AUTO CONSTITUCIONAL 0181/2025-CA
Fecha: 26-Mar-2025
AUTO CONSTITUCIONAL 0181/2025-CA
Sucre, 26 de marzo de 2025
Expediente: 71722-2025-144-RDN
Recurso directo de nulidad
Departamento: Potosí
El recurso directo de nulidad interpuesto por Elías Coca Quiroz demandando la nulidad de la Resolución de 13 de marzo de “2023”, pronunciada por Gloria Maribel Canaviri Huertas, Jueza de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia, Jueza Técnica Primera de Uyuni del departamento de Potosí.
I. ANTECEDENTES DEL RECURSO
I.1. Síntesis de la demanda
Por memorial presentado el 12 de marzo de 2025 y recibido en la Comisión de Admisión el 19 del mismo mes año, cursante de fs. 4 a 6 y vta., el recurrente señala que dentro del proceso penal que sigue por el delito de despojo contra Feliciano y Cornelio, ambos de apellido Coca Villca y Jhonny Coca Quiroz. Proceso que se encuentra en etapa de juicio oral y contradictorio, instancia en la cual, el Hilacata Principal del Ayllu Pako Semanchi de la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, por memorial de 3 de junio de 2022 se suscitó conflicto de competencias entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), el peticionante solicitó a la Jueza de la causa decline su competencia en favor de la JIOC; sin embargo, la Jueza resolvió erróneamente declinar su competencia mediante Auto Interlocutorio de 22 de julio del referido año, la decisión fue apelada y la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, declaró inadmisible el recurso a través del Auto de Vista 115/22 de 26 de octubre.
Posteriormente la mencionada Autoridad remitió el expediente al Tribunal Constitucional Plurinacional para resolver el conflicto de competencia. No obstante, la Comisión de Admisión devolvió los antecedentes a la Autoridad judicial mediante Decreto Constitucional de 4 de enero de 2024, al advertir que no existe conflicto de competencias jurisdiccionales.
A pesar de ello la Juez pronuncio Resolución el 13 de marzo de “2023” -siendo lo correcto 2024-, disponiendo la declinatoria de competencia y ordenando la remisión de todos los antecedentes del proceso penal a la JIOC.
I.2. Argumentos jurídicos del recurso
Por imperio del art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE), son nulos los actos de personas que usurpen funciones que no les competen, así como aquellos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley, en concordancia con el art. 143 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Por consiguiente, la Jueza de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia, Jueza Técnica Primera de Uyuni del departamento de Potosí, usurpa funciones por actos que no le competen al momento de emitir la Resolución de 13 de marzo de “2023” -siendo lo correcto 2024-; y disponer la remision de obrados a las autoridades de la JIOC del Ayllu Pako Samanchi, dependiente de la Nación Originaria de Coroma; no obstante que el Tribunal Constitucional Plurinacional no admitió dicha demanda, al advertir que no existe un conflicto de competencias jurisdiccionales.
I.3. Petitorio
Solicita se “…anulen en su totalidad la Resolución de fecha 13 de marzo de 2023 emitida por la Señora Juez de Sentencia N° 1, y de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Uyuni, del departamento de Potosí…” (sic), por actuar sin jurisdicción y sin competencia.
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIÓN
II.1. Marco normativo constitucional y legal del recurso directo de nulidad
El art. 122 de la CPE dispone que: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Por su parte, el art. 143 del CPCo establece que: “El Recurso Directo de Nulidad tiene por objeto declarar la nulidad de los actos de Órganos o autoridades públicas que usurpen funciones que no les competen, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emane de la Ley”.
A su vez, el art. 144 del citado Código, determina que: “Se entenderá por acto, toda declaración, disposición o decisión, con alcance general o particular, de autoridad u Órgano Público, emitida en violación de la Constitución Política del Estado o las leyes” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, el art. 146 del mismo Código, establece que el recurso directo de nulidad no procede contra:
“1. Supuestas infracciones al debido proceso.
2. Las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, excepto cuando hubieran sido dictadas después de haber cesado o suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en su contra. Esta última previsión es aplicable a las demás autoridades” (las negrillas son nuestras).
II.2. El recurso directo de nulidad no procede como mecanismo para impugnar resoluciones judiciales, salvo la excepción establecida
Sobre el particular, el AC 0251/2019-CA de 9 de octubre, estableció que: “De todo lo referido, se concluye que Nelson Walter Ferrufino Gaite pretende la nulidad de todos los actos y las resoluciones judiciales emitidas por los Vocales y la Jueza recurridas dentro del proceso civil ordinario de ‘Declaración de Ineficacia Jurídica de Resolución Contractual Unilateral y de Ejecución de Póliza de Garantía, más consiguiente Resolución de Contrato Administrativo’.
