AUTO CONSTITUCIONAL 0307/2025-CA

AUTO CONSTITUCIONAL 0307/2025-CA

Sucre, 22 de mayo de 2025

Expediente:               73159-2025-147-AIC

Acción de inconstitucionalidad concreta

Departamento:    La Paz

En consulta la Resolución TSP. FF.AA. 017/25 de 30 de abril de 2025, cursante de fs. 19 a 24, pronunciada por el Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) del Estado, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Alexander Adrián Huanaco, demandando la inconstitucionalidad concreta del art. 89 inc. a) de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación (LOFA), por ser presuntamente contrario a los arts. 115.I y II, 116.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 25 de abril de 2025, cursante de fs. 1 a 8 vta., el accionante señaló que, en la fundamentación de las Resoluciones TPE 054/2022 de 26 de julio emitido por el Tribunal de Personal del Ejército y TPE 029/2024 de 4 de junio del Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. del Estado, fue aplicada el art. 89 inc. a) de la LOFA; sin embargo, dicha calificación no responde a la razón, ni a la lógica jurídica dejando de lado el principio de verdad material y seguridad jurídica, de la misma manera tampoco existe una motivación respecto al retiro obligatorio debido a que uno de los fundamentos del derecho al debido proceso es la presunción de inocencia, además de que un proceso llevado a cabo en la jurisdicción ordinaria no debería afectar a la institución, menos con el retiro obligatorio, toda vez que dicha determinación vulnera de manera flagrante la garantía del non bis in ídem establecido por el art. 117 de la CPE, es así que si bien en su caso cuenta con una sentencia condenatoria en la jurisdicción ordinaria que se encuentra registrado en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) que fue motivo para que el Tribunal del Personal de las FF.AA. aplique el retiro obligatorio conforme a lo dispuesto por el art. 89 inc. a) de la LOFA sin ningún análisis técnico ni legal en la administración de personal, sin tomar en cuenta lo establecido por el art. 65 inc. r) de la misma Ley, en consecuencia se aplicó una doble sanción tomando en cuenta la doctrina jurídica de sujeto, objeto y causa sin fundamentar las razones por las cuales se aplicaba dicha sanción, actuando de manera flagrante omitiendo con su deber de la motivación.

En ese sentido cuestiona la constitucionalidad del art. 89 inc. a) de la LOFA por ser contrarios a los arts. 115.I y II, 116.I y 120.I de la CPE, ya que para aplicar la sanción del retiro obligatorio los miembros del Tribunal de Personal del Ejercito fundaron su determinación sin tomar en cuenta su derecho a fundamentación así como defensa técnica que es un derecho irrenunciable, toda vez que para emitir una resolución el Tribunal del Personal del Ejército así como el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. del Estado debía fundamentar las razones por las cuales aplicaba el art. 89 inc. a) de la LOFA conforme a lo establecido por la       SC 0147/2010-R de 17 de mayo; sin embargo, en el presente caso, ello no ocurrió, por cuanto se actuó de manera flagrante omitiendo ese deber, en ese sentido refiere que la omisión señalada y la presunta inconstitucionalidad de la norma identificada como inconstitucional por su carácter ambiguo o genérico pueden privarle de su fuente laboral exponiendo a privarle de su derecho a la salud, por cuanto, pide se promueva la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto por ser contrario a sus derechos al debido proceso, al trabajo, a la salud y a la vida.

I.2. Respuesta a la acción

No cursa traslado ni respuesta alguna a la solicitud de la acción de inconstitucionalidad concreta.

