SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0083/202

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2020, cursantes de fs. 8 a 18, los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hechos y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 3 de agosto de 2020, el Tribunal Supremo Electoral, en uso de sus atribuciones previstas en los arts. 12.I, 205.II, 206.I y 208.II de la Constitución Política del Estado (CPE) emitió la Resolución TSE-RSP-ADM 193/2020, estableciendo un nuevo calendario electoral, fijando como fecha para la realización de las elecciones generales el 18 de octubre del mismo año, determinación por cual iniciaron el bloqueo de calles, avenidas, carreteras y caminos por partidarios del MAS-IPSP, movimientos sociales, corporaciones, sindicatos y otros afines, ejerciéndose inclusive agresiones a los transeúntes, los que son de conocimiento público y son informados por los medios de comunicación y redes sociales; además, alegan además, que el 4 de agosto de 2020 se dinamitó un cerro en la carretera Oruro-Cochabamba que evito el paso de la población, así como el incendio provocado en la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba a la altura de Samaipata, y el impedimento de salida de la fábrica de oxigeno que ocasionó la muerte de varios enfermos con Coronavirus (COVID-19).

Los actos ilegales suscritos no son actos que encajan dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni del derecho a la protesta, debido a que lo que exigen es un acto electoral, y si bien ello se encuentra vinculado al derecho a elegir y ser elegido, el Tribunal Supremo Electoral por mandato del art. 12.I, 206 y 208 de la CPE, postergó las elecciones por el COVID-19, situación que fue comprendida por el resto de los partidos y alianzas políticos, “no así los candidatos, líderes y militantes del MAS, por lo que han procedido a las medidas de hecho en contra de los derechos a la seguridad alimentaria, salubridad pública, a la vida, a la integridad física y psicológica, de forma homogénea y masiva”(sic).

Además Luis Alberto Arce Catacora, David Choquehuanca Céspedes y Juan Evo Morales Ayma, candidatos del MAS-IPSP refirieron que las elecciones generales no deben ser postergadas más allá del 6 de septiembre de 2020, y expresaron su desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo Electoral que determinó la realización de las elecciones para el 18 de octubre del citado año, ante ello la militancia partidaria desde el 3 de agosto del 2020, tomó medidas de hecho, atentatorias de los derechos a la seguridad alimentaria, a la salubridad pública, a la vida, a la integridad física y mental; amenazas crueles, degradantes y humillantes a la población, profiriendo torturas y trato cruel a personal médico y a toda persona que circula por las carreteras, sin que los ahora demandados expliquen a su militancia y organizaciones sociales que dichos actos vulneran derechos fundamentales de la población, ya que con ello cesarían dichas vulneraciones, y al no hacerlo incurren en una omisión en los actos ilegales; por su parte Mónica Eva Copa Murga, “en calidad de Presidenta del Senado y de la Asamblea Legislativa Plurinacional”(sic) omite pedir y disponer que su militancia no recurra a los bloqueos, presionando al Tribunal Supremo Electoral que mantenga el 6 de septiembre de 2020 para la realización de las elecciones generales, con lo cual por omisión lesiona los derechos denunciados; Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, por omitir que los Fiscales en compañía de efectivos policiales, se presenten en el lugar de los bloqueos y despejen las rutas, e inicien las acciones legales que corresponden en contra de los partidarios del MAS-IPSP, que obstruyen el paso de alimentos, medicinas, enfermos, personal médico y personas gravemente enfermas, lo que implica lesion de los derechos a la seguridad alimentaria, a la salubridad pública, a la vida y a la integridad física y mental; Jeanine Añez Chávez, como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, no ordena mediante el Ministro de Defensa al Comandante de las Fuerzas Armadas, constituirse con los efectivos militares a los lugares de bloqueo y procedan a despejar las carreteras, a fin de hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las Leyes, como dispone el art. 172.1 de la CPE; asimismo, el art. 13 de la Norma Suprema establece que los derechos fundamentales son inviolables y el Estado debe garantizar los derechos a la seguridad alimentaria, a la salubridad pública, a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a no ser tratado de forma cruel y degradante, pues garantizar estos derechos es una función esencial como servidora pública del Órgano Legislativo y del Estado Plurinacional; Rodolfo Antonio Montero Torricos, Comandante General de la Policía Boliviana, por no cumplir con lo dispuesto en el art. 251 de la CPE, y desplazar a los efectivos policiales a los lugares del conflicto para despejar las rutas y aprehender en flagrancia a las personas que están lesionando de forma flagrante los derechos a la alimentación, a la salubridad pública, a la salud, a la vida, a la integridad física y mental; Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, por omitir constituirse a cada uno de los lugares donde están ocurriendo las lesiones a derechos fundamentales y despejen las carreteras, a fin de hacer respetar la Constitución, conforme lo dispone el         art. 244 de la Norma Suprema, y el no hacerlo consiente la vulneración mencionada, porque se impide la circulación de suministros médicos, oxigeno, ocasionando muertes de las personas contagiadas; y, Juan Carlos Huarachi Quispe, Secretario Ejecutivo de la COB, por ser uno de los líderes de los movimientos sociales, que lesiona los derechos fundamentales difusos a la seguridad alimentaria, a la salubridad pública, y a los derechos individuales a la vida, a la salud, a la integridad física y mental.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de los derechos a la seguridad alimentaria; a la salubridad pública; a no ser torturado o tratado de forma cruel, inhumana, degradante o humillante; a la vida; y, a la integridad física y psicológica; citando al efecto los arts. 15, 16.II, 18 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y se ordene “a cada uno de los accionados, cumplan con sus funciones hasta despejar las vías carreteras y toda clase de vía de circulación terrestre, a fin de restituir los derechos suprimidos y lesionados” (sic).