Consiguientemente, la parte recurrente al momento de interponer el presente recurso no consideró que de acuerdo a lo previsto por el art. 146.2 del CPCo, que estipula que el recurso directo de nulidad no procederá contra las resoluciones dictadas por autoridades judiciales, salvo cuando hubieran sido emitidas después de haber cesado o ser suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso disciplinario en su contra, condiciones que no acontecieron en el caso de autos de acuerdo a los datos del recurso, por cuanto no se demostró que los Vocales y la Jueza recurridos hubieran cesado o estarían suspendidos de sus funciones, por lo que, no se presenta la excepción a la improcedencia del recurso directo de nulidad que se analiza, circunstancia, por la cual no corresponderá la admisión del recurso directo de nulidad, toda vez que, fue interpuesto dentro del referido proceso contra las resoluciones dictadas y actuaciones judiciales del mismo, cuestionándose la competencia de las autoridades recurridas, argumentando que las mismas hubieran perdido su competencia para conocer el proceso por efecto del art. 10.I de la Ley 212, confundiendo así el recurrente al alcance de art. 146.2 del CPCo.
Consiguientemente, el recurso interpuesto al haber incurrido en la causal de improcedencia reglada de la normativa procesal constitucional prevista en el art. 146.2 del CPCo, no puede ser objeto de análisis de fondo”.
II.3. Análisis del caso concreto
En el caso de examen, el recurrente demanda la nulidad “…en su totalidad la Resolución de fecha 13 de marzo de 2023 emitida por la Señora Juez de Sentencia N° 1., y de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Uyuni, del departamento de Potosí…” (sic); emitida dentro del proceso penal que sigue por el delito de despojo, por actuar sin jurisdicción y sin competencia.
De lo expresado ut supra, se evidencia que el recurrente busca la nulidad de la Resolución de 13 de marzo de “2023” -siendo lo correcto 2024- (fs. 3) pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia, Jueza Técnica Primera de Uyuni del departamento de Potosí, como consecuencia de un conflicto de competencias suscitado por la autoridad de la JIOC del Ayllu Pako Samanchi; resolución que considera es emitida sin jurisdicción ni competencia.
En ese orden, tal como refiere la norma constitucional y jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico II.1 y II.2 del presente Auto Constitucional, de manera general, los actos ejecutados y las resoluciones pronunciadas por las autoridades judiciales no pueden ser objeto del recurso directo de nulidad por mandato expreso del art. 146.2 del CPCo, al tener la calidad de resoluciones dictadas por autoridades judiciales que imparten justicia y forman parte de la función judicial.
En el caso en análisis, si bien el recurrente reclama la actuación sin competencia de la Jueza de la causa que conoce el proceso penal que sigue por el delito de despojo, no es menos evidente que no cumplió con las excepciones que permitirían la admisión del recurso, puesto que no acreditó de modo alguno que la autoridad demandada -Jueza de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia, Jueza Técnica Primera de Uyuni del departamento de Potosí-, hubiere emitido la Resolución impugnada luego de haber cesado en sus funciones o que se encuentre suspendida de su ejercicio como consecuencia de un proceso disciplinario iniciado en su contra; concluyéndose por ello que los argumentos expuestos, no se adecuan a las causales de procedencia del recurso directo de nulidad, ya que, como se tiene referido se cuestiona una resolución judicial, que debe ser impugnada intra proceso; situación que permite advertir que en la demanda planteada concurre lo estipulado por el art. 146.2 del mismo Código, relativa a que el recurso directo de nulidad no procede contra resoluciones judiciales.
Consiguientemente, el recurso directo de nulidad interpuesto, al haber incurrido en la causal de improcedencia, reglada en el art. 146.2 del CPCo, no puede ser objeto de análisis de fondo.
POR TANTO
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 146.2 del Código Procesal Constitucional; resuelve declarar la IMPROCEDENCIA del recurso directo de nulidad interpuesto por
CORRESPONDE AL AC 0181/2025-CA (viene de la pág. 5)
Elías Coca Quiroz, demandando la nulidad de la Resolución de 13 de marzo de “2023” -siendo lo correcto 2024-.
Al Otrosí 1.- Se extraña el Decreto Constitucional de 4 de enero de 2024, en lo demás por adjuntada.
A los Otrosíes 2 y 3.- Constitúyase como domicilio procesal la Oficina de Notificaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 12.I del Código Procesal Constitucional. Téngase presente el número de teléfono celular, como medio alternativo de comunicación.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
COMISIÓN DE ADMISIÓN
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA PRESIDENTA
Boris Wilson Arias López MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADO MAGISTRADA