I.3. Resolución del Tribunal administrativo consultante

Por Resolución TSP. FF.AA. 017/25 de 30 de abril de 2025, cursante de fs. 19 a 24, el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. del Estado, rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta, bajo los siguientes fundamentos: a) Mediante Oficio de la Sección Jurídica del Depto. I-PERS. 121/21 de 22 de febrero se elevó el Informe Legal “025/22” -no consigna fecha- a través del cual se puso en conocimiento que el accionante registra sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de consumo y tenencia para consumo de sustancias controladas previsto por el art. 49 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; b) El Tribunal del Personal del Ejército, en conocimiento de esos antecedentes a través de la Resolución           TPE 027/2022 de 28 de abril resolvió disponer la sanción disciplinaria de retiro obligatorio de conformidad al art. 89 inc. a) de la LOFA por contar el accionante con sentencia condenatoria ejecutoriada, ante ello, el nombrado presentó recurso de reconsideración que fue resuelto por Resolución TPE 054/2022 de     26 de julio disponiendo su improcedencia y, en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución TPE 027/2022; c) Por memorial de 27 de septiembre de 2022 el accionante presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante Resolución TSP FF.AA. 029/24 de 4 de junio de 2024 que resolvió confirmar la resolución TPE 054/2022 manteniendo firme y subsistente la sanción de retiro obligatorio del accionante, ante ello, el nombrado solicitó aclaración, explicación y enmienda que fue resuelta por Resolución TSP FF.AA 037/25; d) El accionante presentó la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 89 inc. a) de la LOFA por ser contraria a la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad; sin embargo, no señaló ningún fundamento concreto y claro sobre los motivos sobre los que considera que la norma es contraria la Norma Suprema, por lo que no se cumple con los alcances establecidos por el art. 24.I.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), asimismo confunde su proceso penal ordinario con su proceso disciplinario, cuando para fundar su acción de control normativo invoca el Código de Procedimiento Penal que no tiene relación con el proceso disciplinario que se le inició a efectos de cumplir lo establecido por el   art. 89 inc. a) de la LOFA respecto a su retiro obligatorio por contar con sentencia condenatoria ejecutoriada; e) Se debe diferenciar un proceso disciplinario de un proceso penal, ya que ambos son distintos, se enmarcan en normas y procedimientos distintos, tal como establece la SC “798/01-R”; y, f) La norma impugnada que establece el retiro obligatorio por contar con sentencia condenatoria ejecutoriada goza de presunción de constitucionalidad de acuerdo a lo establecido por el art. 4 del CPCo, siendo la petición del accionante inviable.

 

II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN

II.1.  Normas impugnadas y preceptos constitucionales supuestamente infringidos

Se demanda la inconstitucionalidad del art. 89 inc. a) de la LOFA, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.I y II, 116.I y 120.I de la CPE.

II.2.  Marco normativo constitucional y legal

De acuerdo a lo previsto por el art. 196.I de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control de constitucionalidad.

Por su parte el art. 73.2 del CPCo, estipula que la acción de inconstitucionalidad concreta procederá: “…en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, el art. 80 del citado Código, establece que:

“I. Una vez solicitado se promueva la Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto ante la autoridad que conozca del proceso judicial o administrativo, se dispondrá el traslado, si corresponde, dentro de las veinticuatro horas, para que ésta sea respondida en el plazo de tres días a partir de su notificación” (las negrillas nos pertenecen).

El art. 81.I del mencionado Código, en cuanto a la oportunidad para interponer esta acción de inconstitucionalidad concreta, instituye que: “…podrá ser presentada por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoría de la Sentencia” (las negrillas nos corresponden).

Los preceptos citados anteriormente establecen, primero que la demanda de inconstitucionalidad concreta debe ser planteada dentro de un proceso judicial o administrativo donde se tramita una causa; segundo, que este tipo de acción puede ser interpuesta por una sola vez, ya sea dentro de un proceso judicial o administrativo; lo que implica que si se solicitó se promueva la acción normativa en primera instancia, no podrá volver a ser formulada en segunda instancia.

Respecto a las causales de rechazo, el art. 27.II del mencionado Código, dispone que:

“II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:

a)  Cuando concurra la cosa juzgada constitucional.

b)  Cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda, o

c)   Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo” (las negrillas son agregadas).

II.3.  La norma sujeta a control constitucional en acciones de inconstitucionalidad concreta debe ser aplicada dentro de un proceso judicial o administrativo en trámite y a la resolución final

Al respecto, el AC 0023/2019-CA de 11 de febrero, señaló que: “El            art. 73.2 del CPCo, al respecto establece que la acción de inconstitucionalidad concreta: ‘…procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales’.

Del artículo citado, se extrae que las normas sujetas a control constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad concreta, son leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales, que tienen que ser necesariamente aplicadas a la resolución del caso concreto dilucidado dentro el proceso judicial o administrativo; es decir, aplicadas en la resolución final, o conforme al entendimiento señalado en el anterior punto, en la resolución que se vaya a pronunciar en un incidente o excepción antes de emitirse la sentencia de cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa la resolución (las negrillas son nuestras).

Por su parte, la SCP 1334/2014 de 30 de junio, determinó la necesidad de la vinculación que debe existir entre la disposición impugnada de inconstitucionalidad con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa en la resolución del caso concreto a ser dilucidado dentro del proceso, señalando que: “…la acción de inconstitucionalidad concreta surge como una cuestión incidental previa a la aplicación de la norma impugnada en la resolución de un proceso concreto, siendo concreta ya que la aparente incompatibilidad de la disposición legal con la Norma Fundamental surge en la aplicación de la disposición legal a un caso concreto a momento de resolver un proceso judicial o administrativa; es decir, cuando una duda fundada y razonable sobre la constitucionalidad de una disposición legal o de algunas de sus normas, cuya validez depende la adopción de su fallo; en consecuencia, la acción de inconstitucionalidad concreta, tiene por objeto el control de constitucionalidad de las disposiciones legales, sobre cuya constitucionalidad exista duda y tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto dilucidado dentro el proceso judicial o administrativo; vale decir que la condición para la procedencia y admisión de la acción es que la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa, debe depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada” (las negrillas nos corresponden).