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción popular

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 112/20 de 12 agosto de 2020, cursante de fs. 19 a 25 vta., declaró improcedente la presente acción popular; consecuentemente, los accionantes por memorial presentado el 18 del citado mes y año (fs. 96 a 98), impugnaron dicha determinación.

I.2.2. Admisión de acción popular

Mediante AC 0133/2020-RCA de 16 de octubre, cursante de fs. 104 a 106, la Comisión de Admisión de este Tribunal, en virtud a lo establecido por el art. 10.I.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); resolvió: DEVOLVER la presente acción popular a la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, para que proceda conforme a derecho, de acuerdo al procedimiento estipulado por el Código Procesal Constitucional; con la aclaración que la Comisión de Admisión de este Tribunal, únicamente hizo referencia a cuestiones procesales.

Celebrada la audiencia pública el 7 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 129 a 134 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación de la acción

Los accionantes ratificaron inextenso el contenido de su memorial de acción popular.

I.3.2. Informe de los demandados

Jeanine Añez Chávez, ex Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia; Mónica Eva Copa Murga, ex Presidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional; Sergio Carlos Orellana Centellas, ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia; Rodolfo Antonio Montero Torricos,            ex Comandante General de la Policía Boliviana; Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado; Juan Carlos Huarachi Quispe, Secretario Ejecutivo de la COB; Luis Alberto Arce Catacora, David Choquehuanca Céspedes, ex candidatos presidenciales del MAS-IPSP; y, Juan Evo Morales Ayma, ex candidato a Senador del mismo partido político, no elevaron informe, ni concurrieron a la audiencia pese a su legal notificación por edictos, publicados el 17, 27, 29 de septiembre y 6 de octubre de 2021, cursantes de fs. 114 a 115, 122 y 124.

I.3.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda de departamento de Santa Cruz, por Resolución 01/21 de “4” de octubre de 2021 –lo correcto es 7–, cursante de fs. 131 vta. a 134 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El        AC 0133/2020-RCA de 16 de octubre y de la verificación de la acción popular, es de aplaudir la actitud profesional del abogado de la parte accionante, quien de forma expresó en pasado perfecto, los hechos por los cuales se activó esta acción tutelar, a la fecha no concurren; y, b) La amenaza o vulneración de los derechos o intereses colectivos protegidos por esta acción popular, a la fecha de conocimiento de la misma no subsisten.

Mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2021, cursante de fs. 135 a 137, los accionantes solicitaron complementación de la Resolución 01/21 de los siguientes puntos: 1) En que se basaron para negar las medidas cautelares oportunamente; 2) Si denegar una acción popular materializa la justicia constitucional, con el argumento de que no existe relevancia ni objeto cuando las violaciones se consumaron y fueron con pérdida de vidas humanas; y, 3) Si consumados los actos violatorios no correspondía la reparación civil y remisión de obrados a la vía penal.

La Sala Constitucional, mediante Resolución 321/2021 de 8 de octubre, cursante de fs. 138, declaró no ha lugar a dicha petición, bajo el fundamento de que la Resolución 01/21 es clara, precisa y concreta en contenido, tanto en la fundamentación jurídica al señalar y puntualizar los fundamentos jurídicos en que se funda y sustenta en derecho, así como también en el análisis del caso concreto y el decisum”.

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Mediante impresión del Número de Registro Judicial (NUREJ): 70289926, consta la presentación de la acción popular, asignada ante la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, con fecha de recepción 10 de agosto de 2020, en el que figuran Juan Carlos Díaz Villarroel, Carla Stephanie Díaz Villarroel y German Olmos como accionantes; y, Juan Evo Morales Ayma, Luis Alberto Arce Catacora, David Choquehuanca Céspedes y Juan Carlos Huarachi Quispe como demandados (fs.1).

II.2. Cursan notas de prensa “EL DEBER” de las ediciones de 5 y 6 de agosto de 2020, bajo el siguiente contenido: “La fecha de las elecciones generales detonó los bloqueos de carreteras” (sic); 7 al 11 de similar mes y año, con el rótulo “Bloqueadores anuncian que su medida puede durar hasta la elección” (sic); y, 12 y 13 del citado mes y año, bajo el epígrafe: “DEBIDO A LOS BLOQUEOS, hay pérdidas de $us 10 millones diarios y más de 30 decesos por falta de oxígeno” (sic [fs. 32 a 33; 30 a 31; 27 a 29]).

II.3.  Por fotocopias de prensa “EL DEBER” edición del 12 de agosto de 2020, se tiene el siguiente contenido: “Campesinos se repliegan a El Alto y maestros rurales convocan a sus bases (…) Movilización muestra fisuras y campesinos no levantaran el bloqueo” (sic). Impresión de Comunicado de 11 del mismo mes y año, de la Caja Petrolera de Salud, bajo el siguiente tenor: “A TODA NUESTRA POBLACION ASEGURADA, LAMENTAMOS COMUNICAR QUE A PESAR REALIZADO LAS GESTIONES POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES NO PUDIMOS ABASTECERNOS DE OXIGENO PARA NUESTRO HOSPITAL, POR LO CUAL LAMENTAMOS QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO NO PODREMOS PROPORCIONAR ESTE MEDICAMENTO VITAL A NUESTROS PACIENTES INTERNADOS, LO CUAL CONLLEVARA A UN FINAL LAMENTABLE”(sic). Edición de Comunicado Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de 11 del citado mes y año, bajo el siguiente rotulo: “CORTE DE GAS A DOMICILIO EN VILLAZON, CHALLAPATA Y HUARI (…) a partir de este miércoles 12 de agosto del año en curso se suspende el suministro de gas natural debido que los cisternas que transportan gas licuado de petróleo (GLP) no podrán llegar a las Estaciones de Satelitales de Regasificación (ERS) para la distribución del energético, debido a los bloqueos que se registran en las carreteras de diferentes puntos del país”(sic). Fotografías de imágenes de CNN referidas a los bloqueos en Bolivia. Impresiones de Página Siete sin consignar fecha, referidas al bloqueo de cisternas que transportan oxigeno. CIRCULAR F.S.T.M.B. 10/2020 de 10 de agosto, que dispone: “(…) A LOS SINDICATOS DEL PAÍS, PARA MASIFICAR EL BLOQUEO NACIONAL DE CAMINOS, POR LO TANTO. LOS SINDICATOS DEBEN CONCENTRARSE EN LA CIUDAD DE EL ALTO (…) EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A HORAS 8 y 30 a.m. EN VENTILLA” (sic [fs. 34 a 35; 39; 44; 45 a 48; 49, 50, 52 a 63; y, 64]).