AUTO CONSTITUCIONAL 0207/2025-CA

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial de 29 de noviembre de 2024, cursante de fs. 31 a 35 vta., la accionante manifestó que, en su condición de Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Octavo de Chuquisaca, se instauró en su contra un proceso disciplinario por supuestamente haber incurrido en la falta contenida en el art. 187.14 de la LOJ, determinando por Resolución Definitiva de Primera Instancia 63/2024 de 6 de noviembre, su sanción con la suspensión de sus funciones por cinco meses sin goce de haberes.

Por lo cual, considerando que la redacción del art. 187.14 de la LOJ le causa perjuicios, debido a que determina la decisión de las autoridades sumariantes, interpone esta acción de inconstitucionalidad concreta contra el mismo, por ser contrario a los arts. 115.II, 410.II y 132 de la CPE, alegando que el precepto legal cuestionado al ser una norma inferior no puede ir contra la Ley Fundamental, ni contra Sentencias Constitucionales de carácter vinculante. Indicando que, en cuanto a la relevancia que tendrá el artículo impugnado que si se acepta su constitucionalidad se vulneraría el principio del debido proceso, además de ir contra las sentencias constitucionales indicadas, causando de esta forma inseguridad jurídica al no haber tenido acceso a su derecho constitucional a ser procesada por una norma clara; puesto que, se estaría dando una indebida aplicación de la misma en casos donde la conducta atribuida no sea imputable al funcionario judicial denunciado, aspecto que debe ser previsto en la normativa.

I.2. Respuesta a la acción

Por decreto de 16 de enero de 2025, se corrió en traslado la acción normativa de referencia, pero no cursa respuesta alguna a la misma.

I.3. Resolución del Tribunal administrativo consultante  

Por Resolución AIC 01/2025 de 23 de enero, cursante de fs. 42 a 44 vta., el Tribunal de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, rechazó promover la presente acción de inconstitucionalidad concreta, bajo los siguientes fundamentos: a) La solicitante en su condición de funcionaria judicial responde a los resultados que emergen de sus funciones, deberes y atribuciones; b) Una norma mientras no sea tachada de inconstitucional presume su constitucionalidad, por lo que la acción interpuesta por la accionante carece de fundamentación fáctica y jurídica, máximo sino dio cumplimiento a lo previsto en el art. 24.I.4 del CPCo, conforme establece el  AC 0134/2015-CA de 6 de abril; y, c) La accionante no cumplió con los requisitos indispensables para promover la presente acción, habiendo omitido la carga argumentativa de contraste valedero y preciso de las normas constitucionales supuestamente inobservadas o violentadas; es decir, no existe una fundamentación jurídico constitucional que exponga de manera concreta la contradicción entre la norma cuestionada y el texto constitucional.