En ese sentido el AC 0360/2015-CA de 2 de octubre, precisó que: “Asimismo, el art. 79 del precitado Código, referido a la legitimación activa de esta acción, determina que: ‘Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción’.

En este sentido se pronunció la SC 2390/2010-R de 19 de noviembre, que señaló lo siguiente: ‘De la normativa transcrita, se establece que para la interposición de este recurso es necesario que se cumplan con las condiciones de procedencia establecidas en el art. 59 precitado; es decir, que sea promovido -de oficio o a solicitud de parte- dentro de la tramitación de un proceso judicial o administrativo; que la disposición legal que se alega de inconstitucionalidad debe necesariamente ser aplicada a la resolución del caso concreto dentro del proceso judicial o administrativo’” (las negrillas nos pertenecen).

II.4.  Análisis del caso concreto

El accionante solicitó se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta contra el art. 89 inc. a) de la LOFA, por ser contrario a los          arts. 115.I y II, 116.I y 120.I de la CPE.

De acuerdo al texto contenido en el art. 83.II del CPCo, corresponde a la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad concreta; para lo cual, debe contrastarse si el accionante dio cumplimiento a cada uno de los requisitos desglosados ​​en el Fundamento Jurídico II.2 del presente Auto Constitucional.

Ahora bien, de la documentación que cursa en obrados se evidencia que, tomando conocimiento de que el accionante cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada en la vía ordinaria, el Tribunal de Personal del Ejército, a través de la Resolución TPE 027/22 de 28 de abril, resolvió disponer la sanción disciplinaria de retiro obligatorio de conformidad al    art. 89 inc. a) de la LOFA, ante ello, el accionante presentó recurso de reconsideración que fue resuelto mediante Resolución TPE 054/2022 de 26 de julio, disponiendo su improcedencia y, en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución de primera instancia; en ese sentido, contra tal determinación el accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por Resolución del Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. del Estado 029/24 de 4 de junio de 2024 que resolvió confirmar la Resolución del Tribunal del Personal del Ejército 054/2022 y la Resolución TPE 027/2022, mismas que disponen la sanción de retiro obligatorio del accionante de conformidad al art. 89 inc. a) de la LOFA, por contar con sentencia judicial condenatoria ejecutoriada (fs. 12 a 17).

En ese contexto, se advierte que, al momento de la interposición de esta acción de inconstitucionalidad concreta -25 de abril de 2025-, el proceso disciplinario seguido contra el accionante ya habría concluido con la emisión de la Resolución del Tribunal Superior de las FF.AA. 029/24, que resolvió el recurso de apelación planteado, contra el cual no existe recurso ulterior, tal como prevé el art. 108 de la LOFA al señalar que: “El Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas es el máximo organismo para hacer cumplir las Leyes y Reglamentos Militares. Sus resoluciones son definitivas por ser de última instancia y de observancia obligatoria para las tres Fuerzas …” (las negrillas fueron agregadas); entonces, de acuerdo a dicha normativa, la Resolución que resuelve el recurso de apelación se constituye en definitiva e inapelable; es decir, ya no existe ninguna instancia pendiente de emitir resolución o recurso alguno que pueda modificar el fondo de la sanción impuesta en el que se deba aplicar la norma legal impugnada de inconstitucionalidad, en el proceso incoado en su contra; en consecuencia, se tiene que la presente acción de control normativo es interpuesta sin observar la previsión contenida en el art. 73.2 del CPCo, donde se establece que la acción de inconstitucionalidad concreta procede en el marco de un proceso judicial o administrativo, cuya decisión depende de la constitucionalidad de la norma impugnada; por lo que, en aplicación del art. 27.II inc. b) del Código

CORRESPONDE AL AC 0307/2025-CA (viene de la pág. 6)

citado, debe determinarse el rechazo de la misma, por haber sido presentada de forma extemporánea.

Por consiguiente, el Tribunal administrativo consultante, al rechazar promover esta acción de inconstitucionalidad concreta, obró de manera correcta.

POR TANTO

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de lo establecido por el art. 83.II del Código Procesal Constitucional; resuelve: CONFIRMAR la Resolución TSP. FF.AA. 017/25 de 30 de abril de 2025, cursante de fs. 19 a 24, pronunciada por el Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas del Estado; y, en consecuencia, RECHAZAR promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Alexander Adrián Huanaco.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

COMISIÓN DE ADMISIÓN

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO PRESIDENTE

     MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo             Ángel Edson Dávalos Rojas

                     MAGISTRADA                                        MAGISTRADO