionales supuestamente infringidos
Se demanda la inconstitucionalidad del art. 21 del Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarías y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, aprobado mediante RA DIRNOPLU 095/2021, por ser supuestamente contrarios a los arts. 8.II, 9.2, 13.I, 14.I, II y III, 109, 115.II, 116.I., 117.I y 119 de la CPE.
II.2. Marco normativo constitucional y legal
De acuerdo a lo previsto por el art. 196.I de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control de constitucionalidad.
Por su parte el art. 73.2 del CPCo, estipula que la acción de inconstitucionalidad concreta procederá: “…en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, el art. 80 del citado Código, establece que:
“I. Una vez solicitado se promueva la Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto ante la autoridad que conozca del proceso judicial o administrativo, se dispondrá el traslado, si corresponde, dentro de las veinticuatro horas, para que ésta sea respondida en el plazo de tres días a partir de su notificación” (las negrillas nos pertenecen).
El art. 81.I del mencionado Código, en cuanto a la oportunidad para interponer esta acción de inconstitucionalidad concreta, instituye que: “…podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoría de la Sentencia” (las negrillas nos corresponden).
Los preceptos citados anteriormente establecen, primero, que la demanda de inconstitucionalidad concreta debe ser planteada dentro de un proceso judicial o administrativo donde se tramita una causa; segundo, que este tipo de acción puede ser interpuesta por una sola vez, ya sea dentro de un proceso judicial o administrativo; lo que implica que si se solicitó se promueva la acción normativa en primera instancia, no podrá volver a ser formulada en segunda instancia.
Respecto a las causales de rechazo, el art. 27.II del mencionado Código, dispone que:
“II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:
a) Cuando concurra la cosa juzgada constitucional.
b) Cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda, o
c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo” (las negrillas son agregadas).
II.3. La norma sujeta a control constitucional en acciones de inconstitucionalidad concreta debe ser aplicada dentro de un proceso judicial o administrativo en trámite y a la resolución final
Al respecto, el AC 0023/2019-CA de 11 de febrero, señaló que: “El art. 73.2 del CPCo, al respecto establece que la acción de inconstitucionalidad concreta: ‘…procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales’.
Del artículo citado, se extrae que las normas sujetas a control constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad concreta, son leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales, que tienen que ser necesariamente aplicadas a la resolución del caso concreto dilucidado dentro el proceso judicial o administrativo; es decir, aplicadas en la resolución final, o conforme al entendimiento señalado en el anterior punto, en la resolución que se vaya a pronunciar en un incidente o excepción antes de emitirse la sentencia de cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa la resolución (las negrillas son nuestras).
Por su parte, la SCP 1334/2014 de 30 de junio, determinó la necesidad de la vinculación que debe existir entre la disposición impugnada de inconstitucionalidad con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa en la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso, señalando que: “…la acción de inconstitucionalidad concreta surge como una cuestión incidental previa a la aplicación de la norma impugnada en la resolución de un proceso concreto, siendo concreta ya que la aparente incompatibilidad de la disposición legal con la Norma Fundamental surge en la aplicación de la disposición legal a un caso concreto a momento de resolver un proceso judicial o administrativa; es decir, cuando una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal o de algunas de sus normas, cuya validez depende la adopción de su fallo; en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad concreta, tiene por objeto el control de constitucionalidad de las disposiciones legales, sobre cuya constitucionalidad exista duda y tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro el proceso judicial o administrativo; vale decir que la condición para la procedencia y admisión de la acción es que la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa, debe depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada” (las negrillas nos corresponden).
En ese sentido el AC 0360/2015-CA de 2 de octubre, precisó que: “Asimismo, el art. 79 del precitado Código, referido a la legitimación activa de esta acción, determina que: ‘Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción’.
En este sentido se pronunció la SC 2390/2010-R de 19 de noviembre, que señaló lo siguiente: ‘De la normativa transcrita, se establece que para la interposición de este recurso es necesario que se cumplan con las condiciones de procedencia establecidas en el art. 59 precitado; es decir, que sea promovido -de oficio o a solicitud de parte- dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo; que la disposición legal que se alega de inconstitucionalidad debe necesariamente ser aplicada a la resolución del caso concreto dentro del proceso judicial o administrativo’” (las negrillas nos pertenecen).
II.4. Análisis del caso concreto
En el presente caso, la accionante solicitó se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 21 del Reglamento de Evaluación del Desempeño de Notarías y Notarios de Fe Pública de Carrera Notarial, aprobado mediante RA DIRNOPLU 095/2021, por ser supuestamente contrario a los 8.II, 9.2, 13.I, 14.I, II y III, 109, 115.II, 116.I, 117.I y 119 de la CPE.
De la revisión de los antecedentes adjuntos se tiene que, la hoy accionante, fue sometida al proceso de evaluación de desempeño de 2023-2024, obteniendo la calificación de 58.5/100 (fs. 184 a 191), siendo la nota mínima de aprobación 61 puntos, y, al considerarla injusta, formuló impugnación el 14 de febrero de 2025 (fs. 144 a 146) conforme al art. 27 del citado Reglamento.
Ahora bien, por Resolución de Impugnación DIRNOPLU 029/2025 de 21 de febrero, el Director Interino de DIRNOPLU, confirmó parcialmente la puntuación obtenida, llegando a una puntuación global de 60/100, manteniéndose una evaluación de desempeño negativa (fs. 157 a 163), siendo notificada a la accionante el 27 del citado mes y año (fs. 165), presentando la acción inconstitucionalidad concreta el 28 del referido mes y año; y, siendo que dicho fallo no admite recurso ulterior conforme lo estipulado en el art. 28.III del nombrado Reglamento; es decir, que se activó la misma habiendo concluido el procesos de evaluación, no existiendo ninguna resolución pendiente en la que tenga que aplicarse el precepto cuestionado a través de ésta acción de inconstitucionalidad concreta.
Conforme a lo precedentemente expuesto, se advierte que al momento de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad concreta -28 de febrero de 2025- (fs. 166 a 177 vta.), el proceso administrativo de evaluación de desempeño se encontraba concluido; en consecuencia, tal extremo determina la inviabilidad de la presente acción normativa en análisis, ya que se incumple lo previsto en el art. 73.2 del CPCo, cuyo tenor exige que el proceso judicial o administrativo en el cual se pueda formular la acción de inconstitucionalidad concreta se encuentre en trámite, correspondiendo por ello el rechazo de la acción normativa conforme al art. 27.II inc. b) del nombrado Código, así como lo desarrollado en el Fundamento Jurídico II.3 de este fallo constitucional.
Por consiguiente, la Autoridad administrativa consultante, al rechazar promover la acción de inconstitucionalidad concreta, obró correctamente.
POR TANTO
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad a lo establecido en el art. 83.II del Código Procesal Constitucional, resuelve: RATIFICAR la Resolución administrativa DIRNOPLU 037/2025 de 5 de marzo, cursante de fs. 192 a 206, pronunciada por el Director interino de la Dirección del Notariado Plurinacional; y, en consecuencia, RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por Claudia Rosario Núñez Limachi.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
COMISIÓN DE ADMISIÓN
No interviene el Magistrado Boris Wilson Arias López por no estar de acuerdo con la determinación asumida.
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA PRESIDENTA MAGISTRADA