SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2022-s3

La peticionante de tutela, denuncia la lesión de su derecho a la petición -vinculado a sus derechos al debido proceso y a la defensa-; debido a que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y otros-, mediante memorial de 15 de marzo
de 2021, solicitó a la Fiscal de Materia accionada, informe sobre la existencia del perjuicio ocasionado con la presunta comisión de los delitos que le fueron endilgados sin prueba alguna, petición que fue reiterada el 22 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no recibió ninguna respuesta sea positiva o negativa.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El derecho de petición y la pretensión contenida en una acción ordinaria. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, recogiendo el lineamiento jurisprudencial contenido en la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, estableció que: «“Un elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla.

En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso- forma parte de la pretensión pero no toda petición involucra una impugnación. Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a
la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación
del peticionario’.

Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso”.

Entendimiento que si bien fue establecida para casos inmersos en procedimiento administrativo; sin embargo, por sus implicancias resulta plenamente aplicable en todo proceso contencioso, es decir, dentro una causa donde se constituyan partes procesales en controversia, donde una es la parte actora que tiene una pretensión y otra que se oponga a ella, debiendo las mismas ser sustanciadas en el marco de una norma adjetiva y resueltas en observancia del debido proceso, en ese entender será la norma procesal la encargada de regular los plazos, etapas e instancias procesales, al que las partes, coadyuvantes y otros sujetos procesales se encuentran sometidas, en razón a que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que, toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales» (las negrillas son nuestras [lineamiento seguido, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0849/2021-S3 de 3 de noviembre, 0570/2021-S3 de 6 de septiembre, 0966/2021-S3 de 24 de noviembre, 0975/2021-S4 de 6 de diciembre
y 1034/2021-S3 de 7 de diciembre  ]).

III.2. Análisis del caso concreto

Conforme se tiene referido ut supra, la accionante alega que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y otros-, mediante memorial
de 15 de marzo de 2021, solicitó a Abigail Vanessa Padilla Zambrana, Fiscal de Materia -ahora accionada-, informe sobre la existencia del perjuicio ocasionado con la presunta comisión de los delitos que le fueron endilgados sin prueba alguna, petición reiterada el 22 de igual mes y año; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no recibió ninguna respuesta sea positiva o negativa.

Precisado el objeto procesal de esta acción tutelar, de la compulsa de los antecedentes aparejados al expediente constitucional, se advierte que contra la impetrante de tutela se tramita un proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rodney Pérez Choque por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material y otros; dentro de ese contexto fáctico procesal, se advierte la existencia de un requerimiento fiscal dirigido al Director del
FPS de Tarija, requiriendo, entre otros, informe y/o certifique, si existe daño cuantificable (económico), resultado del accionar de la peticionante de tutela (Conclusión II.1); asimismo, se tiene que evidentemente mediante memorial de 15 de marzo de 2021, la accionante solicitó a la Fiscal de Materia accionada, requiera a la parte denunciante informe sobre el daño o perjuicio cuantificable, sea bajo conminatoria por el detrimento psicológico que se le está ocasionando con la persecución penal en su contra, con el riesgo que la misma continúe a pesar de la inexistencia de los elementos constitutivos de los tipos penales, por los que es investigada; petición que la reiteró mediante escrito de 22 de igual mes y año (Conclusión II.2), denunciando a través
de esta acción tutelar que tales planteamientos no merecieron respuesta alguna; por lo que, la autoridad Fiscal accionada habría transgredido su derecho a la petición consagrado en el art. 24 de la CPE.

A partir de los referidos antecedentes relacionados con el reclamo constitucional objeto de esta acción de defensa, resulta necesario remitirse al lineamiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que toda denuncia de vulneración al derecho de petición en el marco de un proceso ordinario o administrativo, vinculado al objeto del proceso principal, no puede ser dilucidada y resuelta en el contexto de las implicancias de ese derecho de manera pura y llana, ya que la petición realizada corresponde que sea resuelta en función a las normas y procedimientos que rigen el proceso ordinario, ello en razón que el derecho fundamental de petición es autónomo stricto sensu, no siendo posible vincularlo a otros derechos para obtener el cumplimiento de una pretensión realizada dentro de un despliegue procedimental o de recurso.

Así, en el caso concreto, la impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho constitucional a la petición, dentro del proceso penal en el cual es parte procesal, reclamando falta de respuesta de la autoridad Fiscal accionada como directora funcional de la investigación, a sus solicitudes de requerimientos en el marco de las diligencias investigativas de la etapa preparatoria; empero, tales reclamaciones, en aplicación del lineamiento jurisprudencial invocado, deben ser dilucidadas dentro de dicha causa penal, aplicando las normas y procedimientos conforme el Código adjetivo de la materia, que establece una estructura en el andamiaje de la persecución penal y mecanismos de control para la vigencia del debido proceso, tanto de los actos investigativos como de las actuaciones procesales judiciales y/o el despliegue suscitado en el mismo por las partes, y de ninguna manera de forma independiente mediante el derecho de petición, que como se
tiene referido precedentemente, tiene una naturaleza autónoma y no puede vincularse con procesos administrativos y ordinarios tal como pretende la peticionante de tutela, consecuentemente la pretensión de la prenombrada no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, ya que al devenir de un procedimiento ordinario, se encuentra constreñida a la observancia de las reglas establecidas por el Código de la materia, que dispone un trámite propio, así como plazos y etapas procesales claramente definidas.

Por los motivos expuestos, en atención de la jurisprudencia constitucional citada, lo denunciado por la accionante no puede ser analizado ni tutelado mediante el derecho de petición -se reitera-, por ser un derecho autónomo que es resguardado de forma directa mediante esta acción de defensa cuando se advierte su lesión y no así deviniente de un proceso ordinario en curso, y por ende sometida al debido proceso; de ahí que corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática que motivó la presentación de esta acción tutelar.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró correctamente.