AUTO CONSTITUCIONAL 0193/2025-RCA
Fecha: 14-Jul-2025
AUTO CONSTITUCIONAL 0193/2025-RCA
Sucre, 14 de julio de 2025
Expediente: 74595-2025-150-AAC
Acción de amparo constitucional
Departamento: Santa Cruz
En revisión de la Resolución 35/2025 de 14 de mayo, cursante de fs. 107 a 109,
pronunciada dentro de la acción de
amparo constitucional interpuesta por Jhojanes
Zeballos Gómez contra Carla Lorena
Añez Méndez, Jueza de Instrucción
Penal, Anticorrupción y Contra la
Violencia Hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Santa
Cruz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Mediante memorial presentado el 13 de mayo de
2025, cursante de fs. 75 a 106, el accionante alega que se le siguió un proceso
penal por la presunta comisión de los delitos de Almacenaje, comercialización,
compra ilegal de diésel oil, gasolina y gas licuado de petróleo, sancionado y
tipificado por el art. 226 Bis del Código Penal (CP), causa en la que, bajo presión
de la Fiscal de materia firmó un documento en el que se declaraba culpable,
razón por la cual fue sometido a un proceso abreviado, dictándose en audiencia
la Sentencia 38/2024 de 15 de noviembre, condenándolo a dos años de prisión, determinación basada en la admisión de los
hechos mediante coacción y amedrentamiento del que fue víctima por parte del
Ministerio Público.
Sentencia que al lesionar sus derechos y garantías fundamentales, impugnó mediante el incidente de actividad procesal defectuosa, siendo rechazado in limine, negándole toda posibilidad de recurso ulterior ordinario ante las autoridades jurisdiccionales ad quem.
I.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Alega la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia de las resoluciones y de aplicación objetiva de la Ley; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.3. Petitorio
Solicita la admisión de
la presente acción tutelar y se disponga: a)
Se deje sin efecto la Sentencia 38/2024 de 15 de noviembre y la Resolución de
imputación; y, b) La condenación en
costas, daños y perjuicios.
I.4. Resolución de la Sala Constitucional
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 35/2025 de 14 de mayo, cursante de fs. 107 a 109, declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional, en mérito a lo previsto por los arts. 53.3 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), señalando que: 1) Lo que el accionante pretende es que se restablezcan sus derechos constitucionales y se deje sin efecto la Sentencia 38/2024, así como la Resolución de imputación; 2) De la revisión de la acción de defensa y de la prueba documental adjunta, se advierte que el accionante fue notificado en audiencia con la Sentencia 38/2024; de la lectura de la misma se evidencia que el impetrante renunció al recurso de apelación, situación que le impide activar los recursos legales que le franquea la jurisdicción ordinaria penal; y, 3) De acuerdo a lo previsto por el art. 54.I del CPCo, no corresponde la protección inmediata de los presuntos derechos y garantías restringidas, suprimidas o amenazadas de serlo por medio de la acción de amparo constitucional, al no haber agotado las instancias jurisdiccionales ordinarias, adecuándose a la sub regla 1.a) de improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad, desarrollada en la SCP 1035/2010-R de 23 de agosto, que cita a su vez a la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre; si bien el parágrafo II del citado precepto admite excepciones al principio de subsidiariedad, ante la inminencia del daño que podría ocasionarse o la necesidad de una protección inmediata; empero, en el caso de análisis existen las vías legales para la reparación de los supuestos derechos vulnerados, no siendo la jurisdicción constitucional supletoria de los mecanismos ordinarios, que tiene para remediar las supuestas vulneraciones a sus derechos invocados como lesionados.
Con dicha Resolución el solicitante de tutela, fue notificado el 5 de junio de 2025 (fs. 110), formulando impugnación el 10 del mismo mes y año (fs. 112 a 113 vta.), dentro del plazo establecido en el art. 30.I.2 del CPCo.
I.5. Síntesis de la impugnación
Señala que: i) El Auto impugnado no cumplió con el principio de subsidiariedad ni con las excepciones que establece la ley, debido a la renuncia al recurso de apelación en la vía ordinaria, sin tomar en cuenta que activó el incidente de actividad procesal defectuosa, el cual fue pasado por alto, siendo la vía constitucional la única para restituir sus derechos conculcados; y, ii) La jurisprudencia constitucional señaló que el principio de subsidiariedad no exige el uso ritual o formalista de los recursos disponibles, sino el intento real y razonable de obtener tutela en sede ordinaria, por lo que no puede convertirse en un obstáculo para el acceso a la justicia.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN
II.1. Marco normativo constitucional y legal
El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
En ese sentido el art. 129 de la Norma Suprema, dispone que:
“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
II. (…) podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.
II.2. Causales de improcedencia en la acción de amparo constitucional
En cuanto a la acción de amparo se refiere, existes causales para declarar su improcedencia, lo cual está claramente descrito en el art. 53 del CPCo, que señala que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá:
1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.
2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.
3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.
4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento.
5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas son añadidas).
II.3. Sobre el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional
Al respecto el art. 54.I del CPCo, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”.
Asimismo la jurisprudencia es uniforme en señalar que: “…La acción de amparo constitucional, no cumple un papel supletorio o subsidiario; no puede operar si hay otras rutas procesales idóneas para atacar la lesión o amenaza, implicando que para declarar su procedencia, es requisito esencial, que del análisis lógico jurídico que efectúa el juzgador de los puntos expuestos y de la materia sometida a análisis, fluya con nitidez meridiana la existencia de elementos probatorios suficientes que permitan adquirir certeza positiva respecto de la ocurrencia de la violación o amenaza de derechos constitucionales consagrados, para de ese modo disponer la reposición de las cosas al estado anterior.
(…)
En ese contexto, la jurisprudencia establecida en la SC 0484/2010-R de 5 de julio, entre otras establece que: ‘“la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia, así se ha establecido en la SC 0374/2002-R de 2 de abril, que determina: «'…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro el proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que, donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional»’” (SCP 0001/2014-S2 de 1 de octubre citando a la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre) (las negrillas son nuestras).
II.4. El Procedimiento Abreviado y los medios de impugnación previstos por el Código de Procedimiento Penal.
Sobre este particular, este Tribunal Constitucional Plurinacional en su amplia jurisprudencia, entre otras en la SCP 0626/2018-S2 de 8 de octubre, efectuó el siguiente razonamiento: “…pronunciada la sentencia dentro de un procedimiento abreviado, en observancia de los arts. 407 y 408 del CPP y dentro del plazo de quince días de notificada, corresponde, ya sea al Ministerio Público, al imputado o la víctima, interponer por escrito el recurso de apelación restringida, por inobservancia o errónea aplicación de la ley, al constituir un defecto del procedimiento inconvalidable; citando concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente observadas; y expresando, cómo se pretende sean aplicadas, siendo admisible, si el interesado hubiere solicitado su saneamiento, presentado el recurso oportunamente, dentro de plazo.
(…)
De lo referido, se tiene que aun en los casos de renuncia a la apelación prevista contra una resolución pronunciada dentro de un procedimiento abreviado, es posible presentar un recurso de apelación restringida, cuando se advierta la inobservancia o errónea aplicación de la ley, al constituir defectos absolutos tanto en el procedimiento, como en la sentencia, que no son susceptibles de convalidación y permiten plantear un recurso de apelación restringida, cuya admisibilidad y resolución, corresponderá como se dejó establecido al tribunal de alzada” (las negrillas son nuestras).
II.5. Análisis del caso concreto
Por Resolución 35/2025 de 14 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, cursante de fs. 107 a 109, declaró la improcedencia de esta acción de defensa, señalando que el accionante fue notificado en audiencia con la Sentencia 38/2024 de 15 de noviembre, y de la lectura de la misma, se advierte que renunció al recurso de apelación que la ley penal le franquea; por consiguiente, no agotó las vías jurisdiccionales ordinarias, adecuándose a la sub regla 1.a) de improcedencia por subsidiariedad, establecida en la SCP 1035/2010-R, citando a la SC 1337/2003-R.
De acuerdo al memorial de la demanda, así como los antecedentes adjuntos a la misma, el peticionante de tutela interpone la presente acción de defensa pidiendo dejar sin efecto la Sentencia 38/2024, emitida en procedimiento abreviado en su contra por la Jueza cautelar hoy demandada (fs. 29 vta. a 30), ante ello, considerando lesionados sus derechos, acudió a la vía constitucional pidiendo se deje sin efecto dicha sentencia, así como la Resolución de imputación que pesan en su contra.
Ahora bien, siendo uno de los principios que rige la acción de amparo constitucional la subsidiariedad, en virtud al mismo, corresponderá al solicitante de tutela, agotar todas las instancias de impugnación intra procesal previo a acudir a la activación de este mecanismo de defensa constitucional.
En ese contexto, de la documentación adjunta y del contenido de la Sentencia 38/2024 impugnada a través de esta acción tutelar, se advierte que el impetrante de tutela renunció al recurso de apelación incidental en audiencia (fs. 30), y de forma posterior formuló incidente de actividad procesal defectuosa (fs. 51 a 64 vta.), pidiendo se anule la prenombrada Sentencia condenatoria y se ordene la prosecución del proceso penal, y por decreto de 29 de noviembre de 2024, se señaló audiencia de fundamentación del incidente para el 2 de diciembre de igual año, a horas 11:30 (fs. 65); que según menciona fue rechazado in limine. Posteriormente, acudió directamente a formular la presente acción de defensa, pidiendo se deje sin efecto la aludida Sentencia 38/2024, dictada en el procedimiento abreviado al que fue sometido; sin agotar la vía ordinaria ni considerar que la acción de amparo constitucional no cumple un papel supletorio o subsidiario, vale decir, no opera cuando hay otras rutas procesales idóneas para atacar la lesión o amenaza; como en el presente caso, que no obstante haber renunciado a la apelación prevista contra la Sentencia 38/2024 dictada en el procedimiento abreviado, pudo activar el recurso de apelación restringida, conforme a los razonamientos expresados en el Fundamento Jurídico II.4 del presente Auto Constitucional, evidenciándose que incumplió con el principio de subsidiariedad.
En tal sentido, la presente acción recae en la causal de improcedencia prevista por el art. 53.3 del CPCo, aspecto que imposibilita su admisión.
En consecuencia, la mencionada Sala Constitucional, al declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional, obró correctamente.
POR TANTO
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a
lo establecido por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional; en
revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2025 de 14 de mayo, cursante de fs. 107 a 109, pronunciada por la Sala
Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
COMISIÓN DE ADMISIÓN
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA PRESIDENTA
René Yván Espada Navía Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADO MAGISTRADA